Un informe de investigación del Texas Observer, publicado en diciembre último, revivió las preocupaciones de larga data sobre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), que cuestionan si el mayor organismo de orden público de ese país combate efectivamente la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales.
En un controvertido informe de 7000 palabras, los reporteros Melissa del Bosque y Patrick Michels hacen la crónica de varios casos de infracciones de agentes de la CBP, que incluyen la compra de armas a grupos criminales, el abuso de informantes confidenciales y la aceptación de sobornos para permitir a traficantes de personas y de estupefacientes el paso de la frontera entre México y Estados Unidos.
Más aún, la investigación del Texas Observer indicó que la corrupción en la CBP muchas veces queda impune. Según el artículo, el departamento a cargo de la supervisión de la CBP “se dio a conocer por acumular casos y dejarlos archivados”, y “muchas veces la oficina rechazó ofrecimientos de ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en inglés) y otros organismos de orden público que también vigilan a los oficiales de aduanas y agentes de Patrullaje Fronterizo”, declaró a los reporteros James Tomsheck, exdirector de la división de asuntos internos de la CBP entre 2006 y 2014, “Para mí era muy obvio…que el DHS [Departamento de Seguridad Interna] intentaba ocultar la corrupción y estaba tratando de controlar el número de arrestos [de personal de la CBP por acusaciones de corrupción para no crear una responsabilidad política para el DHS”.
Del Bosque y Michels siguieron muy de cerca unos cuantos casos particularmente notables, pero también citaron un informe reciente de un panel asesor para la agencia matriz de la CBP, el DHS, que halló que “niveles indiscutibles de corrupción dentro de la CBP are no se conocen”. El panel del DHS también afirmó que la CBP “sigue siendo vulnerable a la corrupción que amenaza su efectividad y la seguridad nacional [de Estados Unidos]”.
Análisis de InSight Crime
Para los grupos del crimen organizado en México, contó Del Bosque a InSight Crime, tratar de corromper a los organismos de orden público que trabajan en la frontera hace “parte de su modelo de negocios”. Y señaló que, contrario a lo que podría esperarse, los más susceptibles a la corrupción no son “la gente que acaba de ingresar al organismo. Suelen ser los agentes veteranos los más vulnerables”.
Del Bosque afirmó que las relaciones corruptas por lo general se inician cuando los agentes aceptan pequeños sobornos por favores mínimos. Con el tiempo, estas conexiones pueden ampliarse a asuntos más serios. “La gente se acerca a la edad de jubilación y sienten que no se les ha compensado por su trabajo”, explicó Del Bosque. “Hay un tiempo más largo para que la gente entable relaciones”.
Un análisis del Centro para el Reportaje Investigativo parece corroborar esta conclusión. De los 153 casos de corrupción en la CBP que la organización analizó, 52 de los agentes acusados tenían entre uno y cinco años de servicio, 47 tenían entre seis y diez años, y sólo tres tenían menos de un año de servicio al momento de su arresto.
Muchos agentes proceden de regiones fronterizas, y tienen lazos de parentesco o amistad con gente de esas comunidades. Del Bosque señaló que no es raro que gente que está involucrada en actividades criminales trate de reclutar a conocidos que trabajan para la ley. “Sea cual sea el cartel que controle ese territorio, todos se dedican a corromper a los agentes”, puntualizó.
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En 2010, cuando estaba al frente de asuntos internos de la CBP, Tomsheck advirtió al subcomité de Seguridad Interna del Senado, “Existe un esfuerzo concertado de parte de las organizaciones criminales transnacionales para infiltrar, mediante iniciativas de contratación y de comprometer a nuestros agentes y funcionarios en ejercicio”.
Un ejemplo, informado por Andrew Becker para la revista Mother Jones, es el caso de Margarita Crispin, quien ingresó a la CBP en El Paso, Texas en 2003. Becker escribió que “investigadores del Departamento de Seguridad Interna sospechan que la había reclutado una amiga con nexos con el cartel de Juárez antes de que consiguiera el empleo. Casi inmediatamente después de terminar su entrenamiento y de ponerse su placa, comenzó a ayudar a los traficantes a ‘cruzar cargas’… Para cuando la arrestaron en julio de 2007, se cree que Crispin había dejado pasar más de 2.200 libras de marihuana a Estados Unidos”.
Un ejemplo más reciente es el caso de Joel Luna, veterano de Patrulla Fronteriza con seis años en su puesto que trabajaba en Brownsville, Texas, a quien se le acusó recientemente en conexión con un homicidio ocurrido en la zona que al parecer tenía relación con un cartel. Según Los Angeles Times, los investigadores del caso sospechan que Luna puede haber estado vinculado al Cartel del Golfo por sus hermanos.
La magnitud de la CBP y su relativa falta de personal de vigilancia hacen la agencia especialmente susceptible a la corrupción. Con casi 60.000 agentes, oficiales y especialistas, la CBP emplea más agentes de orden público que el Departamento de Policía de Nueva York (34.500) y que el Departamento de Policía de Los Angeles (10.000) juntos. Además, el número de agentes fronterizos ha crecido a un ritmo vertiginoso hasta casi duplicarse durante la última década.
Sin embargo, como informaron Del Bosque y Michels, la CBP no tiene personal de vigilancia interna propio. En lugar de eso, unos 200 investigadores del DHS tienen la tarea de vigilar a los 220.000 del DHS —una proporción de un investigador por cada 1.000 empleados—. “En comparación”, escribieron los reporteros, “el FBI tiene 250 investigadores de asuntos internos para sus 13.000 agentes” —una relación de casi uno por 50 agentes—.
Del Bosque dijo a InSight Crime que contratar más investigadores internos y realizar exámenes más rigurosos de antecedentes a los nuevos ayudar a contener la corrupción y la infiltración en la CBP. También propuso que rotar a los agentes por diferentes puestos en la frontera evitaría el desarrollo de relaciones corruptas entre agentes y criminales.
Pero quizás el medio más efectivo para reducir la corrupción sería continuar los esfuerzos por investigar y procesar judicialmente a los oficiales que están bajo sospecha o que trabajan con grupos criminales. Esto no sólo enviaría un mensaje de que la mala conducta oficial no sería tolerada, también permitiría a la CBP tener mayor control sobre los efectos de la corrupción en las operaciones del organismo.
“Eso es parte del problema”, indicó Del Bosque, “no sabemos exactamente qué tan extendido esté el problema”.
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