¿Cómo combatirá el crimen organizado el próximo presidente de Colombia?

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Las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 27 de mayo, se celebran en un momento crítico en la historia del país. El proceso de paz con las FARC está en marcha pero las nuevas dinámicas criminales están presentando nuevos desafíos y a pesar de que todos los candidatos tienen propuestas para combatir al crimen organizado, su viabilidad está en duda.

InSight Crime analizó las propuestas de los cinco principales aspirantes a la presidencia de Colombia en relación con el narcotráfico, los grupos criminales, la situación de seguridad y justicia, los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la minería ilegal.

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El tema de las drogas ilegales fue el más controversial entre los candidatos que propusieron ideas muy variadas. Algunos dijeron que se retirarían de la mesa de negociación con el ELN y todos menos uno dijeron que continuarían con el actual proceso de paz con las FARC. Algunas de las propuestas de los candidatos son riesgosas y pueden fallar si no son suavizadas o implementadas correctamente, mientras que otras pueden ser exitosas en el largo plazo si son aplicadas en forma acertada.

Drogas

Con la producción de niveles récord de cocaína en Colombia, el tráfico de drogas será un tema importante en materia de seguridad para el próximo presidente.

Las pasadas políticas antinarcóticos han tropezado con numerosos problemas. La erradicación forzada no ha reducido los volúmenes de coca totales, dado que las áreas erradicadas son sembradas de nuevo por los cocaleros. Ha habido preocupaciones sanitarias asociadas a los químicos usados para acabar con las plantas, y operativos recientes para arrancar los cultivos comerciales de los agricultores han movido a protestas y masacres de civiles.

Como parte de un acuerdo de paz logrado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno lanzó un nuevo programa de sustitución de cultivos que buscaba incentivar entre los campesinos el reemplazo de la coca ilícita con cultivos legales. Aunque prometedor, el programa se ha visto entorpecido por poderosos grupos armados que intentan avanzar con las economías criminales dejadas atrás por las FARC.

Pese al poco éxito asociado a la erradicación forzada en el pasado, dos candidatos, Germán Vargas Lleras e Iván Duque, se pronuncian firmemente a favor de dicha práctica.

Tanto Vargas Lleras como Duque se han comprometido a restablecer la fumigación aérea de cultivos de alcaloides, una práctica controvertida que se prohibió en 2015 por motivos de salud.

Duque propuso decretar como obligatoria la erradicación de cultivos de coca para los campesinos, no voluntaria, como lo estipula el acuerdo de paz con las FARC.

Vargas Lleras ha calificado de “fracaso” la sustitución voluntaria de cultivos, aunque ha defendido una meta de erradicación de coca para 2022 que se centra principalmente en la sustitución.

Otros candidatos, como Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, priorizan la sustitución, pero también mantendrían la erradicación forzada, como alternativa.

Gustavo Petro, por otro lado, eliminaría la erradicación forzada, debido al malestar social que genera, y centraría todos los esfuerzos en brindar oportunidades legales a las poblaciones vulnerables.

Aunque algunos favorecen más estrategias de mano dura, todos los candidatos han hablado en alguna medida sobre la importancia del desarrollo rural y de la creación de alternativas de actividades legales para que los campesinos puedan mantenerse alejados del negocio de la droga. Fajardo, por ejemplo, ha mencionado la importancia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un proyecto de desarrollo rural a largo plazo para municipios específicos creados por el acuerdo de paz con las FARC.

El control de cultivos ilícitos ha arrojado resultados menos que ideales, pero una persecución efectiva de los escalones posteriores del negocio de la droga, como el procesamiento y el tráfico de cocaína, podría hacer mucho para desestabilizar los poderosos grupos que hay detrás de esa industria.

Algunos candidatos abordan directamente esas etapas. Vargas Lleras ha propuesto una estrategia razonablemente amplia que incluye la salvaguarda de los mares colombianos contra el tráfico marítimo —una de las principales vías de trasiego de narcóticos afuera del país. Duque ha propuesto reforzar la inteligencia para detectar laboratorios de cocaína, muchos de los cuales ahora son móviles.

Grupos criminales, seguridad y justicia

El próximo presidente de Colombia tendrá que recalibrar la estrategia total de seguridad del país en la era post-FARC.

La policía es la institución de preferencia para liderar la lucha contra el crimen organizado: los soldados están entrenados para eliminar a los enemigos, no para prevenir y resolver crímenes. Sin embargo, muchos grupos criminales en Colombia manejan un poder de fuego considerable, lo que implica que pueda necesitarse que el ejército siga apoyando los operativos policiales.

La salvaguarda de territorios anteriormente bajo control de las FARC ha resultado ser difícil para el gobierno, pues otros grupos criminales se han desplazado para llenar el vacío de poder. Grandes despliegues de fuerzas de seguridad no han logrado mucho en la solución de los problemas subyacentes, y en ocasiones simplemente han desplazado la violencia a otros lugares.

