Una oleada de ataques contra políticos en la antesala de las elecciones presidenciales de julio en México dirige una vez más la atención hacia la influencia de las organizaciones criminales en la política nacional, con la advertencia de expertos sobre los efectos negativos que estos delitos han tenido históricamente en la participación ciudadana el día de las elecciones.
Más de una docena de figuras políticas han sido asesinadas en México desde el inicio de este año; en promedio más de uno por semana. El 27 de marzo, pistoleros abrieron fuego contra un candidato al congreso en el estado de San Luis Potosí, y lo dejaron herido de gravedad.
Hechos como estos han conseguido que los temores de que la violencia se recrudezca aumenten entre los ciudadanos que se aprestan a elegir un nuevo presidente. Pero la evidencia indica que la inseguridad puede disuadir a potenciales votantes de presentarse a las urnas.
Según un reciente estudio de Sandra Ley, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en Ciudad de México, los elevados niveles de violencia han aumentado los índices de abstención electoral en elecciones anteriores en México.
Analizando datos que incluyen evidencia de ataques contra políticos y representantes del gobierno, encuestas personales compiladas por Ley entre votantes e índices de participación electoral de la temporada de 2012, Ley concluyó que “la violencia criminal-electoral tiene un fuerte efecto depresor en el número de votantes”.
Según su investigación, un solo acto de violencia contra un contra una campaña fue correlacionada por las autoridades de gobierno con una caída de uno por ciento en el número de votantes en las elecciones municipales. Para las elecciones federales, esos ataques corresponden a una caída de dos por ciento.
Aunque a primera vista esto puede no parecer mucho, con frecuencia las elecciones dependen de estrechos márgenes, y el efecto acumulativo de muchos de esos ataques en todo el país puede ser dramático.
El mismo estudio también analizó las decisiones individuales de votación. El autor halló que en las elecciones de 2012, los residentes de municipios que habían registrado ataques contra candidatos o autoridades públicas tenían 19 por ciento menos posibilidades de votar.
Ley halló que los votantes podrían responder a la violencia política quedándose en casa el día de las elecciones, porque la violencia reduce las posibilidades de que haya un candidato idóneo. Y con la influencia particular ejercida por los grupos criminales, la violencia también reduce la probabilidad de que el resultado de la campaña produzca algún cambio significativo.
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Ley también figura como coautora de un segundo estudio publicado en 2017 con el profesor Francisco Cantú, de la Universidad de Houston, que muestra otro peligro que presenta el crimen organizado para los procesos electorales en México.
Los funcionarios de casilla en México —elegidos al azar por el Instituto Nacional Electoral— realizan una función esencial en la democracia del país, pero la violencia criminal reduce fuertemente la disposición de los ciudadanos a aceptar una invitación a prestar ese servicio.
Según Ley y Cantú, en ciudades sin homicidios registrados vinculados al crimen organizado, 84 por ciento de los ciudadanos dio una respuesta positiva al servicio electoral. En municipios donde la tasa de homicidios fue mayor de 100 por 100.000 habitantes, la tasa prevista de aceptación cayó a 66 por ciento.
Los autores apuntaron a la ciudad de Vallecillo, en el estado de Nuevo León, norte de México, que ha estado a ambos lados de esa línea división. En la tranquila década del 2000, el índice de respuestas positivas al servicio como funcionarios de casilla estaba en un promedio de 88 por ciento. Pero en 2011, luego de que una ola de violencia envolviera al estado, ese índice cayó casi la mitad, a 44,5 por ciento.
Análisis de InSight Crime
Como lo demuestran estos dos estudios, la capacidad de los grupos criminales de afectar los procesos electorales en México asume diversas formas.
Aunque la matanza de figuras públicas es el reflejo más espectacular de la influencia criminal en la política mexicana, el trabajo de Ley y Cantu muestra que existen otros mecanismos más insidiosos mediante los cuales los grupos criminales inclinan la democracia en el país para favorecer sus fines, o la debilitan como subproducto de sus objetivos criminales.
Aunque la influencia criminal en las elecciones de México son una preocupación en aumento dada la próxima votación presidencial, no es un fenómeno nuevo.
Uno de los casos más famosos fue el asesinato de Rodolfo Torré, el candidato a la gobernación del estado de Tamaulipas por el partido de gobierno Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue abatido durante la campaña de 2010. La muerte de Torré, que presuntamente cometió el cartel del Golfo, recibió atención internacional, pero las muertes de candidatos a la cámara de diputados son extremadamente comunes, y reciben mucho menos cubrimiento de los medios. Recién la semana pasada, un candidato del PRI a la alcaldía de Puebla fue asesinado por un atacante desconocido.
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La lógica detrás de la violencia es obvia: los grupos criminales dependen de la protección del gobierno para garantizar su existencia, y las elecciones por su misma naturaleza amenazan con trastocar esas provechosas relaciones. Dado que muchas veces prometen un cambio en el régimen político, las elecciones tienden también a provocar desafíos de grupos rivales. Los ataques a candidatos, por lo tanto, son una manera como las pandillas criminales beneficiadas protegen las relaciones existentes, mientras sirven como vía para que rivales advenedizos den la vuelta a su estatus.
Dicha dinámica es mucho más peligrosa en México, donde las elecciones con una una contienda verdadera son una evolución relativamente reciente, y el descontento popular crece por los gobiernos que llegan al poder mediante estas campañas. Entre más civiles “se vuelven vulnerables a la voluntad de los criminales”, como lo expresan Ley y Cantú, más sentido cobra para ellos perder interés en la democracia y la sociedad civil.
Tomados en conjunto, esos estudios piden a gritos que se redoblen los esfuerzos por entender con exactitud cómo el crimen organizado puede afectar las campañas políticas, y promover acciones para salvaguardar las elecciones de México de la influencia criminal.
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