El sorprendente rechazo en Colombia al acuerdo de paz logrado entre el gobierno la insurgencia más antigua del hemisferio podría empujar a las facciones insurrectas a abandonar el tenue proceso de paz y retornar a las actividades criminales.
La mayoría de observadores esperaban que el plebiscito del 2 de octubre fuera un último obstáculo fácil de vencer para un acuerdo de paz largamente negociado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero varios factores, incluyendo una baja votación, el mal clima y las profundas cicatrices que deja más de medio siglo de conflicto, llevaron a una ajustadísima victoria de la campaña por el "No".
Esto deja en el limbo el proceso de paz forjado a lo largo de los últimos cuatro años, y con cada día que pasa aumentan las posibilidades de que algunos miembros de FARC se retiren del desarme y la desmovilización planeados.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko", se apresuraron a tranquilizar al país diciendo que se mantendrá el cese bilateral al fuego anunciado en agosto.
El 4 de octubre, un día después de que Timochenko asegurara que "los frentes guerrilleros de todo el país mantendrán un cese al fuego bilateral y definitivo", Santos confirmó que el armisticio se extendería hasta el 31 de octubre. Aunque el ministro de defensa Luis Carlos Villegas ha dicho que el cese al fuego se extenderá tantas veces como sea necesario, el anuncio del presidente fue interpretado por algunos como la fijación de un tiempo límite a las discusiones cruciales entre su administración y los líderes de la campaña por el "No".
El presidente Santos formó una delegación el 3 de octubre que entablará un diálogo con los opositores al acuerdo de paz, encabezados principalmente por el partido Centro Democrático. El propósito de las conversaciones es buscar tumbar las reservas de quienes votaron contra el acuerdo de paz, y estudiar sus recomendaciones para llegar a un acuerdo que sea aceptable para una porción más amplia del pueblo colombiano.
El expresidente Álvaro Uribe y otras destacadas figuras de la campaña por el "No" han hecho unas pocas demandas hasta el momento:
Que los insurgentes de las FARC cesen de inmediato todos sus delitos, y que reciban protección adecuada.
Que se amnistíe a los insurgentes que no incurrieron en delitos graves.
Que se ofrezca a los miembros de las fuerzas armadas acusados de crímenes un "alivio judicial" en una jurisdicción aparte de las FARC.
Que se impida la participación política futura a los miembros de las FARC acusados de crímenes de lesa humanidad.
Los negociadores del gobierno están en conversaciones con los delegados de las FARC para sondear la posibilidad de abrir a la renegociación ciertos puntos del acuerdo según las demandas de la campaña por el "No".
Sin embargo, la fijación de un límite de tiempo al cese al fuego mientras siguen los diálogos puede ser un arma de doble filo. Por un lado, podría presionar a los partidarios del "No" a proponer modificaciones o alternativas para acelerar la negociación. Por el otro, la posibilidad de que no se renueve el cese al fuego puede aumentar el escepticismo y la hostilidad hacia el proceso entre los soldados rasos de las FARC, quienes ya se encuentran en una posición vulnerable sin la protección legal que les brindaba el acuerdo rechazado.
Timochenko pareció expresar la preocupación ante esa posibilidad en un reciente trino en Twitter: "@JuanManSantos anuncia que el cese al Fuego con las @FARC_EPueblo va hasta el 31 de octubre" ¿De ahí para adelante continúa la guerra?
"@JuanManSantos anuncia que el cese al Fuego con las @FARC_EPueblo va hasta el 31 de octubre" ¿De ahí para adelante continúa la guerra?
— Timoleón Jiménez (@Timochenko_FARC) October 5, 2016
El miembro del secretariado de las FARC y negociador de paz Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", también respondió en Twitter ordenando a las unidades de las FARC que se movieran a "posiciones seguras", aunque no dio mayores detalles sobre lo que eso significa. Añadió que la medida evitaría "provocaciones" de quienes se oponen a un acuerdo de paz.
Todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones https://t.co/QHVyFQloeo
— Pastor Alape (@AlapePastorFARC) October 5, 2016
El 5 de octubre unidades rebeldes comenzaron a moverse desde el lugar de su última conferencia en el sur de Colombia de vuelta a sus lugares de origen por carretera y avión, bajo la protección de las fuerzas armadas, informaron los medios locales.
La comunidad internacional ha respondido al impredecible escenario reiterando su respaldo a una solución pacífica y negociada al conflicto. Estados Unidos y las Naciones Unidas han expresado que mantienen su respaldo para un acuerdo de paz, mientras que la Unión Europea ha mantenido a las FARC por fuera de su lista de organizaciones terroristas.
Lo que sigue ahora depende de cómo se desarrollen los diálogos entre las diferentes partes negociadoras.
Mientras el reloj sigue marcando…
Entre más demore Colombia en echar un salvavidas al proceso de paz con las FARC, mayores serán las posibilidades de que los guerrilleros vuelvan o prosigan las actividades criminales. InSight Crime entiende que el presidente del congreso Mauricio Lizcano ha estimado que formar una nueva comisión para negociar con la oposición de Colombia demorará por lo menos un mes.
Las FARC deberán financiarse por sí mismas durante este periodo indefinido, y es de esperar que lo harán como siempre lo han hecho: con la extorsión, el narcotráfico y otras actividades criminales. Esto puede estar dándose ya; InSight Crime ha hallado que muchas de los frentes de las FARC en todo el país han ignorado la orden de dejar la extorsión, dada por Timochenko a mediados de 2016.
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La incertidumbre que rodea el resultado de las diversas negociaciones en marcha puede empujar a facciones de las FARC a salirse del todo del proceso de paz. Aunque el grupo guerrillero votó de manera unánime por aprobar el acuerdo de paz en la última conferencia del grupo insurgente, desde entonces han perdido —al menos por ahora— las garantías políticas y judiciales que les brindaba el acuerdo.
Aun antes de que el electorado rechazara el acuerdo de paz, había señales de que elementos de las FARC estaban comenzando a separarse de la organización para formar nuevos grupos criminales. La disidencia directa del Primer frente de las FARC y la consiguiente expulsión de la unidad fue una de las advertencias más claras de que el grupo guerrillero no estaba completamente unido en apoyo al acuerdo de paz.
El futuro impredecible del proceso de paz podría empujar a las unidades de las FARC a abandonar la idea de una eventual desmovilización y elegir en su lugar las potenciales riquezas que ofrecen el negocio de la droga y otras actividades ilegales.
Control territorial
Otro motivo de preocupación es adónde irán ahora los combatientes de las FARC. Antes del voto por el "No" del 2 de octubre, algunas unidades de las FARC ya habían comenzado a trasladarse a las zonas de concentración donde debían desarmarse. Pero este proceso ahora parece haberse paralizado.
El significado de la orden de Pastor Alape de moverse a "zonas seguras" sigue sin aclarar, pero podría ser un llamado a los miembros de las FARC a regresar a sus áreas de influencia tradicionales. Ese movimiento puede acelerar un retorno a la actividad criminal y poner a la guerrilla en confrontación con otros actores armados que habían estado moviéndose a territorios anteriormente controlados por los insurgentes.
Un ejemplo de esta dinámica se observó en el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, una zona rica en depósitos de oro y cultivos de coca que se disputan fuertemente varios grupos armados.
Según un fiscal de la Fiscalía General sede Medellín a quien InSight Crime consultó, hace poco las FARC entregaron la zona al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un "intercambio". A su vez, parece que el dio autorización a las FARC de asentar una de sus zonas de concentración en Carrizal, también en Antioquia.
Además de esto, ambos ejércitos combaten en El Bagre contra los Urabeños, la organización narcotraficante más poderosa del país. Un regreso de las FARC a ese territorio podría generar aún más violencia.