Un mejor acopio de inteligencia, iniciativas sociales y económicas para las comunidades vulnerables, justicia eficiente y desarrollo rural ininterrumpido serán claves para lograr resultados a largo plazo. Pero estas metas vienen con un alto precio, lo que significa que la próxima cabeza de Estado en Colombia tendrá que hacer elecciones difíciles en lo que respecta a cómo distribuir los limitados recursos de seguridad. Y la solución no es simplemente contratar más pie de fuerza; una contratación mal planeada puede reducir la calidad de los reclutas y hacerlos más vulnerables a la corrupción.

Duque y Vargas Lleras han hecho énfasis en la importancia de las fuerzas armadas en sus propuestas de seguridad.

Vargas Lleras ha defendido el uso del ejército para hacer presencia en áreas que actualmente están fuera del control estatal, como una manera de permitir el ingreso e otras instituciones estatales en esas zonas rurales. Según su plan, tanto el ejército como la policía tendrían un incremento de su pie de fuerza, y la policía lideraría la lucha contra el crimen organizado con apoyo del ejército.

Duque quiere reforzar y modernizar las fuerzas de seguridad y mejorar la tecnología en medios rurales y urbanos.

De la Calle, por otro lado, ha sostenido que el principal enemigo del gobierno, las FARC, se ha desmovilizado, y que por lo tanto las fuerzas de seguridad deben pasar de una postura ofensiva a una defensiva, protegiendo los territorios de incursiones de grupos criminales. Al mismo tiempo, el Estado debe hacer énfasis en la prevención del delito y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales.

De la Calle también ha propuesto transferir oficiales del ejército a la policía para reorientar los esfuerzos hacia la seguridad ciudadana. Aunque tomar personal del ejército implica que los reclutas tengan mejor adiestramiento en algunos aspectos, un reentrenamiento adecuado para los soldados en aspectos de derechos humanos y tácticas investigativas será crucial para su éxito como agentes de orden público.

La estrategia de seguridad de Fajardo se centra en el sistema de justicia. En lugar de encerrar grandes números de sospechosos en detenciones que terminen siendo improductivas, el exalcalde se centraría en abatir a los jefes y las estructuras financieras. También quiere facilitar el sometimiento colectivo de miembros de organizaciones criminales con una ley muy similar a la que se discute actualmente en el Congreso como parte de los acuerdos de paz con las FARC.

En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, Fajardo pondría a la policía a la cabeza de la lucha contra el delito, con respaldo del ejército cuando sea necesario. Y cambiaría el rol más general del ejército para concentrarlo en la seguridad fronteriza, la construcción de infraestructura rural y la remoción de minas antipersonales o “quiebrapatas”, como se les conoce coloquialmente.

La principal estrategia de Petro es el desarrollo socioeconómico como una forma de apartar a las poblaciones pobres de las economías criminales. Como esto debilita los grupos ilegales, sostiene Petro, esto facilitará su derrota militar. Petro ha afirmado que eliminaría el servicio militar obligatorio y centraría la labor del ejército en la defensa de la soberanía territorial, aunque no es claro qué implicaría eso exactamente.

Aunque hay diferencias de peso en el enfoque general de los candidatos frente a los temas de seguridad, la mayoría están de acuerdo en que atacar las finanzas de los grupos criminales debe ser un objetivo importante y han sugerido tácticas específicas.

Fajardo y De la Calle han prometido fortalecer el acopio de inteligencia financiera y reforzar los procedimientos de extinción de bienes criminales. Duque también ha hablado de mejorar los esfuerzos contra el lavado de dinero, específicamente en referencia a los bienes que las FARC no declararon, como lo demandaban los términos del acuerdo de paz. Sin embargo, sus propuestas carecen de detalles concretos.

Diálogos de paz con el ELN

Con la desaparición de las FARC como grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en el grupo guerrillero más importante que deberá enfrentar el próximo presidente de Colombia. Pero el tema tiene sus aristas.

El ELN ha sido el que más ha ganado en términos de finanzas, territorio y poderío militar con la desmovilización de las FARC. Sin una respuesta oportuna por parte del gobierno, el peligro que el grupo supone seguirá escalando. Más aún, se cree que parte del secretariado mayor y los combatientes del ELN se esconden en la vecina Venezuela, lo que complica los esfuerzos por aventajar al grupo en el terreno militar.

El ELN y el gobierno llevan un año enfrascados en unas negociaciones de paz poco estables. Pero para alcanzar un acuerdo final con las FARC se requirieron cuatro años, y la naturaleza díscola del ELN hace probable que los diálogos con ellos demoren por lo menos el mismo tiempo para que sean fructíferos. La imposición de fechas límites estrictas y sacar de la mesa fichas de negociación importantes, como los ceses al fuego y los beneficios judiciales muy seguramente alejarán a muchos miembros del ELN y quizás incluso a sus altos mandos. E incluso si los diálogos resultan exitosos, es posible que muchas facciones sigan participando en actividades ilegales.

