Cómo Fortalecer la Frágil Tregua Entre Pandillas en El Salvador

Un reciente incremento en los homicidios de El Salvador plantea preocupación sobre el poder de las pandillas para ejercer la violencia; pero, si se examinan las cifras con mayor detenimiento, no representan una inminente ruptura de la tregua. 

Este análisis se enfoca en lo empírico. Mientras que la tregua entre pandillas en El Salvador sí logró reducir los homicidios en casi todos los municipios violentos del país, en un periodo reciente (entre Octubre de 2012 y Abril de 2013), 40 porciento de estos municipios ha experimentado un aumento en la violencia, en comparación con los primeros siete meses de la tregua. 

Esta es la segunda parte de una serie sobre de dos partes que examina la distribución geográfica de la violencia en El Salvador, desde la tregua entre pandillas que se pactó en marzo de 2012. Vea la primera parte aquí. 

Esta es una señal de alerta, ya que la tendencia al alza en estos municipios claves podría empujar rápidamente hacia arriba la tasa nacional. Como se puede observar en la siguiente tabla, los ascensos más notables se han dado en Chalchuapa, Ilobasco y Quezaltepeque.

Un hecho a destacar es que este último municipio hace parte del grupo de administraciones locales que desde enero de 2013 aceptaron incorporarse a la segunda fase de la tregua entre pandilla, bajo el proyecto denominado “Municipios Libres de Violencia” – el cual ha puesto su foco en la prevención y la mayor participación de los gobiernos locales.

Si bien la tregua logró disminuir el homicidio en casi todos los municipios más violentos del país[1] en los últimos 7 meses (considerando el periodo octubre de 2012 – abril de 2013) 40% de estos municipios experimentaron ascensos –en comparación con los primeros siete meses de la tregua–. En otras palabras: en el transcurso de la tregua, la reducción de los homicidios se ha sostenido, pero el número de municipios en el que ocurren los homicidios ha aumentado.

Una aclaración importante es que este ejercicio solo tiene en cuenta los homicidios, única actividad criminal contemplada en la tregua. Para tener una idea más completa de lo que ha sucedido en medio de este proceso también sería necesario tomar en cuenta la violencia no letal –es decir aquellos delitos que implican amenazas o el uso de la fuerza pero que no terminan en la muerte de la víctima–. Lo que arroja la información de la Policía es que en 2012 –en medio de la tregua– también se dio un descenso en la tasa de robos y extorsiones, aunque con una caída mucho menor que la presentada en el caso de los homicidios. Dada la información disponible y los pocos avances en las investigaciones de este tipo de delitos es imposible saber que porcentaje de estos delitos le corresponden a las Maras.

Bajo este contexto de descenso notable del homicidio y bajas más moderadas de los robos y las extorsiones, un dato que llama la atención es la persistente percepción de inseguridad por parte de los salvadoreños. La más reciente encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública en mayo de 2013, muestra que la mayoría de los ciudadanos afirma que la tregua no ha reducido la delincuencia: el 45% opina que “Nada” y el 30% que “Poco”, mientras que solo el 10% reconoce que “Mucho”. Un hecho a resaltar es que son los estratos “medios bajos”, “los obreros” y los “marginales” lo que tienen una opinión más negativa del impacto de la tregua –sectores cotidianamente impactos por la extorsión. Y en términos de filiación política son lo partidarios de GANA y ARENA– es decir los partidos de oposición.

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La tregua, la violencia y sus posibles escenarios

De acuerdo a los diarios locales del 28 de junio al 3 de julio de 20013 habrían ocurrido en El Salvador 88 homicidios –en tan solo seis días–. Estos hechos han sido vinculados con la Maras, en lo que para algunos es una muestra de su capacidad para incrementar la violencia súbitamente.

Desde el principio de la tregua estaba claro que el poder de negociación de la cúpula de las pandillas está en el uso y control de la violencia, y que las autoridades dependen en buena medida de la voluntad y capacidad de los líderes de las Maras para poner freno a la violencia homicida en el país. Desde esta perspectiva la tregua se caracteriza por su fragilidad, con un bajo respaldo popular, una actitud ambivalente por parte del Ejecutivo, limitados recursos institucionales –y también voluntad– para sacarle provecho. Bajo estas condiciones, no es improbable que escaladas como la ocurrida hace pocas semanas se repitan –las advertencias en este sentido abundaban–.

