Una redada policial en una mansión de lujo en Brasil a finales de octubre llevó al desplome de la era de Marquitos y Kiko: el capo y el político que juntos construyeron un imperio de contrabando de gasolina que cooptó el departamento colombiano de La Guajira. Pero aunque actualmente ambos se enfrentan a la posibilidad de largas penas en prisión, el nexo político-criminal que dejaron todavía está lejos de llegar a su fin.
Hace poco más de un año Marcos "Marquitos" Figueroa y Francisco "Kiko" Gómez tenían a La Guajira -departamento fronterizo del noreste del país- a sus pies. Kiko era gobernador y jefe de un bloque político que controlaba casi la mitad de los gobiernos municipales en La Guajira. Marquitos era el capo de un cartel de contrabando que dominaba el multimillonario comercio del contrabando de gasolina.
Su ascenso simultáneo en la región fronteriza de Colombia y Venezuela no fue coincidencia. Ambos son colaboradores de larga data y juntos se aprovecharon del auge del contrabando de gasolina para ganar poder, dejando un rastro de corrupción y muerte a su paso.
Que ambos hayan caído en un periodo de un año tampoco es coincidencia. Las revelaciones que surgieron a raíz de la captura de Kiko en octubre 2013 hicieron de Marquitos el hombre más buscado en el noreste de Colombia y llevaron a una cacería humana que se extendió por tres países.
"Los que monopolizan la gasolina son los mismos que monopolizan el poder político en La Guajira en este momento", dijo a InSight Crime poco antes de la captura de Marquitos un político local que no quiso ser identificado por razones de seguridad.
La pregunta a la que se enfrenta ahora La Guajira es si esa alianza entre contrabando y política podrá aferrarse a su monopolio tras la pérdida de sus líderes, o si será desmantelada por las autoridades -o arrasada por sus rivales.
El capo y el político
La alianza político-criminal que consumiría a La Guajira se comenzó a forjar en los años noventa, cuando Marquitos era un hambriento matón con una creciente reputación y Kiko (ver foto) un ambicioso e inescrupuloso joven político.
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Los unió Jorge Gnecco Cerchar, el patriarca de un poderoso clan político vinculado al narcotráfico, el paramilitarismo y el contrabando. Gnecco reclutó a Marquitos como ejecutor y jefe de seguridad, un papel que lo puso en contacto con Kiko, el primo y protegido político de Gnecco.
Gnecco fue asesinado en 2001 por el caudillo paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", dejando a Marquitos y a Kiko en un dilema: someterse al asesino de su patrón o enfrentarse al criminal más poderoso en el norte de Colombia.
Marquitos se negó a ceder a Jorge 40, según los testimonios de paramilitares desmovilizados, y en su lugar optó por el exilio en la ciudad venezolana de Maracaibo, donde construyó sus redes de contrabando y tráfico de drogas.
Sin embargo, Kiko, siempre político, optó por la diplomacia. “Las cosas de '40' eran de '40'” habría dicho Gómez a un intermediario, para asegurarle a Jorge 40 que no pretendía imitar la rebeldía de Marquitos.
Para cuando Marquitos regresó a Colombia -en algún momento después de que Jorge 40 fuera extraditado a Estados Unidos en 2008- el hampa de la región había cambiado. Jorge 40 había sido extraditado a Estados Unidos y su ejército paramilitar se había desmovilizado, fragmentándose en nuevos grupos, híbridos de paramilitares y criminales.
El comercio del contrabando de gasolina también estaba cambiando rápidamente. Una inflación descontrolada en Venezuela, el cambio de divisas en el mercado negro, y la negativa a elevar los precios de la gasolina, habían llevado al alza los márgenes de beneficio. El contrabando de gasolina había empezado a evolucionar desde un negocio ilícito secundario para convertirse una economía criminal compleja y altamente lucrativa.
Sin embargo, Kiko no había cambiado: seguía sediento de poder y dispuesto a utilizar las habilidades mortales de Marquitos para tomárselo.
El rey del contrabando de gasolina
Una vez de vuelta en Colombia, Marquitos (ver foto), construyó un ejército privado para aprovechar el auge del contrabando de gasolina.
Para el momento de su arresto el contrabando había reclamado una cuota de mercado del 15 por ciento de las ventas de gasolina en Colombia, según la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN). La policía de la región afirmaba que casi cada gota estaba generando beneficios para la red de Marquitos.