En sus propuestas, todos los candidatos han mantenido sobre la mesa la opción militar para negociar con el ELN. Pero sus posiciones sobre las negociaciones de paz varían bastante.

Vargas Lleras y Duque se oponen a los actuales diálogos con el ELN. Vargas Lleras ha afirmado que clausurará definitivamente las conversaciones si resulta elegido. Duque dio un ultimátum al ELN: si los combatientes quieren desmovilizarse y recibir reducción de sentencias —la amnistía total no es una opción— deben renunciar a todas las actividades criminales, y concentrarse en zonas designadas con supervisión internacional dentro de cierto periodo de tiempo. Si eso no ocurre, serán atacados por las fuerzas del estado.

Fajardo también daría un límite de tiempo al ELN: los diálogos de paz tendrían que finalizarse un año después de que él asuma el poder. Él ha descartado ofrecer un cese bilateral al fuego y mantendría la ofensiva militar contra el grupo a la par de los diálogos.

De la Calle ha expresado su voluntad de llevar a buen término los diálogos con el ELN, usando muchas veces la palabra “esperanza”. Si los diálogos no funcionaran, sin embargo, seguiría combatiendo militarmente al ELN.

Petro, exmilitante de la antigua guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19), desmovilizada hace tres décadas, apoya las conversaciones de paz con el ELN. Pero recalca que los insurgentes deben decidir qué camino seguir: el ideológico o el del narcotráfico. Si eligen las drogas, dice Petro, ya no serían “un grupo guerrillero… esas son organizaciones criminales” y deberían combatirse militarmente.

Tanto Duque como Vargas Lleras se han referido al problema del uso de Venezuela como refugio del ELN, ante lo cual Duque prometió denunciar el “apoyo” del régimen venezolano hacia el ELN ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Proceso de paz con las FARC

Más de año y medio después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, muchos aspectos del acuerdo —la participación política del grupo, las promesas de no extradición de sus excombatientes— siguen inclinando positivamente la balanza. La próxima administración presidencial podría trabajar para construir confianza en el acuerdo o podría presionar para que haya cambios que pondrían en mayor riesgo la ya precaria implementación, empujando a más miembros de las FARC de vuelta a la ilegalidad.

Con  excepción de Duque, todos los candidatos han declarado que mantendrían el actual acuerdo de paz.

Duque haría “cambios estructurales” a los acuerdos, pues afirma que no debe permitirse la entrada al Congreso de los políticos de la FARC sin antes haber reparado a sus víctimas. (El partido de la FARC tiene asignadas 10 curules no sometidas a elección popular como parte del acuerdo, las que deberán ser ocupadas a mediados de 2018). El proceso de reparación hace parte del mecanismo de justicia transicional (la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP), que han suscrito los futuros congresistas de la FARC, pero aún no se completa.

Duque también ha prometido dejar de tratar el narcotráfico como delito político, eliminando de hecho la amnistía del acuerdo de paz ofrecido a los exmiembros de las FARC que participaron en el negocio de la droga.

Aunque los demás candidatos han expresado su respaldo al acuerdo de paz, también han aclarado que los miembros de las FARC que incumplan las condiciones del acuerdo serán tratados como delincuentes comunes.

Minería ilegal

Aunque por lo general el narcotráfico recibe mucha más atención, la minería ilegal es un sector económico de mucho peso en Colombia, en algunos casos más rentable para los grupos criminales que el narcotráfico. La minería ilegal ha financiado grupos criminales poderosos y violentos y ha acarreado consecuencias ambientales devastadoras.

Aunque la destrucción de la infraestructura minera ha dado algunos resultados, debe ofrecerse a las comunidades mineras alternativas legales para que dejen de recurrir a otras economías criminales, como el tráfico de drogas.

La mayoría de los candidatos —De la Calle, Fajardo, Vargas Lleras y Duque— han propuesto como posible solución la formalización de los mineros informales. Pero De la Calle, Fajardo y Vargas Lleras también mantendrían los operativos de los organismos de seguridad contra las actividades de minería ilegal.

La principal propuesta de Duque sería convertir el Banco de la República en comprador único del oro del país (como sucedía en el pasado). Esto restringiría las ventas ilegales de oro, que muchas veces se hacen por intermedio de establecimientos de intercambio legal, o las hace más visibles.

La principal propuesta de Petro plantea un abordaje distinto, pues cree que para alejar a la gente de la minería ilegal, debe promoverse las economías rurales alternativas. También reformularía las regulaciones mineras para que reflejaran que la minería artesanal no debe considerarse ilegal

* Las propuestas enumeradas en este artículo son las más destacadas sobre temas relacionados con el crimen organizado, recopiladas mediante una revisión minuciosa de los documentos de campaña de cada candidato y la revisión de los debates y los comentarios hechos en público.

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