Está claro que la ruptura del actual proceso sería muy costosa tanto en términos de vidas humanas, como por la oportunidad perdida para implementar programas en las comunidades afectadas por la inseguridad. De manera inevitable la terminación de la tregua implicaría una escalada de los homicidios que podría llevar al país de nuevo a promedios diarios de 14-18 muertes (en medio de la tregua este promedio ha descendido a 5).

Tomando en cuenta la tendencia del homicidio antes del comienzo de la tregua - que es muy similar a la registrada en la semana del 28 de junio al 2 de julio de 2013 -el costo estimado de terminar con el actual proceso sería aproximadamente de 1250 vidas, tomando como horizonte temporal el segundo semestre de 2013 (Escenario A) –terminando el año con 3.347 homicidios. Por el contrario, de seguir con la tendencia mostrada en el primer semestre de 2013, el año terminaría con casi 500 homicidios menos que lo registrado en 2012 (Escenario B) y 1,250 homicidios en el peor de los casos–. Estos obviamente son cálculos hipotéticos que asumen que el homicidio seguirá la misma tendencia mostrada en periodos anteriores, bajo circunstancias similares –de escalada de violencia o de control del homicidio–.

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Bajo estas circunstancias la alternativa más obvia sería continuar con la tregua. La cuestión es entonces cómo hacerla menos frágil y cómo lograr que los homicidios no se disparen súbitamente como efecto demostrativo de las pandillas. El ejercicio propuesto en este documento ofrece algunas pistas_

1) Enfocar la atención en los 25 municipios que concentran más del 50% de los homicidios del país –y en aquellas zonas específicas donde se concentran los homicidios en estas localidades;

2) Influir en los otros factores y actores que producen violencia, y que mantienen al país con una tasa de más 30 homicidios por cada cien mil habitantes (Habría que estimar cuál es el impacto de otras amenazas como la violencia intrafamiliar o la criminalidad organizada);

3) Generar mecanismos de alerta para responder oportunamente a las escaladas de violencia, bajo un esquema de disuasión focalizada – enfocando las acciones sobre las clicas que rompen la tregua;

4) Seguir no sólo el número de homicidios sino también el número de municipios en los cuales estos se producen –este es un criterio esencial para controlar los procesos de expansión–;

5) Establecer un mecanismo de verificación efectiva de la tregua que rinda informes periódicos sobre el comportamiento del homicidio, los presuntos responsables y las víctimas.

Estas son claramente medidas de corto plazo y de contención de posibles escaladas de violencia. Por el momento, la clave está en cómo lograr que los niveles de homicidio no dependan de las Maras sino de la respuesta institucional. Está claro que el Estado antes de reproducir la violencia debe preocuparse por contenerla – entre otras cosas, por esta razón la “Mano Dura” no es opción.

Desde esta perspectiva, el enfoque territorial ofrece criterios de acción importantes para pasar de la incertidumbre de la ruptura a la certeza de la seguridad para los ciudadanos, lo cual exige inteligencia, más que fuerza. Comenzar por tener mejor información sobre la tregua, hacer de este proceso una política más trasparente y tomar decisiones basados en la evidencia, son pasos que contribuirán a su sostenibilidad. Cruzar los dedos para que las pandillas no hagan de nuevo una demostración de fuerza no será suficiente.

[1] 25 municipios que concrentran más del 50% de los homicidios. Además de los municipios que se encuentran en la tabla en este grupo están San Salvador, San Miguel, Soyapango, Mejicanos, Colón, Izalco, Ciudad Delgado, San Pedro Masahuat, Panchimalco, San Martín, San Juan Opico, San Vicente y Tecoluca.

*Juan Carlos Garzón es un investigador invitado (Visitor Expert) en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Es el autor de Mafia & Co.: las redes criminales en México, Brasil y Colombia. Sígalo en Twitter: @JCGarzonVergara.