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ANÁLISIS

¿Cómo se infiltró el crímen organizado en el gobierno de Guatemala?

ÉLITES Y CRIMEN / 29 MAY 2015 POR CARLOS ARRAZOLA* ES

Dos expertos explican las estrategias de las redes criminales para penetrar al Estado, también dan luces sobre las vías que se deben transitar para combatir y desterrar a esas organizaciones criminales.

Cuando las instituciones del Estado garantes del sistema democrático y el ejercicio de los derechos ciudadanos —como las fuerzas de seguridad, los tribunales de justicia, la fiscalía, el Congreso o el Poder Ejecutivo— son influidas mediante corrupción por grupos ilegales, se dice que ese Estado ha sido “capturado”. Cuando estos grupos establecen relaciones orgánicas de subordinación de los funcionarios públicos hacia ellos, en función de intereses criminales, la “cooptación” del Estado es un hecho. Y cuando estas redes ilegales financian las campañas de los partidos políticos que buscan la venia de los electores para alcanzar el poder legítimo, nombran funcionarios y dirigen las políticas públicas, el Estado es “reconfigurado” para beneficiar sus intereses y legalizar sus prácticas criminales.

Las redes ilegales que han cooptado a los Estados —desde fuera y desde dentro de los mismos— para facilitar sus operaciones criminales, en las últimas tres décadas han dejado miles de muertos en Latinoamérica, generado impunidad, miedo y desasosiego. Han despojado a los ciudadanos de los recursos que aportan a sus Estados, han fomentado la corrupción, se ha normalizado la cultura de la ilegalidad y la violencia, y han profundizado la pobreza y desigualdad histórica en la región.

Este artículo apareció originalmente en Plaza Pública, y fue publicado con permiso. Vea el original aquí.

El académico colombiano Luis Jorge Garay Salamanca, doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos, es uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno, que él considera como el “principal peligro de las democracias de Latinoamérica”. Sus estudios, basados en el análisis de redes sociales, han develado los complejos y sofisticados mecanismos que éstos grupos criminales utilizan para penetrar las instituciones del Estado, y las relaciones que tejen alrededor de la política, la economía, el derecho y la cultura en Colombia, México y Guatemala.

Plaza Pública habló con Garay en Guatemala en marzo de 2015 junto con Samuel González Ruiz, doctor en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universita degli studi de Bologna, Italia, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de México, y experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, en Viena, Austria.

¿Cómo surgen las redes criminales que operan en Guatemala?

Garay: Básicamente desde el centro del mismo Estado. En la transición del régimen político, después de la guerra interna, las estructuras contrainsurgentes se fundieron con la criminalidad y avanzaron en el propósito de cooptación del Estado.

¿Estructuras contrainsurgentes? ¿Los oficiales de Inteligencia del Ejército?

Garay: Sí. La cúpula del poder, en algunas instancias, está cooptada por la legalidad y la ilegalidad, en doble vía.

Algo similar a lo que ocurrió en Rusia.

Garay: Algo similar. En Rusia, durante la transición del Estado comunista al régimen de mercado, hubo un vacío de poder que originó un Estado mafioso. Muchos de los funcionarios del gobierno adquirieron abusivamente para sus propios propósitos las empresas del Estado, y luego las cedieron al capital transnacional. El sistema no tenía reglas, normas, todo fue un Estado mafioso. La cúpula de poder del Partido Comunista, o algunos de sus miembros, usufructuó esa transición en beneficio propio, incluso en actividades criminales y con propósitos abiertamente mafiosos.

¿Cómo se identifica en la actualidad a las redes ilegales?

Garay: En sus inicios es muy difícil porque en muchos casos se mueven a través de apariencias de legalidad. En tanto eso ocurre se debe tener evidencias diversas. Cuando una red se ha instalado, se le puede hacer seguimiento y prever algunos escenarios de cómo va mutando y transformando. Se trata de redes criminales complejas, avanzadas y especializadas, que actúan de manera descentralizada, con estructuras cada vez más horizontales y con mayores niveles de resiliencia. Tienen objetivos económicos —generar riqueza—, pero también políticos —ejercer poder territorial y diseñar políticas públicas— y culturales —promover los valores de la ilegalidad, la violencia y la criminalidad—.

González: Siempre actúan con apariencia de legalidad, con actores legales e ilegales, dentro y fuera de las instituciones del Estado, tanto a nivel local como regional y nacional. Cada vez diversifican más sus acciones criminales; del narcotráfico, pasan al secuestro, la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y personas. Utilizan la corrupción, el chantaje, la compra de voluntades dentro del Estado, la captura de las instituciones, para facilitar sus operaciones ilegales. Crean instancias legales, empresas, financieras para lavar dinero, tienen abogados, negocios…

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¿Pueden actuar estas redes sin la complicidad del Estado?

