Cómo México concedió US$ 30 millones a un operador financiero del Cartel de Juárez

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Un ex directivo del Banco de México, recibió contratos del gobierno avaluados por más de US$30 millones, a pesar de ser sentenciado años antes por haber sido operador financiero del Cartel de Juárez.

Cuatro cajas repletas con 37.000 billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.

Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: US$740.040. Pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad de Juan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.

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Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta, Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio. La PGR identificó a Dávila Córdoba como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.

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Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005, pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos US$25 millones, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.

Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.

La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza alias “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.

Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.

En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas.

“Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.

A una de sus cómplices, conocida como la ‘La contadora’, le encontraron US$ 2.886.000 en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.

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La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía, según la PGR, en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre US$660 millones y mil millones de dólares al año.

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Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32 por ciento de las acciones.

Según  la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.

“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró en noviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.

Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.

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Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (US$30,2 millones) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.

En una licitación por 207.779.000 pesos (aproximadamente US$ 15.8 millones) de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.

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Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188.662.000 pesos (aproximadamente US$14,8 millones).

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En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70 por ciento de las acciones.

En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos (US$30,2 millones). Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.

Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.

Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.

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El pasado 15 de abril de 2015, un agente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.

Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.

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Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.

Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena alias ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.

‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.

El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después Dávila Córdova dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.

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El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La SEDESOL comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de ‘El Cónsul’. Dávila Córdova era también candidato a convertirse en un proveedor de SEDESOL. El 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato.

Dos de los postulantes fueron eliminados de inmediato. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, Wistano Luis Orozco firmó el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207.779.715 pesos (aproximadamente US$15,5 millones) a el Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188.662.900 pesos.

En el transcurso se abstuvo de declarar para este artículo.

“¿Hablará algo al respecto de este tema?” Se le planteó.

“No, no en absoluto” respondió.

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Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas de Dávila Córdova estuvieron amañadas. En la licitación que se asignó a el Grupo Cónclave se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato. Mientras que en la licitación que se otorgó a PRODESA el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.

Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró por lo menos otras 10 irregularidades en el proceso de licitación.  Se encontró que empresas ‘fantasma’ carecían de la documentación mínima necesaria para hacer una oferta.

Estas irregularidades fueron reportadas por el SAT y el despacho del Procurador General, que ahora investiga el fraude de varios millones de dólares que supuestamente se llevaron a cabo por Córdova Dávila a expensas del programa Cruzada contra el Hambre. 

*Este artículo apareció originalmente en Artistegui Noticias en colaboración con CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus iniciales en inglés). Fue editado y publicado con permiso, pero no necesariamente refleja las opiniones de InSight Crime. Vea la versión original aquí.

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