“[La banda de Marquitos] tiene dominio de todo el contrabando de hidrocarburos que entra aquí al país” dijo a InSight Crime el comandante de la policía de La Guajira, el coronel Alejandro Calderón.
Según la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en la ciudad fronteriza de Maicao, la organización de Marquitos invierte en vehículos utilizados para el contrabando y organiza lo que ha sido llamado "caravanas de la muerte" -convoyes de camiones cisterna y otros tipos de camiones cargados de gasolina de contrabando, que no se detienen por nada, y cuando la velocidad no es suficiente para evitar a las fuerzas de seguridad, se salen de los problemas disparando.
Sin embargo, el poder real de Marquitos no vino de su red de contrabando, sino de su ejército privado, que aprovechó para tomarse el control de la principal arteria de contrabando de la región -el camino que va hacia el sur, al departamento del Cesar.
Con al menos 200 hombres armados en su nómina, quien transportara o vendiera gasolina de contrabando dentro de su territorio tenía que pagar peaje a Marquitos. Aquellos que no lo hicieran -fueran bandas rivales o individuos que vendieran gasolina al lado de la calle- eran brutalmente eliminados.
Pero su dominio no sólo estaba basado en la violencia, sino también en sus lazos cercanos con la comunidad y en el conocimiento local, los cuales le permitieron mantenerse siempre un paso adelante de sus rivales y las fuerzas de seguridad.
Su primera ventaja es “la historia que tiene acá en el departamento” señaló el coronel Calderón antes de la captura de Marquitos. “Dos, el vinculo familiar y la amistad que tiene con muchas de esas comunidades; tres, la frontera, porque el paso a Venezuela es fácil”
El auge de un petroestado del contrabando
Y mientras Marquitos construía su imperio de contrabando, también ayudaba a su viejo amigo Kiko a construir un bloque de poder político para apoderarse de La Guajira.
Según fiscales de un juicio en curso contra Kiko por asesinato, el par habría perpetrado una ola de asesinatos políticos, eliminando a cualquiera que se negara a atenerse a las reglas impuestas por Kiko.
Marquitos también prestaba apoyo financiero a Kiko, canalizando sus ganancias del contrabando a la campaña de Kiko a la Gobernación, según un informe del grupo de monitoreo de conflictos Nuevo Arco Iris hecho público antes de las elecciones gubernamentales de 2011.
Según un político local que ha ocupado cargos públicos y participado en campañas electorales en La Guajira durante más de 20 años, éste está lejos de ser un caso aislado. El auge de la gasolina de contrabando ha inundado la política del departamento con dinero ilícito.
“Esto es una crisis del modelo de hacer política –un modelo que tiene como patrón mas importante el dinero sin considerar el origen”, señaló.
A pesar del torbellino de rumores y acusaciones, en 2011 Kiko ganó con más del 50 por ciento de los votos. Los candidatos respaldados por su bloque político también llegaron al poder en numerosas Alcaldías. Marquitos, Kiko, y su sello de la contrabando-política habían llegado.
Con un amigo en la Gobernación, Marquitos ganó protección política para su negocio de contrabando. En 2012, un intenso cabildeo de última hora por parte de Kiko se aseguró de que una campaña que podría amenazar al contrabando en La Guajira no estuviera bajo el control de algún gobernador poco amigable, sino a cargo de Luis Monsalvo Gnecco -primo de Kiko, sobrino de Jorge Gnecco y el miembro más reciente de la familia Gnecco en servir como gobernador del departamento del Cesar. (Otro de los primos de Kiko actualmente se desempeña como senador en representación del Cesar).
La familia Gnecco -incluyendo a Jorge y sus tres hermanos, Cielo, Pepe, y Lucas- forma parte de una red de élites políticas en el noreste de Colombia que ha sido acusada de vínculos con el comercio de contrabando. Como se puede ver a continuación en el "árbol genealógico" de InSight Crime sobre la contrabando-política en esta región de Colombia, aquellos que hacen parte de la red y no han sido acusados de vínculos con Marquitos, han sido investigados –y en ocasiones encarcelados- por corrupción y por mantener vínculos con los paramilitares, entre otros cargos.
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Aún así, la principal ganancia que sacó Marquitos de su inversión en la campaña bien podría ser encontrada en otros lugares -enterrada en el rastro de papel detrás de proyectos o servicios estatales inconclusos o de calidad inferior, o dentro de las investigaciones financieras de la Procuraduría General de la Nación.
