¿Cómo cambió la sociedad de Culiacán después de 17 de octubre?

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Las paredes ya están resanadas, sobre las calles no restaba más que el polvo, en los restaurantes los comensales listos, el City Club lleno y en los noticieros hablan de cualquier otra cosa, menos de que ahí sigue la amenaza, el dolor y la angustia. Es latente.

Los corresponsales de los principales diarios y programas de televisión del mundo vinieron a buscar la exclusiva: ¿por qué liberaron a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, el narcotraficante mexicano más famoso, del llamado ‘Cártel de Sinaloa’?

La mayoría llegó tarde. Para el 19 de octubre, dos días después del evento criminal más impactante en la historia de Sinaloa, eso ya no tenía mayor atención.

*Este artículo hace parte del proyecto denominado “Culiacán, interpretaciones sobra la violencia y la memoria”, el cual examina la ciudad de Culiacán un año después de que Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, fuera detenido por las fuerzas de seguridad, para ser liberado poco después tras la paralización de la ciudad por parte de hombres armados del Cartel de Sinaloa. El proyecto se adelantó en conjunto entre el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, el Programa Noria para México y América Central, y la Revista Espejo. Ha sido editado para efectos de claridad y no representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

-¿Por qué nadie quiere hablar de esto? – se preguntaba Íñigo Herráiz, Periodista de Televisión Española enviado a documentar la historia del llamado “Culiacanazo”, dicho así por analistas de seguridad nacional en programas de televisión y radio que radican fuera de Sinaloa.

Frente a sus cámaras posaron una decena de funcionarios, hablándole de estar trabajando para evitar otro ataque similar, dispuestos a reaccionar si era necesario.

Mientras sucedía eso, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se reunía con empresarios, políticos, rectores y directores de universidades, organizaciones de la sociedad civil y dueños de medios de comunicación con un solo objetivo, tratar de cambiar la conversación sobre Sinaloa.

Lo logró.

“Después de ese día dijimos ‘ah, cabrón, quiénes son los buenos y quiénes son los malos’”, señala el activista Dante Aguilera, “y sí siento que duró 15 días, un mes, quizás un poco más, incluso la gente que sigue este tipo de movimientos siento que se sintieron agredidos, pero olvidamos rápido, por desgracia”.

“Fue, incluso, el discurso del gobierno, que habló hasta con medios para tener un tipo de negación colectiva, de decir que ya pasó y que hay que seguir para adelante”.

“Empecé a ver un montón de gente muerta”

Cuando se medio calmó eran como las cinco y las personas dueñas del local nos decían que ya nos teníamos que ir, porque si llegaba más gente y nos agarraba la noche iba a ser más complejo.

La gente se quiso salir y caminaron hacia el City Club, pero se dieron cuenta que había un cerco de militares y los mismos militares le empezaron a apuntar a la gente. Les decían, ‘por aquí no se pueden ir, regrésense’.

Yo nada más escuchaba, porque yo no me quería salir del baño, ahí estaba. Hubo unos que decían que ya se habían querido pasar por el estadio, pero que ahí estaban los otros, los malos.

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No nos podíamos ir por un lado ni por el otro.

Los señores ya querían cerrar el negocio, porque ellos a fuerza se querían ir hasta que llegó otra persona y dijo que estaban dejando ir por el estadio, entonces yo le hablo a mi esposo y le digo que eso iba a hacer, no me podía quedar.

Era un gentío caminando, corriendo. Empecé a ver un montón de gente muerta, que acaban de abrir las puertas de sus carros y estaban ahí tirados… gente que sin deberla ni temerla había quedado ahí su vida.

Me sentía como en un videojuego…
-Mitzy, mujer que quedó en medio de disparos entre grupos criminales y militares en el sector Tres Ríos, a dos cuadras de la casa de Ovidio Guzmán López, donde fue detenido.

Las autoridades locales y federales sostienen que ese día hubo 15 personas que murieron por los disparos, entre ellos tres víctimas inocentes en la colonia Tres Ríos, la Zona Cero del 17 de octubre de 2019.

