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Cómo Encontrar a los Desaparecidos de México

DERECHOS HUMANOS / 8 MAR 2013 POR DUDLEY ALTHAUS ES

El escepticismo es un pilar de la política mexicana, pero bajo la presión de grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas, el gobierno puede por fin estar listo para buscar a los más de 26.000 desaparecidos por las guerras entre bandas.

Las promesas provienen de los diferentes niveles gubernamentales. Altos funcionarios de la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto han prometido que van a buscar a todos los desaparecidos. Los gobiernos estatales de Coahuila y Nuevo León - ambos de los cuales comparten el Río Grande de Texas, y ambos gobernados por el oficialista Partido Revolucionario Institucional, o PRI - han diseñado grupos de trabajo para buscar a estos desaparecidos.

Las declaraciones públicas han brindado a los defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas un optimismo prudente de que las promesas oficiales en realidad puede llevar a una sensación de conclusión para miles de familias.

"Como gobierno mexicano, tienen la responsabilidad. Esto es un crimen que continúa, una emergencia nacional," dijo Diana Iris de 56 años, cuyo hijo Daniel de 23 años desapareció junto con otros dos hombres, hace cinco años a las afueras de Saltillo, la capital industrial de Coahuila, donde los grupos de derechos humanos dicen que al menos 1.800 personas han desaparecido. "No nos importa buscar solamente a uno de los desaparecidos. Este un problema al que se enfrenta todo el país."

La mayoría piensa que nada va a pasar sin una presión internacional, que estos días está llegando por oleadas. El 5 de marzo, Amnistía Internacional criticó los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto y sus declaraciones sobre Derechos Humanos, diciendo que "simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México."

Pidiendo "un cambio radical en la política de seguridad pública" para poner fin a graves abusos como la tortura, las arbitrariedades y las desapariciones forzadas, y llevar a sus autores ante la justicia, Amnistía dijo que " muchos miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las miles de personas desaparecidas o “extraviadas”, siguen sin tener acceso a la justicia y sin recibir reparación."

Human Rights Watch denunció en un informe publicado a finales de febrero que muchas de las desapariciones se han llevado a cabo a manos de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, a menudo en connivencia con mafiosos que están atacando a sus rivales. El informe de la investigación de un año de duración documenta 149 casos de "desapariciones forzadas", muchos de ellos en Coahuila, Nuevo León y otros estados fronterizos, entre los 249 casos presentados.

"Este es un gran problema que recae sobre los hombros del nuevo gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, al presentar el informe. "Este es el resultado de una guerra sin control."

Bajo el ex presidente Felipe Calderón, quien lanzó la campaña militar contra los grupos atrincherados, tan pronto asumió el cargo, y cuyos seis años de mandato terminaron el primero de diciembre de 2012, las autoridades mexicanas a menudo desestimaron a los desaparecidos como pandilleros, o dando a entender que de alguna manera ellos eran culpables de su suerte. Gran parte de la atención de los medios se ha centrado en las cerca de 70.000 personas que se cree han sido ejecutadas o asesinadas al estilo mafioso en los últimos seis años. Los desaparecidos salen en las noticias con más frecuencia cuando una fosa común clandestina es descubierta, o cuando un secuestro se lleva a cabo a la vista de todos.

Esa actitud oficial y la falta de atención de los medios han fijado el tono para la indiferencia de la sociedad sobre el tema, según dicen los abogados y familiares de las víctimas.

"Los vecinos, los propios miembros de su familia, juzgan", dijo Iris, uno de los miembros más activos de FUUNDEC, una organización de familiares de desaparecidos apoyada por la iglesia católica que ha encabezado la presión sobre los gobiernos estatal y federal. "La sociedad no escucha.”

"La gente sigue viviendo como si nada estuviera pasando," dijo ella. "Ellos no se dan cuenta del nivel de violencia que estamos viviendo, la tragedia que estamos viviendo."

No obstante, Vivanco y otros han señalado los limitados esfuerzos del gobierno en Coahuila y Nuevo León como indicios esperanzadores de que las cosas pueden y van a mejorar, si se aplica la suficiente presión por parte del gobierno federal.