Garay: Las redes básicas criminales, pueden hacerlo. Pero la criminalidad y las mafias organizadas no pueden existir sin el Estado. Para la ampliación y acumulación del capital perverso social, político, económico y criminal de estas organizaciones se requiere de una relación con parcelas de la institucionalidad del Estado y de la sociedad.

González: Estos grupos existen porque el Estado lo permite. La debilidad del Estado es la que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y no la delincuencia organizada la que debilita al Estado.

Para existir, estas redes también necesitan del apoyo y participación del sector privado y de otros grupos de la sociedad.

Garay: La institucionalidad del Estado y la legalidad son fundamentales para el desarrollo de las redes criminales, así como lo son las relaciones público-privadas. Sin éstas las redes ilegales complejas y sofisticadas, no podrían ingresar al círculo de la legalidad el dinero que generan como producto de sus actividades criminales. Desde la ilegalidad ese dinero no vale nada, y por lo tanto la razón de ser del crimen organizado para la acumulación del capital financiero desaparecería, se asfixiaría por sí solo. Hay una zona gris, opaca, difusa, en la que convergen los intereses de los grupos criminales, el sector privado, los funcionarios corruptos del Estado. Es ahí donde se dan las relaciones, en un espacio que no se ve a simple vista. Tienen diversos grados de influencia y relaciones en los Congresos, en las fuerzas de seguridad, en las instituciones, en el sistema financiero.

González: Los grupos criminales necesitan del sistema financiero para lavar el dinero, de gente legal que trabaje para ellos. Se aprovechan de los jóvenes a los que el Estado no les da oportunidades de desarrollo, como educación y trabajo, para que sean sus sicarios. Pero no son sólo los carteles o los grupos criminales, también las corporaciones legales. Estas también compran y controlan jueces y fiscales para obtener beneficios. Los bancos, las televisoras, las telefónicas, tienen a sus abogados que extorsionan el sistema judicial. Capturan al Estado porque contralan a las fuerzas de seguridad, al poder político, al poder judicial.

¿Es la violencia una herramienta indispensable para estas redes?

Garay: En una etapa de reproducción y creación del capital es necesaria, pero no es suficiente. Los elementos de relaciones políticas y sociales, sí son fundamentales. Hay redes que no requieren violencia, como la que en Guatemala dirigió el presidente (Alfonso) Portillo (2000-2004), donde no hubo directamente involucrado ningún muerto, sino que utilizaron la institucionalidad pública para el desarrollo de un conjunto de actividades ilegales. La violencia por sí sola no implica la persistencia de las redes criminales, depende de la situación.

No sólo es la cooptación de las fuerzas desde la criminalidad hacia el Estado, sino que muchas veces dentro del mismo Estado se requiere de la criminalidad.

¿De qué forma estas redes criminales cooptan las instituciones del Estado?

Garay: Hay diferentes etapas de la corrupción sistémica. Un estadio es la captura del Estado, cuando estas organizaciones criminales, desde fuera del Estado, a través de métodos como el soborno, la coerción o el ejercicio de la violencia, cooptan y filtran el Estado. Una etapa más avanzada, sofisticada y compleja, es cuando esa criminalidad logra instalarse dentro del Estado, coopta el Estado desde adentro; y la otra es cómo, desde adentro del Estado, en doble vía, la institucionalidad se relaciona con la criminalidad, con propósitos de transformar ese Estado para beneficio de las estructuras criminales. Esa ya es otra etapa de reconfiguración cooptada del Estado. Es importante mencionar que no sólo es la cooptación de las fuerzas desde la criminalidad hacia el Estado, sino que muchas veces dentro del mismo Estado se requiere de la criminalidad para los propósitos criminales, son procesos de doble vía. Cuando no hay ética pública, cuando la política y el funcionariado carecen de esta ética, las instituciones son cooptadas con mayor facilidad, o se le abre las puertas del Estado a la criminalidad con mayor facilidad.

¿Puede ocurrir esto sin la participación de los partidos políticos?

Garay: La institucionalidad del Estado está compuesta por funcionarios que son elegidos a través del poder del gobierno central, que está vinculado a la competencia partidista en un sistema democrático, y por lo tanto estos funcionarios responden a pertenencias políticas de partidos políticos. Es en éstos donde se establecen las redes criminales dentro del Estado.

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¿Cómo penetran las redes criminales a los partidos políticos?, ¿A través de la financiación de las campañas electorales?

Garay: Esa es la forma más elemental y sencilla. Pero también la criminalidad ha promovido la creación de sus propios partidos políticos. Los casos más comunes es que se financian partidos ya establecidos, pero también han llegado a formar partidos con propósitos abiertamente criminales. Ya no se conforman con incidir en el Estado a través de la financiación, sino que pasan a hacer política a través de sus organizaciones políticas para reconfigurar el Estado de acuerdo a sus intereses criminales.

Fundamentalmente, se necesita una refundación del Estado, en el que la sociedad y las élites, adquieran un compromiso explícito con la legalidad.