Sin embargo, hay testigos que narran que las personas muertas podían contarse por decenas.

Ese día también ocurrieron robos de vehículos. Según las autoridades fueron más de 50. De esos, al menos 20 fueron incendiados en distintos puntos de la Ciudad para bloquear calles y carreteras.

Hubo destrozos en fachadas de comercios, casas y mobiliario público, pero casi todo quedó reparado en menos de tres días.

El Estilo de la Nueva Generación

En celulares, computadoras y noticieros circularon decenas de videos. Se veía a mujeres rezando, hombres pidiendo a sus hijos tirarse al piso, policías cargando a personas para resguardarlas y hombres armados sobre camionetas con más armas.

La demostración de poder, de control del territorio físico y social quedó clara ante una sociedad expectante.

“Yo creo que la sociedad civil y el gobierno local quedaron sumidos en una gran sorpresa ante los eventos que estaban pasando. Nunca nos imaginamos que lo fueran a hacer con esa dosis de terror contra la sociedad”, sostiene Tomás Guevara Martínez, Doctor en Ciencias Sociales y miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La dosis de realidad abrió un nuevo panorama sobre los grupos criminales en el Estado. Se dejó de considerar al Cártel de Sinaloa como el ente salvador o protector, agrega Guevara Martínez.

“Estoy seguro que la mayoría de los sinaloenses, conocedores de la situación de la Entidad, seguramente pensaban, ‘eso no va a pasar nunca en Sinaloa’ de incendiar y cerrar las salidas y entradas a la ciudad, de balacear casas como sucede ahora en otros estados”, dice.

Lo que sucedió el 17 de octubre de 2019 fue un parteaguas respecto al discurso oficial y el idilio social a razón de la imagen construida por los mismos integrantes del llamado “Cártel de Sinaloa”.

“La relación amorosa que había entre la sociedad civil y el Cártel se resquebrajó, no se rompió, pero se cuarteó fuertemente. Creo que buena parte de la sociedad civil se fue por la vía de que a este grupo ya no lo necesitamos en Sinaloa”, menciona el sociólogo, pero también llama a ser analítico del contexto actual.

Para el Investigador miembro del Observatorio de la Violencia en Sinaloa, hay una razón histórica para comprender el comportamiento visto ese día para tratar de liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Esta, explica, se debe entender en un cambio generacional, donde los antiguos criminales crearon una imagen de ser seres bondadosos, protectores de su territorio, mientras que los nuevos capos son hijos o nietos a cargo del negocio heredado.

“Ellos crecieron con los lujos”, señala Guevara Martínez y luego se remonta a distintos eventos, como la boda de una de las hijas de Guzmán Loera, cuando apenas habían pasado cuatro meses del evento que paralizó Culiacán.

Para las nupcias se mandó cerrar la Catedral de Culiacán y se armó un operativo de protección privada hasta el salón de fiestas de un fraccionamiento de lujo al oriente de Culiacán, donde asistieron artistas contratados para hacer actuaciones en vivo.

Esos comportamientos fueron la clave para una reflexión de ciudadanos, que primero vieron el horror y luego la ostentación sin remordimientos. Esto pasó, sobre todo, con mujeres y hombres jóvenes.

“La posición del joven cambió, que el joven se reconoció como víctima, se reconoció como una persona vulnerable y se asumía como un objeto de cambio, se asumía como una persona que en cualquier momento podía perder su vida por un acontecimiento que estaba fuera de su alcance”, señala César Burgos Dávila, Doctor en Psicología Social.

Sin embargo, esa reflexión fue afectada y no por los grupos criminales, sino desde las autoridades.

“Yo recuerdo mucho que cuando pasó lo del 17 de octubre que a los días siguientes había una insistencia y un discurso político en diferentes niveles de que las cosas ya habían pasado, de que teníamos que volver a la normalidad; incluso decían que, no recuerdo si fue Quirino, que decía que él ya había ido a Costco y esos hechos violentos ya se les había olvidado a las personas y que ya Culiacán era muy seguro porque habían llegado no sé cuántos elementos del Ejército y de la Guardia Nacional”, menciona el investigador de tiempo completo para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Prácticamente el discurso político era que ya había que olvidar y nos invitaba a que nos convenciéramos de que el estado de Sinaloa era un estado resiliente y ‘echado para adelante”’.