El crimen organizado ha drenado durante mucho tiempo el dinero de los presupuestos departamentales y municipales de La Guajira, con Jorge 40 siendo particularmente hábil en la captación de fondos públicos. La oportunidad de embolsillarse dinero de los contratos públicos es uno de los principales beneficios del bloque de la contrabando-política, según fuentes de la región y aquellos que han investigado las conexiones entre la política y el crimen en La Guajira.
"Las personas involucradas en este comercio ilegal le dan dinero a la campaña, y la administración se los devuelve en contratación, es una inversión", dijo el político.
Aunque los fiscales aún no han encontrado contratos públicos que estén relacionados directamente con Marquitos -quien utilizó una compleja red de testaferros para ocultar su riqueza- sí han descubierto irregularidades financieras en la contratación pública a lo largo del camino utilizado en el contrabando de gasolina.
En febrero de 2014 la Procuraduría General de la Nación encontró a Kiko culpable en tres de las cinco denuncias por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y le prohibió ejercer cargos públicos durante 17 años. Esto ocurrió tras la detención de 2012 de su secretario de salud por la presunta malversación de US$2,4 millones, aunque más tarde fue dejado en libertad después de que expirara el estatuto de limitaciones.
Al menos seis alcaldes de La Guajira están respaldados por el bloque político de Kiko, y todos, menos uno, han sido acusados o investigados por irregularidades en los contratos públicos. La excepción, Javid Sadet Figueroa Brito, es, según algunos informes de prensa, el hermano de Marquitos. Su predecesor fue arrestado y acusado de asesinato y colusión con Marquitos, y también está bajo investigación por corrupción en los contratos públicos.
La caída del imperio de gasolina
El principio del fin para el imperio de Marquitos y Kiko llegó con una extraña serie de eventos que tomaron lugar durante el "Festival de Carbón" celebrado anualmente en Barrancas, la ciudad donde ambos crecieron,.
En el festival, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia encubiertos como asistentes de la fiesta intentaron capturar a Kiko sorpresivamente, pero se vieron envueltos en un enfrentamiento con la policía local, mientras Kiko se escabullía en una ambulancia quejándose de problemas de corazón.
Finalmente Kiko fue puesto bajo custodia y hoy está siendo juzgado por tres asesinatos e investigado por otros 15.
Sin embargo, su bloque político se reorganizó rápidamente. En junio de 2014 fueron celebradas unas elecciones para elegir al sucesor de Kiko, y el ganador fue José María "Chemita" Ballesteros, hijo del exsenador Jorge Ballesteros, el principal patrocinador de la campaña de Kiko en 2011, que tendría lazos familiares con el contrabando. Como se muestra en el "árbol genealógico" de InSight Crime sobre la contrabando-política en el noreste de Colombia, estos vínculos incluyen a un miembro de la familia Ballesteros conocido como el "Hombre Marlboro", un contrabandista que actualmente está recluido en una prisión en Estados Unidos.
En el periodo previo a las elecciones de 2014 surgieron informes que detallan cómo "Chemita" Ballesteros (ver foto) fue el único candidato que pudo hacer campaña libremente en el territorio de Marquitos, y también salieron a la lúz pública fotos que lo muestran reuniéndose con presuntos miembros de la organización de Marquitos. Además, ha sido acusado de pagar a sicarios para eliminar a un grupo de periodistas e investigadores detrás de algunas acusaciones en su contra, aunque los ataques nunca tomaron lugar.
Públicamente, el nuevo gobernador se ha mostrado muy interesado en distanciarse de su predecesor y niega los rumores de que la maquinaria política de Kiko haya estado detrás de su campaña.
“Es un gobierno nuevo, un gobierno que viene mostrando que no tiene ningún tipo de tacha”, dijo Ballesteros a InSight Crime. “El Señor gobernador [Gómez] está enfrentando esos problemas personales, espero que pueda demostrar su inocencia, por lo que son del él, del gobernador. [Ellos] no tienen nada que ver con mi administración”.
Ballesteros también negó las acusaciones de que, una vez más, dinero del comercio de contrabando hubiese encontrado su camino hacia las arcas de la campaña durante las elecciones.
“Mi campaña fue financiada con los recursos de muchos amigos, empresas que de pronto quisieran aportar la campaña de Jose Maria Ballesteros”, dijo. “No tuve la necesidad de involucrarme ni mucho menos comprometerme con absolutamente nadie sino con personas voluntarias que me quieren acompañar”.