¿Cómo se combaten estas estructuras criminales?

Garay: Se requiere de una nueva jurisprudencia que contemple nuevas técnicas de investigación, nuevas herramientas penales, especialidad en la complejidad de las operaciones sofisticadas de la criminalidad. Se requiere de la cooperación transnacional, porque estas redes son de carácter transnacional. Pero, fundamentalmente, se necesita una refundación del Estado, en el que la sociedad y las élites, adquieran un compromiso explícito con la legalidad.

González: Estos fenómenos son generados debido a la debilidad del Estado. Para combatirlos, la regla general es el fortalecimiento del Estado, en todos sus aspectos, no sólo tienen que ver con policías, fiscales, jueces o instituciones penitenciarias. También tiene que ver con el fortalecimiento de todo el Estado a través de la generación de mecanismos para mejorar la recaudación fiscal, un mejor gasto y abatir la corrupción. Eso es lo que dará los recursos para generar los programas sociales que impidan que la delincuencia organizada tenga como carne de cañón a los jóvenes, a los que incorporan en sus actividades por unas cantidades ínfimas.

¿Prevención?

González: Se requieren dos ruedas: la de la prevención y la de la represión, trabajando de manera conjunta Estado y sociedad civil. La debilidad de nuestros Estados hace que ante este tipo de fenómenos tan fuertes, no se tenga la capacidad de procesamiento e investigación. En esos momentos, solo la ayuda internacional puede generar mecanismos que permiten dar resultados. Esa ayuda internacional se puede manifestar de distintas formas, desde programas de formación y capacitaciones para las instituciones locales, la ayuda técnica, las operaciones conjuntas, o como en el caso de Guatemala, el desarrollo de esta unidad de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que tiene como objetivo apoyar a la fiscalía de Guatemala para ayudar en las investigaciones.

Para que esto sea posible se necesita de la voluntad política del Estado, pero cuando quienes ejercen el poder político forman parte de las redes criminales o han sido cooptados por éstas, es obvio que no lo aceptarán…

González: La carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo segundo, capítulo séptimo, señala que hay un momento en que cuando éstos elementos de cooptación del Estado y de delincuencia organizada son tan fuertes que pueden presentar una amenaza para la paz y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, puede determinar, incluso, el uso de la fuerza. En Latinoamérica puede llegar el momento en que la delincuencia organizada llegue a niveles tales que pongan en peligro la paz y seguridad internacional, que obligue a esto.

Quienes se oponen a la ampliación del mandato de la CICIG, entre otros argumentos, alegan que esta comisión vulnera la soberanía del país.

González: La soberanía del Estado, que es lo que alegan quienes se oponen a este tipo de ayudas, radica en el pueblo. Y el pueblo es soberano en cuanto puede ejercer sus derechos, pero si hay organizaciones criminales que les impiden ejercer sus derechos, la ayuda de la comunidad internacional en estos casos, es aceptada y desarrollada en el ámbito de la ONU. Eso es algo que a los pueblos les permite ejercer sus derechos. Es un asunto de soberanía, sí, pero también de derechos de los pueblos: los pueblos son soberanos porque pueden aprobar sus propias leyes, pero si las organizaciones criminales impiden que los pueblos ejerzan sus derechos, es legítimo que pidan ayuda a la comunidad internacional para garantizar su seguridad.

Pero hablar de “pueblo” es algo abstracto. En todo caso, son las élites a las que les corresponde pedir esta ayuda.

González: Los pactos los acuerdan los grupos que ejercen el poder real en una sociedad. Pero en este caso, es el pueblo, las mayorías, no las élites, las mayorías, son las que sufren las consecuencias de las acciones de los grupos criminales. Por eso me refiero a que es el pueblo el que debe exigir a su Gobierno que trabaje con la comunidad internacional, a partir de instituciones como la CICIG, que les ayude a reducir los índices de violencia, para combatir la cooptación del Estado, para reducir la corrupción. Todos los países del mundo están sujetos al mismo esquema de apoyo y desarrollo. Se trata de entender que la soberanía no es sólo un asunto de intervención, sino de garantizar los derechos de las personas.

También hay quienes se oponen a la continuación de la CICIG porque temen ser alcanzados por las investigaciones que ésta realiza.

González: La realidad internacional hace que en el crimen transnacional la competencia sea transnacional. Es decir, los delitos como el lavado de dinero producto de la corrupción, se podrán perseguir a nivel internacional. La competencia de investigación es una realidad transnacional. La persona o funcionario que está vinculado al crimen transnacional, al narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, que piensa que por no tener una CICIG va a tener protección en su país, está equivocado. Eso no es verdad, porque los crímenes son transnacionales y de distintas jurisdicciones.

*Este artículo apareció originalmente en Plaza Pública, y fue publicado con permiso. Vea el original aquí.

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