Los hombres, mujeres, niñas y personas adultas mayores que estuvieron en medio de toda esa vorágine de violencia quedaron con miedo, nadie se les acercó para acompañarlas, sólo para pedirles que estuvieran “echadas para adelante”.

“El problema es que parece que hubiera dos frentes: uno, entre las mismas células delictivas, y el otro, un supuesto combate entre las corporaciones gubernamentales contra ellos. Sin embargo, en el escenario A o en el B, siempre hay población civil que es víctima de esos acontecimientos”, dice Burgos Dávila.

“Muchas se fueron de aquí”

Fue algo sorprendente porque no nos esperábamos los disparos, ya llevamos bastante tiempo acá y nunca había pasado eso. No estábamos preparadas para esto, estábamos solas.

Sí hubo un temor, un miedo para todas. Nos encerramos inmediatamente. Yo me fui a la cocina porque era un lugar más seguro, aunque pasaba por nuestra mente que si qué era lo que sucedía.

Hubo departamentos a los que entraron porque buscaban a militares y nos dio miedo y dispararon a los carros- La familia, los hijos, todos estábamos temerosos.

Eso tardó mucho tiempo… bueno, sentíamos nosotros que tardó como mucho tiempo, como una hora. Cuando ya se calmó todo fui a ver qué pasaba.

Gracias a Dios que no hubo muertes, pero sí un temor, muchas pidieron cambio, se fueron de aquí con el temor en sus corazones de todo lo que estaba sucediendo.
-Candelaria, habitante del complejo habitacional militar 21 de marzo.

De acuerdo con el relato de las autoridades federales, los grupos criminales que buscaron la liberación de Ovidio Guzmán López realizaron distintas amenazas, entre ellas, las de atacar a las familias de los elementos militares en el complejo habitacional 21 de marzo, en Culiacán.

La advertencia era tal que se mencionó el uso de lanzagranadas y posible incendio con pipas de gasolina alrededor de los edificios de departamentos.

Al menos 80 familias de militares se desplazaron hacia otros centros habitacionales o fuera del Estado por el temor a que vuelva a suceder un acto similar.

¿Olvido o resiliencia?

La única verdad aceptada por todos en el país es la reconocida por Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en México: el operativo para capturar a Ovidio Guzmán López fue un acto fallido. No más.

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Los grupos criminales que actuaron para esa liberación conocían el territorio local, una ventaja ante las autoridades que, aferradas a su visión, no supieron cómo actuar, de acuerdo con el sociólogo y ensayista sinaloense Ronaldo González Valdés.

“Hay como ‘terra incógnita’ o una zona ciega, no para este gobierno federal en particular sino en general para todos los niveles de gobierno, lo local aparece como una dimensión desconocida en la que se transita a tientas o que simplemente es omitida de toda consideración, no solo de la política pública que se traduce como el operativo que se desplegó ese día”, dice y luego presenta un ejemplo:

“También eso se echa de ver en la manera en que trabajan, difunden, muchos medios de comunicación. Por ejemplo, quien viene a Culiacán de la prensa nacional o de otras partes del mundo es un poco esa idea estereotipada y morbosa de ir con Malverde o ir a los panteones”.

Todo eso obedece a una razón, sostiene González Valdés, a que las políticas públicas sobre seguridad pública toman poco en cuenta lo local, sus conflictos sociales, pese a que a partir de lo local se puede trabajar en la constitución de nuevos tejidos comunitarios.

“Eso que ocurre para cualquier política pública es particularmente importante, y sobre todo, para la seguridad”, dice.

Pero ese tipo de tratos hacia lo local no solo ocurre desde las autoridades. Para González Valdés hay un estereotipo fácil de observar desde quienes no nacieron en Sinaloa, que se basa en la construcción de la violencia y el autoritarismo criminal como actos comunes, reflejado en series de televisión, crónicas periodísticas y novelas de autores que encontraron en esto un negocio redituable.

