Las agendas criminales podrían representar un “punto ciego” crítico en los intentos por resolver los conflictos armados en Latinoamérica, capaces de sabotear las negociaciones y de arruinar todo el proceso de paz. Teniendo en cuenta estas agendas, en dos procesos de paz que actualmente se están desarrollando en Latinoamérica, podría haber ahora una diferencia entre una paz sostenible y una continua agitación.
Un documento reciente del Foro de Oslo, “Strengthening mediation to deal with criminal agendas” (pdf), pone de relieve cómo las agendas criminales son un creciente dolor de cabeza para los mediadores en los conflictos armados, lo que genera dudas sobre la efectividad de los protocolos probados en el tiempo.
La región está llena de ejemplos de cómo las agendas criminales pueden afectar los procesos de paz. Algunas, como la guerra civil de Guatemala, fueron guerras del pasado, pero produjeron un impacto que se sigue sintiendo hoy en día. Otras, como las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentran en un momento crítico, en el que estas agendas podrían afectar al país, por mucho tiempo en el futuro, si no se tratan adecuadamente.
Los dos últimos años han arrojado también un ejemplo distinto en la tregua entre pandillas de El Salvador, uno de los ejemplos mundiales más significativos de procesos de paz en curso, enfocado exclusivamente en las agendas de criminales, sin rastro de una disputa política o ideológica tradicional. Esto es particularmente relevante en la era moderna, donde el aumento de la violencia se puede atribuir más a la actividad criminal que a la política. Según el informe de 2011 de Global Burden of Armed Violence [pdf], 55.000 muertes fueron el resultado de un conflicto armado, mientras que 396.000 fueron causadas por las agendas criminales y la violencia interpersonal.
El artículo del Foro de Oslo pone a Guatemala como un ejemplo de los peligros que se pueden dar a largo plazo, al no tener en cuenta las agendas criminales en la mediación de los conflictos armados, destacando cómo los acuerdos de paz finales del país, de 1996, no pudieron hacer frente a las agendas forjadas durante los 36 años de guerra civil entre el régimen militar y los guerrilleros de izquierda. Durante ese periodo, se desarrollaron fuertes vínculos entre los militares y las redes de tráfico de drogas y, tras la firma de los acuerdos, los traficantes ricos se convirtieron en financistas políticos clave. Al hacer esto, ellos pudieron subvertir las reformas policiales y judiciales, así como los intentos de ofrecer mejores servicios a las comunidades marginadas.
Basándose en el pasado más reciente, el informe también se centra en el conflicto de Colombia, donde el proceso de desarme, desmovilización y reintegración paramilitar (DDR), entre el 2003 y el 2006, también proporciona un ejemplo de un acuerdo de paz subvertido por las agendas criminales. Como señala el informe, la combinación de una mala gestión del proceso de desmovilización junto con una corrupción de alto nivel, provocó que muchos actores armados escaparan de la justicia. Además, los elementos de las fuerzas paramilitares se dividieron en organizaciones criminales –lo que representa una proporción importante de lo que ahora se denomina BACRIM (de "bandas criminales")- organizaciones que hoy en día supervisan gran parte del flujo de drogas fuera del país.
Asimismo, el documento destaca cómo la relación entre el conflicto civil y la agenda criminal en Colombia sigue siendo un tema crítico en las negociaciones que están teniendo lugar actualmente. La desmovilización de los paramilitares sólo abordó un lado del conflicto, y con las conversaciones con las guerrillas izquierdistas ahora mirando hacia el comercio ilegal de drogas -del cual las FARC gana cientos de millones de dólares al año- las agendas criminales están tomando una vez más el papel protagónico.
Sobre el tema de los procesos de paz centrados exclusivamente en las agendas criminales, el informe analiza numerosas treguas de pandillas en Centroamérica. Aunque la más significativa es la actual tregua en El Salvador, el informe también menciona un proceso similar –aunque fallido- en Belice, así como la debatida tregua en Honduras, que ahora parece estar muerta. Entre las principales recomendaciones para tales treguas, están la necesidad de seleccionar mediadores apropiados y el reto de lograr una reducción en todos los delitos, no sólo en los delitos violentos.
