Desde que el Triángulo del Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala surgió como el principal corredor de drogas con destino a Estados Unidos, se ha convertido en uno de lugares más mortíferos del mundo para ser una mujer, y los asesinatos muestran pocas señales de disminuir.
En los primeros seis meses de este año, 17 fosas clandestinas fueron descubiertas en El Salvador, con 48 cuerpos, el 70 por ciento de los cuales eran mujeres, según la Fiscalía General de la República. Todos eran menores de 25 años, y se cree que el 90 por ciento tenía vínculos con bandas criminales, según informó La Prensa Gráfica.
La alarmante alta proporción de mujeres entre las víctimas de las fosas salvadoreñas sirve como un recordatorio de la alta prevalencia del femicidio – el asesinato de mujeres basado en el género, a menudo marcados por su extrema crueldad -- en Triángulo del Norte.
En la última década, la región ha visto un gran aumento en los asesinatos de mujeres (ver gráfica, abajo). Actualmente, El Salvador tiene la peor tasa de femicidio en el mundo, con 13,9 por cada 100.000 mujeres, mientras que Guatemala (tercero en el mundo) y Honduras (séptimo) tienen tasas de 9,8 y 7,2 respectivamente.
Cifras reveladas por Honduras en julio mostraron que al menos 150 mujeres fueron asesinadas en la primera mitad del 2012. La policía dijo al periódico El Heraldo que varios de los asesinatos estaban vinculados con el tráfico de drogas. Mientras tanto, en Guatemala, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reveló que 337 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre del 2012. Aunque esto representa una caída del 11,5 por ciento respecto al mismo período en 2011, Guatemala sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres.
Atribuir todas estas muertes al crimen organizado, sería descartar la violencia doméstica y el hecho subyacente de las relaciones de género desiguales – factores que hacen parte de la dinámica del femicidio en los tres países. Sin embargo, el brusco aumento de los asesinatos durante la última década ha coincidido con un periodo en el cual la región se ha convertido en el principal corredor para el tráfico de narcóticos con destino a Estados Unidos. La correlación no puede ser ignorada.
A lo largo de gran parte de la década de los ochentas y principios de los noventas, los traficantes de droga movieron los narcóticos desde Sur América a Estados Unidos por el Caribe. Cuando Estados Unidos intensificó los esfuerzos de interdicción en esta ruta, el corredor de tráfico se desplazó hacia el istmo centroamericano. El contraste entre las Bahamas y Honduras es representativo de esto. Según el Departamento de Estado, el 80 por ciento de la cocaína con destino a Estados Unidos pasaba por las islas en los ochentas. Hoy en día, la proporción es sólo del cinco por ciento, mientras que algunos funcionarios de Honduras creen que el 87 por ciento del suministro de cocaína de Estados Unidos pasa a través de su país.
Los femicidios representan sólo una fracción de la escalada de asesinatos que ha afligido al Triangulo del Norte, desde que el comercio de droga pasó a la región. Sin embargo, los dos fenómenos están estrechamente vinculados, a menudo convirtiéndose las mujeres en un daño colateral en un conflicto entre bandas.
Una razón para esto, es que el narcotráfico está dominado por una cultura machista, la cual lleva a usar la violencia contra las mujeres. Las mujeres asociadas con bandas, bien sea por lazos familiares o por relaciones con los miembros de la banda, pueden convertirse en blancos para sus rivales. La violación y brutal ejecución de estas mujeres pueden ser utilizados como una táctica para atacar a sus enemigos, en incluso, como un mecanismo de unión para las bandas. Como señaló el abogado chileno Patsil Toledo, además de ayudar a atacar la “moral del enemigo”, atacar y “violar cruelmente a las mujeres, es simbólico [de otra manera]; crea cohesión dentro de los grupos armados."
Las mujeres también han sido utilizadas por las bandas como “vehículos” para enviar mensajes a las autoridades. Por ejemplo, en mayo del año pasado, una banda en Guatemala decapitó a una niña, dejando su cabeza en una cabina telefónica con un mensaje, advirtiendo a las autoridades de no seguir adelante con los planes para acabar con la extorsión.
El crecimiento del crimen organizado en Centroamérica, y la diversificación de los grupos criminales en el tráfico de personas, también ha visto la mercantilización de las mujeres, a menudo utilizando niveles extremos de violencia. Honduras, Guatemala y El Salvador, son todos fuentes del comercio sexual. Las bandas reclutan mujeres de bajos ingresos y les ofrecen trabajos bien pagados en lugares lejanos, o las secuestran, y las obligan a trabajar como prostitutas.
En reconocimiento del crecimiento del femicidio, Guatemala y El Salvador aprobaron leyes en el 2008 y en el 2010, respectivamente, dando especial estatus jurídico al crimen y a la violencia hacia las mujeres en general. Desde que el Presidente Otto Pérez asumió el cargo en enero, Guatemala incluso ha creado un grupo de trabajo para abordar el femicidio. Honduras, por otro lado, ha sido lento en seguir este ejemplo, a pesar de los llamados a la asamblea legislativa de aprobar iniciativas similares.
Sin embargo, estos esfuerzos no han dado mucho fruto – la impunidad de los femicidios se sitúa en el 90 por ciento o más, tanto en El Salvador como en Guatemala, llevando a muchos a cuestionar la eficacia de reconocerlo como un delito en sí mismo. La abogada Susana Chiarottin, por su parte, dijo a la agencia de noticias Inter Press Service que, donde la definición jurídica de femicidio exista, “se ha llevado a una mayor impunidad en lugar de un castigo efectivo”.
Los gobiernos en la región, entonces, necesitan dirigir su atención a la prevención en vez hacer nuevas leyes contra el crimen. En los casos relacionados con violencia doméstico, las autoridades deberían responder con mayor rapidez a las denuncias de violencia o a las amenazas. En aquellos relacionados con el crimen organizado, hay un creciente coro de voces argumentando que el femicidio está intrínsecamente vinculado al paradigma militarizado de la guerra contra las drogas. Antes de la Cumbre de las Américas en abril una unión de seis ONGs latinoamericanas instó a los gobiernos a revisar sus políticas anti-drogas, citando los efectos del enfoque actual que aumentan los niveles de femicidio.
Adicionalmente, dos mujeres galardonadas con el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu y Jodi Williams escribieron en un informe recientemente que "la guerra contra las drogas … se ha convertido en una guerra contra las mujeres”, señalando la correlación entre el aumento de los femicidios y la ayuda militar de Estados Unidos a Honduras y Guatemala durante la última década.
La reforma de la política de drogas, de ninguna manera va a erradicar el femicidio, el cual toma gran variedad de formas, algunas sin relación con crimen organizado. Sin embargo, dado que el crecimiento del tráfico de drogas en el Triángulo del Norte ha estado acompañado por el aumento de los asesinatos basados en el género, un enfoque alternativo a la guerra contra las drogas podría ayudar a reducir los números.
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