La violencia vivida el 17 de octubre de 2019, aunque fue inédita en su presentación desde la organización criminal “Cártel de Sinaloa” hacia los sinaloenses, tiene un contexto histórico poco analizado fuera de la academia, que ahora tiene también otro matiz a analizar.

“Creo que la sociedad culiacanense, culichi, cambió pero el cambio no puede ser tan drástico por un evento de ese tipo”, afirma.

El sociólogo establece que en términos de la psicología social se puede medir en tres momentos ese cambio.

El primero es el trauma inmediato, pero del que sobrepuso un grupo de actores sociales, quienes expresaron una necesidad de cambio.

“Hubo una reacción inmediata interesante, constructiva, que tiene que ver con una resiliencia que los culiacanenses desconocíamos acerca de nuestra propia personalidad colectiva”, recuerda González Valdés para referirse al colectivo denominado “Culiacán Valiente”.

“La gran marcha que se convocó poco después para mostrar su decisión de seguir adelante, de mostrar su inconformidad que también tuvo que ver con una decisión pública que se tomó y que se tradujo en ese operativo que nos puso en riesgo”.

En un segundo momento, prosigue el ensayista sinaloense, está la afectación de la psique colectiva, traducida en reacciones que todos hemos vivido o experimentado.

“Por ejemplo, yo recuerdo que en diciembre nos estábamos disponiendo a iniciar la segunda sesión de un seminario y después de regresar de mi trabajo, me topo con que las calles estaban vacías; entonces empiezo a revisar las redes sociales y veo mensajes de supuestos enfrentamientos entre dos grupos. Las escuelas fueron las primeras en vaciarse ese día. Fíjate, estamos hablando de más de un mes del 17 de octubre y eso se seguía representando”, señala.

Ese evento que refiere ocurrió el 3 de diciembre de 2019, apenas un mes y medio después de la captura y liberación de Guzmán López.

En redes sociales se distribuyeron videos y audios narrando una amenaza similar a la del 17 de octubre. De inmediato causó horror, de tal forma que se suspendieron trabajos y clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El caos volvía y las policías marchaban en caravanas de camionetas hacia la zona norte de la ciudad, donde se advertía de una movilización de hombres armados sobre camionetas.

Más tarde la Secretaría de Seguridad Pública catalogó eso como una denuncia en falso, pero suficiente para mostrar la psicosis colectiva.

“Habla de una situación de psicosis que queda ahí cristalizada, como un caracol en la personalidad interna de cada uno de nosotros a partir de esa experiencia tan traumática,” asegura.

La tercera reacción social analizada por el sociólogo se basa en el discurso oficial.

“El discurso de ‘aquí no ha pasado nada’ desde el día siguiente del acontecimiento. Uno lo entiende perfectamente, pero tampoco desde el ámbito de lo público se puede decir borrón y cuenta nueva. Esas son cosas que sucedieron una vez y si sigue actuándose de la misma manera puede volver a suceder”.

Y es que eso pudo observarse a partir del 18 de octubre, cuando las calles comenzaron a limpiarse, los cuerpos que habían quedado sobre estas estaban siendo recogidos por las autoridades y las fachadas de casas y negocios en el sector Tres Ríos estaban siendo reparadas.

No pasó mucho tiempo para que la narrativa oficial fuera distinta, en las universidades no fue tema de discusión, lo mismo en la Cámara de Diputados o los medios de comunicación locales. Obedecían, pues, al llamado de hablar bien de Sinaloa, a apostar por la negación y tratar de olvidar el dolor de esa herida que no cerró.

*Este artículo hace parte del proyecto denominado “Culiacán, interpretaciones sobra la violencia y la memoria”, el cual examina la ciudad de Culiacán un año después de que Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, fuera detenido por las fuerzas de seguridad, para ser liberado poco después tras la paralización de la ciudad por parte de hombres armados del Cartel de Sinaloa. El proyecto se adelantó en conjunto entre el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, el Programa Noria para México y América Central, y la Revista Espejo. Ha sido editado para efectos de claridad y no representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

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