Con las elecciones al Congreso que tomaron lugar en mayo de 2014, Ballesteros no fue el único político en el noreste de Colombia en caer bajo sospecha. A raíz de la detención Marquitos, una renombrada investigadora de las relaciones entre la política y el crimen, la senadora Claudia López, acusó a dos congresistas de tener vínculos con su organización: José Alfredo Gnecco -primo de Kiko, sobrino de Jorge Gnecco e hijo de un exgobernador del Cesar condenado por vínculos con los paramilitares- y Antenor Durán, uno de los principales patrocinadores de la campaña de Kiko a la Gobernación en 2011, quien también tiene presuntos vínculos familiares con el narcotráfico y el contrabando. Ambos hombres han negado las acusaciones, y Gnecco ha amenazado con tomar acciones legales contra López.
Puede que la reorganización del comercio del contrabando a la luz de la caída Marquitos sea cualquier cosa menos tranquila.
Si bien la política de La Guajira se reajustó para sobrevivir sin Kiko detrás del negocio -como era costumbre- las cosas no fueron tan fáciles para Marquitos, quien de repente se convirtió en uno de los criminales más infames de Colombia, y se vio obligado a darse a la fuga.
Durante un año la policía estuvo tras el rastro de rumores y fantasmas. Poco antes de su captura, policías de La Guajira dijeron a InSight Crime que creían que estaría revoloteando entre Venezuela y Colombia, a través de las vías clandestinas de contrabando, mientras que miembros de la POLFA dijeron que habían oído que estaba escondido en la isla de Aruba.
Al final, la policía encontró a Marquitos en Brasil, después de seguir a una de las ocho madres de sus 19 hijos. En contraste con la detención de Kiko, la captura fue un asunto de bajo perfil, con Marquitos y sus primos rindiéndose con calma.
Pero puede que la reorganización del comercio del contrabando a la luz de la caída Marquitos sea cualquier cosa menos tranquila.
Según Ariel Ávila, quien ha llevado a cabo investigaciones sobre las redes criminales en la región para Nuevo Arco Iris y la Fundación Paz y Reconciliación, hay tres escenarios posibles de lo que podría ocurrir a continuación: una ruptura potencialmente violenta de la organización Marquitos; una sucesión clara y un nuevo líder; o que un grupo delictivo externo entre y se tome el control.
Ávila cree que el escenario más probable es la fragmentación de la red Marquitos.
“Creo que lo que va pasar es una federalización de esta organización criminal”, dijo. “Van a repartir las zonas a algunos mando medios y puede ser que esto lo hagan con cierta disputa en las zonas mas rentables”.
Sin embargo, la presencia de la red criminal más poderosa de Colombia, los Urabeños, podría causar aún más reverberaciones en el hampa de La Guajira. La policía dice que el grupo ha estado construyendo lentamente influencia en la región durante los últimos cuatro años.
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Según Ávila, varios meses antes del arresto Marquitos, él asistió a una reunión con los Urabeños, traficantes locales y representantes del Cartel de Sinaloa de México para planear la creación de una alianza regional de narcotráfico. Las discusiones involucraron el esbozo del futuro de las organizaciones criminales locales independientes, como las redes de contrabando de Marquitos. Ávila cree que las conversaciones probablemente habrían dado lugar a que Marquitos se uniera a la federación narcotraficante de los Urabeños, pero que mantuviera el control sobre su imperio de contrabando.
Sin embargo, Marquitos fue capturado antes de que cualquier pacto pudiera ser sellado, y los enormes beneficios ofrecidos por el contrabando de gasolina todavía podrían tentar a los Urabeños a exigir una participación de lo que quede de su organización.
Pase lo que pase en el hampa de Colombia, pareciera que la marca de la contrabando-política que Marquitos y Kiko capitalizaron como expertos continuará de una forma u otra.
Hablando con InSight Crime después de la detención Marquitos, el político de La Guajira ahora cree que el monopolio del que habló se podría haber quebrantado, pero que las redes de la contrabando-política continuarán existiendo.
"Mientras que esté la demanda y esté la oferta el negocio va continuar, y estos negocios serán convocados desde la actividad política", dijo.
Este artículo es el segundo de una serie de cuatro partes que le da una mirada al contrabando en Colombia.
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