Las recomendaciones del informe incluyen varios puntos de especial relevancia para los procesos en curso en Colombia y El Salvador. Entre ellos se encuentran la necesidad de prepararse para presiones fragmentarias en los grupos involucrados, la necesidad de identificar de inmediato cuáles marcos legales se pondrán en práctica, la necesidad de tener en cuenta el cambio en los ingresos criminales y la necesidad de reunir a los actores de los sectores económico y financiero en el proceso, con el fin de ofrecer "vías significativas de vida alternativa".
Análisis de InSight Crime
Como ilustra el documento del Foro de Oslo, los efectos de la subversión de los acuerdos de paz se pueden ver claramente hoy en Guatemala y Colombia, mientras que los obstáculos para implementar los procesos de paz entre los actores criminales se evidencian por la situación en El Salvador.
En Guatemala, la conexión más obvia entre la guerra y las agendas criminales -las oscuras redes de las fuerzas de seguridad involucradas en el crimen organizado, conocidas como CIACs (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad)- se ha desvanecido en gran medida, pero el país sigue sintiendo el impacto de estas conexiones. Las fuerzas de seguridad sufren de corrupción endémica y clanes de tráfico poderosos, como los Lorenzanas y los Mendozas -con el cual se ha acusado al actual presidente Otto Pérez de tener vínculos- dominan grandes extensiones del país, mientras que los carteles mexicanos también han echado raíces. El resultado es una gran impunidad y una de las tasas de homicidio más altas del mundo [pdf].
En Colombia, decenas de paramilitares encarcelados esperan ser liberados este año después de haber cumplido el término de ocho años dictado por el proceso de DDR, y muchos más siguen causando daño en el país, como parte de las BACRIM. La cuestión de cómo llevar a la guerrilla a la justicia sigue sin respuesta, así como la pregunta de cómo la posible fragmentación y criminalización de las unidades de las FARC será prevenida o tratada. Debe ser un motivo de preocupación que el informe haga un llamado a que se establezcan los marcos legales antes de que comiencen los procedimientos de paz y la preparación que se debe hacer para las presiones fragmentarias. El hecho de que ni una amnistía ni penas específicas para los guerrilleros hayan sido adoptadas oficialmente, o no se hayan discutido aún, sigue siendo un punto importante en las conversaciones, lo que aún podría estropear el proceso.
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En El Salvador, el repunte del crimen no violento, como la extorsión, ha sido una fuente de fuertes críticas y uno de los factores que pesan en contra de la reducción de los delitos violentos. Con una asociación empresarial, reportando el año pasado, que el 70 por ciento de sus miembros estaban siendo extorsionados, la posibilidad de obtener apoyo de forma retrospectiva desde el sector empresarial –como recomienda el informe desde el principio- parece remota.
Otros dos problemas identificados en el informe también podrían poner la tregua en peligro. El primero es la dificultad de mantener el apoyo del público frente a los elementos criminales que aparentemente reciben un trato preferencial. Una cuestión como esa a menudo pasa a primer plano en el periodo previo a las elecciones, como es el caso de El Salvador en este momento. Con las elecciones a tan sólo unas semanas de distancia, el resultado sigue estando en una situación difícil. Si la oposición política contra la tregua logra forjar una victoria, probablemente será en parte debido a la impopularidad de la tregua y probablemente significaría el fin del proceso.
El segundo es la necesidad de proporcionar un empleo estable y de largo plazo, para los miembros de las pandillas. Mientras que los esquemas de trabajo pioneros han tenido cierto éxito en El Salvador, no han estado ni cerca de proporcionar los miles de puestos de trabajo necesarios para atender a todos los miembros de las pandillas en el país. El gobierno de El Salvador no ha dado ninguna garantía o ha diseñado una estrategia para superar este obstáculo, dejando un gran signo de interrogación sobre la longevidad de la tregua.
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Estos son los últimos dos ejemplos en los cuales es más urgente la necesidad de tener en cuenta las conclusiones del informe, ya que los procesos que se están llevando a cabo en Colombia y El Salvador tendrán un impacto en el futuro de los países a corto plazo, y probablemente, a largo plazo. Aunque se les ha dado una consideración importante a las agendas criminales, ambos procesos han logrado el principio central de la conclusión del informe, hay una serie de áreas en las que esos procesos todavía son insuficientes. Si estos no se abordan, entonces, como muestra Guatemala, es poco probable que se tenga bajo control la violencia que ha asolado a ambos países por décadas.
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