El reclutamiento sistemático de menores es una de las estrategias más recurrentes del crimen organizado para engrosar sus filas. En Colombia, desde que el conflicto empezó, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 8.533 menores de edad han sido vinculados a grupos armados.
Las recientes medidas de aislamiento han expuesto la precaria situación en la que viven muchos de estos niños y niñas en el país, y las cifras de reclutamiento siguen aumentando.
InSight Crime entrevistó a Julia Castellanos, una de las investigadoras del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), para ahondar en las dinámicas de reclutamiento en el país.
InSight Crime (IC): ¿Qué tipo de eventos registran ustedes en el monitoreo que hacen?
Julia Castellanos (JC): Nosotros hemos venido haciendo ese monitoreo a raíz de esas diferentes situaciones que se vienen presentando a nivel regional. Son siete graves violaciones. Dentro de esas tenemos lo que tiene que ver con el derecho a la vida de los niños y las niñas; allí se monitorean cosas como homicidios, lesiones a raíz de minas antipersonas o explosivos; tenemos violaciones e infracciones contra la libertad personal, que está muy asociada con el tema del secuestro; uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, atado también a esa ocupación que hacen los actores armados; violaciones e infracciones contra el derecho de la libertad sexual, que es una de las categorías más difíciles de entender y de observar en el territorio dada la complejidad misma del delito; lo que hoy es suministro de servicios básicos, que está muy asociada a estas situaciones que se han venido viviendo desde hace mucho tiempo en Colombia, en donde las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas son las más afectadas, y está relacionado con el confinamiento.
Para el caso colombiano, porque estas categorías hacen parte de la resolución 16-12 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establece el mecanismo de presentación de informes, que lo que busca es indagar por la situación de niños y niñas en conflictos armados. Sin embargo, para el caso colombiano, por la complejidad de nuestro conflicto, se incluye también el desplazamiento forzado o refugio. Teniendo en cuenta también los avances y la información que las agencias de Naciones Unidas nos dan sobre este delito, se entiende que más o menos, cada vez que hay un hecho de desplazamiento masivo, por lo menos el 40 por ciento de esas personas son niños y niñas. La COALICO entiende que niños y niñas son todas las personas menores de 18 años, tal como lo establece la convención de los derechos del niño de 1989.
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A esta situación de conflicto armado se suma un escenario de pandemia bastante complicado, en donde, por temas sanitarios se solicita que niños y niñas no vuelvan a sus colegios por salvaguardar su salud. Pero esto implica unos riesgos muy altos, porque la escuela sigue siendo y se ha venido manejando como espacios protectores, que también están en riesgo debido a las situaciones que se viven en casa como también lo hemos conocido en este tiempo como violencia intrafamiliar y demás.
En relación a ello, nosotros hemos evidenciado que la pandemia y particularmente esta situación relacionada con que los niños y niñas no estén en las escuelas, sino que tengan que estar en su casa, con dificultades de sus padres en términos socioeconómicos, los cuales no pueden acceder al trabajo informal, que era el trabajo al que muchos padres en las regiones del país se dedicaban, pues se convierte también en una oportunidad para que los actores armados puedan utilizar este escenario para engañar o coactar a los niños y las niñas o para amenazar a sus padres, y así poder hacer que con este ejercicio ellos puedan ingresar al grupo.
IC: ¿Cuál viene siendo la definición de reclutamiento?
JC: Nosotros desde la COALICO hemos evidenciado que el reclutamiento se entiende como esta acción en la que el grupo armado se lleva al niño o a la niña, coloquialmente, para el monte (zonas rurales). Le pone un camuflado, le da un arma y le establece unas dinámicas propias de la guerra en donde esté en una jerarquía de mando. El uso es entendido como aquellas prácticas de utilización de niños y niñas para tareas específicas, que se dan de manera esporádica y que están asociados por ejemplo a tráfico de armas, de drogas, información puntual de actores armados.
Pero lastimosamente, hace más o menos tres años hacia acá, hemos observado que los actores también han utilizado otras formas de reclutamiento, particularmente en los sectores armados. Entonces, lastimosamente sale mucho más barato que el niño o niña se quede en su casa y siga en la escuela pero que sea parte del grupo y tenga unas tareas específicas, una línea de mando específica. Pero eso tiene, adicionalmente, otro tipo de control. Tiene control del espacio privado, pero también del espacio comunitario y también del espacio escolar.
Allí evidenciamos que hay reclutamiento porque hay una práctica sistemática de dominación, porque se asciende en la jerarquía de mando de acuerdo con las tareas específicas que se les coloca. En muchos casos también hay situaciones asociadas con la legitimación o con el permiso de sus padres, que obviamente están en condiciones socioeconómicas difíciles pero que su hijo o hija esté en un grupo armado les da situaciones de seguridad, les puede dar protección. En algunos casos puede incluso generar ingresos económicos o alimenticios o de ropa.