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Un escenario preocupante también podría desarrollarse en la ciudad porteña de Tumaco, en el departamento de Nariño, una zona que ya es presa de la violencia entre diferentes grupos criminales. Preparando su planeada desmovilización, la facción local de las FARC al parecer había dado permiso a milicianos de separarse de la estructura mayor y seguir desarrollando sus actividades ilegales, en lugar de unirse al proceso de paz.
Según algunos informes, estos milicianos desde entonces se han aliado a los Urabeños, que vienen aumentando su presencia en Nariño. Si las FARC trataran de retornar a sus actividades habituales en Tumaco, podrían enfrentar una feroz resistencia de los poderes criminales que ahora dominan la zona.
Al mismo tiempo, es posible que las facciones de las FARC eligieran no regresar a sus antiguos bastiones. Inclusive algunos opositores del rechazado acuerdo de paz pidieron activar las zonas de concentración planeadas, afirmando que esto garantizará la seguridad de los guerrilleros y evitará la violencia que podría trastornar aún más el proceso de paz. Sin embargo, tal evento podría acarrear el riesgo de que las zonas que se encontraban bajo el control de las FARC experimenten un vacío de poder que puedan llenar los Urabeños, el ELN u otros actores armados, en lugar de las fuerzas del gobierno.
Según los términos del rechazado acuerdo de paz, el estado habría empezado a tratar de establecer su presencia en estas zonas primordialmente rurales —muchas de las cuales han tenido escasa o ninguna actividad del gobierno durante décadas— mejorando la infraestructura y el acceso a servicios sociales. Además, las zonas de concentración designadas habrían visto un incremento inmediato de presencia de las fuerzas de seguridad del gobierno. Pero sin la presencia ni de las FARC ni del estado, algunas de las áreas con menos presencia del gobierno pueden quedar aún más vulnerables que antes.
Cárcel y extradición
Aunque gran parte del actual debate sobre el futuro del proceso de paz ha girado en torno al impasse entre la administración Santos y la campaña por el "No", las demandas del secretariado de las FARC mantienen su importancia. La oposición pública al acuerdo de paz se ha centrado mayormente en la parte del acuerdo que habría permitido a la mayoría de los miembros de las FARC evitar penas de cárcel y extradición por sus delitos. Pero las FARC han dejado en claro que esta es una condición no negociable para que accedan a un acuerdo de paz. La insistencia de la campaña por el "No" en pedir cárcel o extradición para los guerrilleros —y en particular si el gobierno accede a dicha demanda— podría incitar a los combatientes y a sus líderes a abandonar el proceso de paz.
El representante del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga señaló hace poco a InSight Crime que la extradición podría llevarse de nuevo a la mesa, pues los negociadores de la "campaña por el No" presionarían para que deje de considerarse el narcotráfico como crimen condonable. El retiro del narcotráfico de la lista de amnistía propuesta por el gobierno y las FARC dejaría a los guerrilleros mucho más expuestos a la extradición; se dice que por lo menos 50 cabecillas de las FARC son requeridos en Estados Unidos por esos delitos.
Por ahora, sin embargo, parece improbable que Estados Unidos pida la extradición de los miembros de las FARC. En 2015, en embajador de Estados Unidos para Colombia Kevin Whitaker declaró que su país respetaría la decisión de Colombia de rechazar las solicitudes de extradición como una "contribución al proceso de paz". Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó esta posición a InSight Crime el 5 de octubre, y añadió que pese a eso Estados Unidos “seguirá solicitando” la extradición de los sospechosos de infringir las leyes estadounidenses.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Extradición
Aún más problemático podría ser el tema de los tiempos de prisión. Zuluaga comentó a InSight Crime que la campaña por el "No" ha solicitado sentencias de 6 años de cárcel para los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad. También entre sus propuestas están las de “colonias agrícolas” como zonas de confinamiento alternativas. Por ahora, sin embargo, el fiscal general de Colombia ha confirmado que las órdenes de captura contra los insurgentes de las FARC se mantienen suspendidas.
Lo que suceda a continuación depende en gran medida de cómo evolucionen las actuales conversaciones con el gobierno, y de la reacción de las FARC.
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