En Nuevo León, donde un grupo local de derechos humanos, CADHAC, ha registrado más de 1.050 desapariciones en poco más de tres años, los funcionarios estatales han comenzado a reunirse regularmente con las familias y los abogados, y seleccionó 50 casos en los que se cree que las fuerzas de seguridad están involucradas, para llevar a cabo una investigación adicional. Los funcionarios de Coahuila han nombrado a un vice fiscal para investigar lo que ellos llaman "personas no ubicadas".

Ambos gobiernos estatales se están moviendo en la dirección correcta, algunos activistas tienen la esperanza, pero los avances son frágiles.

"Son muy pequeños los pasos que estamos logrando", dijo Consuelo Morales, la monja católica que se desempeña como directora de CADHAC. "No podemos estar satisfechos. El problema no va a desaparecer."

Análisis de InSight Crime

Funcionarios del gobierno de Peña Nieto tienen mucho en juego en los esfuerzos por pacificar las regiones maltratadas por la violencia de México y al mismo tiempo alcanzar una medida de justicia para los que más han sufrido en los seis años de guerras entre bandas. Las autoridades federales y estatales han tomado algunas medidas positivas y han dicho cosas certeras.

Pero Calderón y altos funcionarios de su gabinete de seguridad hicieron muchas de las mismas promesas públicas cuando se les presionó sobre los abusos cometidos por el ejército en un reporte de 2011 de Human Rights Watch; y el gobierno de Calderón no actuó en uno solo de los más de 200 casos de abuso por soldados - torturas, desapariciones, asesinatos o ejecuciones extrajudiciales - documentados por el grupo de derechos humanos, según dijo Vivanco el mes pasado.

Él y otros defensores de los derechos humanos esperan que el gobierno de Peña Nieto sea diferente, y obviamente tienen el objetivo de alentarlo, al tiempo que condenan el registro de Calderón y las amables palabras de esperanza a los funcionarios recién llegados. La sucursal de Amnistía Internacional en México ha adoptado un enfoque diferente, atacando al mismo tiempo a ambas administraciones, la vieja y la nueva, por omisión y no actuar.

No es probable que estas estrategias produzcan resultados significativos, al menos en el corto y mediano plazo. La tarea simplemente está más allá de las capacidades de los gobiernos locales, estatales y federales, incluso asumiendo que los funcionarios son serios en su deseo de resolver las desapariciones.

Lograr mejores investigaciones sobre las desapariciones corresponde a los fiscales locales - muchos de ellos con exceso de trabajo, bajo amenaza, o ambas cosas - en la mayoría de áreas plagadas de crimen. Los investigadores tendrán que estar mejor capacitados en medicina forense criminal, y tendrán que ser obligados a cooperar más a través de líneas estatales y municipales, todas peticiones difíciles de cumplir para un aparato de seguridad pública plagado de feroces rivalidades institucionales, incompetencia e indiferencia.

Adicionalmente, muchos familiares de los desaparecidos siguen sin denunciar el crimen, ya sea por vergüenza debido a la creencia general de que sus seres queridos de alguna manera merecían su destino, o el miedo a las represalias de quienes se los llevaron. La falta de presión del público, más allá de los grupos de derechos humanos y familiares, podría hacer más fácil para los funcionarios poner el tema en un segundo plano, independientemente de lo que prometan.

Sin embargo, Peña Nieto se ha comprometido a calmar a México, y ha dicho que va a hacerlo concentrándose en los asesinatos, secuestros y extorsiones que más afectan a los ciudadanos comunes. Al igual que hizo Calderón, él ha prometido la profesionalización de la policía en todos los niveles y el eventual retorno de los soldados e infantes de marina a sus cuarteles.

Sus planes están todavía en fase de diseño, vagamente esbozados, al menos públicamente. Pero, si son del todo efectivos en los próximos meses y años, y en México en realidad se calma de manera significativa, las desapariciones deberían también disminuir. Las estrategias pueden no traer de vuelta a los raptados o castigados por sus victimarios. Pero, pueden evitar que miles y miles de personas y sus familias sufran el mismo tormento.

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