IC: Desde que iniciaron las medidas de aislamiento, ¿siguen registrando altos índices de violencia contra niños y niñas?
JC: La escuela de manera virtual es muy diferente en las zonas capitales comparado con las zonas rurales y urbanas. Se requeriría una arquitectura mucho más sólida para que esos procesos se pudieran llevar con mucha más fuerza en lo que tiene que ver en lo rural.
En ese sentido, nosotros reportamos a, más o menos el 14 de mayo, que fue nuestra fecha de corte, reportamos 133 hechos violentos, de los cuales 72 afectaron de manera directa a niños, niñas y adolescentes. Dejando un aproximado de 7142 niños y niñas víctimas.
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Resaltamos un escenario bastante particular en este monitoreo y en esta pandemia que es el asesinato de niños y niñas hijos o familiares de líderes y lideresas. Hemos venido evidenciando el incremento de las muertes de niños y niñas en las situaciones que están referidas a ataques directos a líderes y lideresas.
IC: Estas medidas de confinamiento que ha tomado el gobierno tienen impacto en todos, y especialmente en los niños, sobre todo por el cierre de colegios, ¿eso cómo repercute en las dinámicas de reclutamiento?
JC: Sí es una situación preocupante y nosotros lo hemos señalado como una alerta. Reconocemos la importancia de cuidar en términos de salud y en términos sanitarios a toda la población. Pero al estar las escuelas cerradas los niños y niñas están en unas situaciones complejas en la medida en que muchas de esas familias tienen relaciones disimiles que afectan directamente a los niños y a las niñas.
Esto se convierte en un escenario propicio para que el actor armado, desde diferentes estrategias de reclutamiento acceda a los niños y las niñas. Desde ofrecerle unas zapatillas, ofrecerle una recarga celular, regalarles un celular, ofrecerles un salario mensual o quincenal por hacer tareas como extorsión o cobro de vacunas o peajes en algunas zonas del país. Eso se convierte también en un escenario muy complejo del cual se aprovechan los actores armados.
IC: Y en términos de territorios y de grupos armados, ¿dónde se presenta más este fenómeno?
JC: Nosotros hemos evidenciado situaciones muy particulares en diferentes territorios. Tenemos situaciones sociales en todo lo que tiene que ver con el Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y parte del Putumayo. De hecho, tenemos unas alertas muy fuertes de la Defensoría del Pueblo, alertando la situación de reclutamiento en varios departamentos, pero con especial enfoque en la situación de Putumayo.
Tenemos serias situaciones particulares de control territorial muy fuerte de actores armados en todo lo que tiene que ver con la zona del Catatumbo, Arauca, Meta y parte del Guaviare. El Bajo Cauca antioqueño y el Magdalena medio también nos señalan unas preocupaciones importantes frente a estos grupos post desmovilización, pero también por una presencia importante del ELN.
IC: ¿Siempre son los mismos actores o hay alguno que utiliza en mayor medida esta dinámica?
JC: Evidenciamos que también en muchas de las situaciones que nosotros monitoreamos de estas categorías que nosotros presentamos al principio, pues hay más de un grupo armado. Ya sea por disputa territorial, ya sea porque en esa zona hay presencia de los grupos que se reparten esas afectaciones y tenemos también un grupo importante de actores y grupos armados sin identificar.
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Es importante señalar que, en esta mutación de actores, la mutación de sus grupos que nacen, desaparecen, vuelven y nacen; que quizás le quitan un poco de peso a la situación que ejercen en los territorios, pues también es importante dimensionarlo como una estrategia que ellos han utilizado para no ser identificados.
IC: ¿Qué falta por hacer tanto por el lado del gobierno como de las organizaciones sociales para reducir este tipo de delitos?
JC: Esa es una pregunta que si tuviéramos varita mágica sería más fácil responder. Pero, dado este contexto, nosotros saludamos que el ministerio público en cabeza de la Procuraduría, haya hecho visible este tema y haya empezado a tener injerencia importante frente a la solicitud que le hizo a la Fiscalía para la investigación al respecto. Creemos que es un paso significativo en visibilizar un hecho que muchas veces queremos ocultar.
Pero igual sí es necesario fortalecer acciones de prevención. Existen las CIPRUNNA que es la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños y niñas al conflicto armado, así como de la violencia sexual. Se requiere que ese tipo de organismos en donde confluyen muchas de las instituciones del Estado, pues asuman tareas mucho más fuertes en calidad de prevención de reclutamiento, fortalecer los entornos protectores en los que los niños están.
Creemos que es muy importante no bajar la guardia en términos del monitoreo y del seguimiento.
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