Cómo alcanzar un nuevo equilibrio criminal-político en el vacío post-‘Chapo’ de México

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Con Joaquín “El Chapo” Guzmán de nuevo en una celda, muchos analistas y mexicanos comunes y corrientes están preocupados por los esperados efectos colaterales. Cuáles serán estos efectos, y qué tan sangrientos serán, dependerá de las próximas medidas que tome el presidente Enrique Peña Nieto al tratar tanto la cuestión del vacío de poder que ha dejado Guzmán, como las redes políticas y financieras que apoyaron su mando.

Guillermo Valdés, exjefe de la principal agencia de espionaje de México, explicó en una conferencia en Washington DC, una semana después de la captura, que gran parte de la violencia de esta última década se debe a los esfuerzos de Guzmán y de sus aliados del cartel para reconstruir el dominio que los sinaloenses habían mantenido sobre el comercio de drogas en México durante todo un siglo.

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Valdés y otros analistas señalan que el comercio controlado por Sinaloa floreció bajo el patrocinio de las autoridades mexicanas y las fuerzas de seguridad, donde ambos tuvieron un papel activo en la concesión de “plazas” o franquicias locales, a específicos traficantes. Ese sistema se vino abajo después del asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena, y la posterior detención del capo de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo (y asociados).

Las diversas facciones de Sinaloa repartieron geográficamente el comercio -los Arellano Félix en Tijuana, los Carrillo Fuentes en Juárez, los Beltrán Leyva en Acapulco y Ciudad de México. Sólo la esquina del noroeste de México, cuna del Cartel del Golfo, se encontraba fuera de la órbita sinaloense.

Guzmán y sus socios de Sinaloa se trasladaron para reclamar el control, en medio de un vacío de poder dejado después de siete décadas de un gobierno unipartidista centralizado bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto.

El poder político que recaía en la presidencia desde el cambio de siglo pasó a los gobernadores estatales, quienes se mostraron incapaces de mantener a los traficantes a raya. La policía federal y las agencias de inteligencia, alguna vez ampliamente temidas y profundamente corruptas, fueron retiradas en busca de una reforma democrática.

Eso fue una gran noticia para Guzmán y otros jefes narco. Después de décadas de servir como vasallos de los políticos y de la policía, se convirtieron en señores de la guerra, dictando órdenes en lugar de seguirlas.

Los subalternos asesinos de Guzmán tienen un alto grado de responsabilidad por la masacre que ha acosado a México en la última década, ya que trataron de reafirmar el dominio del Cartel de Sinaloa después de adquirir este poder.

Tras años de expandir su territorio, la organización de Guzmán hizo más que unos cuantos enemigos y produjo un negocio eficiente manejado por tenientes competentes. Tanto los rivales del Chapo como sus propios subordinados podían cortar pedazos de su imperio para sí mismos, involucrando gran cantidad de disparos, torturas y descuartizamientos.

“Un aumento de la violencia a causa de esta captura es una posibilidad”, dice el analista Raúl Benítez. “Vale la pena recordar, que hay un gran número de células de asesinos sueltas, armas de alto calibre y, sobre todo, enormes sumas de dinero y drogas en juego”.

Así que ahora que el narco-emperador ha caído, tendrán los vencidos su venganza?

¿Tratará lo que queda de la organización Carrillo Fuentes recuperar el control de Ciudad Juárez? ¿Harán lo mismo los enemigos de Guzmán en Tijuana y el resto de Baja California? ¿Actuarán los Zetas contra los pistoleros de Guzmán en Durango, Zacatecas o el mismo Sinaloa, a pesar de estar debilitados por la pérdida de sus propios jefes?.

Eso dependerá en gran parte de la reacción de Peña Nieto. El presidente anunció esta semana que el gobierno va a ir tras la red política y económica que protegió a Guzmán estos últimos 13 años, desde que escapó de la cárcel en 2001.

Es una buena apuesta decir que un político o dos, y algunos ejecutivos de negocios, serán arrestados. Esa es la forma en que funcionan las cosas aquí. Pero el desmantelamiento de toda la protección política del Cartel de Sinaloa probablemente no sucederá, y por el bien de la estabilidad quizá no debería.

Calderón apostó su presidencia en acabar con las bandas y recuperar el estado de derecho en México. Éste se quedó muy cortó y Peña Nieto no cometerá el mismo error. Si la pacificación a corto plazo es la meta del presidente, tendrá que buscar otras opciones.

Antes de la detención del sábado pasado, muchos observadores argumentaron que tanto Peña Nieto como su predecesor Felipe Calderón habían favorecido a Guzmán con el fin de mantener una “Pax Mafiosa” que impondría la paz entre los rivales del hampa en donde el gobierno no podía.

Si es esto cierto, el favoritismo hacia Guzmán era admitir lo débil que se había vuelto la influencia del gobierno sobre el hampa mexicana. La mano del gobierno no se fortalecerá en el corto plazo.

Esto deja a Peña Nieto esencialmente con dos opciones. “Asociarse” con un poder dominante del hampa para mantener el orden. Esto no es muy diferente de lo que ya se ha empleado (y lo que Estados Unidos hace en su propio país): enviar un mensaje explícito y no tan explícito de que la violencia no es tolerada. Y un socio fuerte del hampa puede colaborar en mantener esa “paz”.

La opción más obvia de con quien “asociarse” es lo que queda del Cartel de Sinaloa. Tan brutal como los asesinos de Sinaloa puedan ser, se han mantenido en su mayoría con el narcotráfico, antes que la extorsión, el secuestro y las agresiones con las cuales se sustentan otros grupos aún más crueles como los Zetas y los Caballeros Templarios. Ese plan “internacional” de negocios encaja perfectamente con el objetivo de Peña Nieto de disminuir los delitos que más afectan a la población en general.

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Sin embargo, puede no ser tan fácil. El Cartel de Sinaloa, post-Chapo, podría desintegrarse más adelante, sus facciones se unen a las más de 80 bandas más pequeñas que han sustituido a los cinco carteles que existían hace 15 años.

La segunda opción es más institucional, aunque requiere de un gran equilibrio político. En lugar de esperar que aspirantes al puesto de Guzman traten de improvisar de forma violenta nuevos carteles que podrían abrumar a los gobiernos locales y estatales, Peña Nieto podría intentar mantenerlos divididos y débiles.

Ante la falta de funcionamiento de la justicia -la policía cumpla sus funciones, y los fiscales procesen- Peña Nieto necesitará de poderosos aliados políticos a nivel estatal y local, condenando la corrupción.

El comercio de narcóticos de México continuará, siempre y cuando existan mercados para ello. La única pregunta será saber quién manejará la industria y cuánto derramamiento de sangre será necesario para esto.

Un retorno al sistema de franquicias profundamente corrosivas de décadas pasadas -en la que los funcionarios y los políticos recuperaron el control- podría no sólo ser la opción preferida por Peña Nieto, sino que podría ser la única.

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