La más reciente encuesta sobre las percepciones populares de seguridad pública de México revela un país de ciudadanos pesimistas sobre su integridad física y desconfiados de sus líderes, así como un gobierno incapaz de hacer avances significativos.
Como Excelsior informó recientemente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública pone de relieve una serie de desafíos importantes para el gobierno de México, tanto en el ámbito de relaciones públicas como en términos de realmente mejorar las instituciones encargadas de combatir el crimen.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargado de realizar la encuesta, los ciudadanos mexicanos no tienden a denunciar los delitos que ven. El promedio nacional de delitos denunciados es sólo el 12,2 por ciento del total, pero en el estado de Guerrero, que registró el nivel más bajo de denuncia en el país, la tasa se redujo hasta llegar a 6,7 por ciento. (A modo de comparación, un estudio reciente del Buró de Estadísticas Judiciales de Estados Unidos, reveló que un poco más de la mitad de todos los crímenes violentos no fueron denunciados en Estados Unidos).
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En lo que es tanto una causa como una consecuencia de las bajas tasas de denuncia de delitos, los ciudadanos mexicanos tienen actitudes muy pesimistas sobre la posibilidad de que los delitos sean castigados. En todo el país, el 83 por ciento cree que el crimen rara vez o nunca es castigado. Esa cifra se eleva al 94,5 por ciento en la Ciudad de México y a 90,4 por ciento en el Estado de México. En ninguna parte del país es menor que en Yucatán, donde, a pesar de ser uno de los estados más seguros del país, el 69 por ciento percibe que el crimen nunca o rara vez es castigado.
Mezclado en los dos temas anteriores se encuentra el hecho de que las agencias mexicanas desafortunadamente cuentan con poco personal. A nivel nacional, los organismos de seguridad despliegan a 146 personas por cada 100.000 habitantes, en comparación con una recomendación de la ONU de 222 policías por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, la cifra global es ponderada por el valor extremo que es la Ciudad de México, donde la tasa es de 908 agentes de seguridad por cada 100.000 habitantes. En contraste, en estados conflictivos como Michoacán, Coahuila, Baja California y Sinaloa, la cifra oscila entre 12 y 21 agentes por cada 100.000 habitantes.
Otra señal alarmante de un sistema de justicia disfuncional es la alta proporción de reclusos que aún no han recibido una sentencia. A nivel nacional, la tasa es de 35 por ciento, aunque una vez más la media se ve distorsionada por los valores extremos, y la mayoría de los estados están por debajo de la media. En los cinco estados que tienen una peor situación, la cifra oscila entre el 49 por ciento y el 58 por ciento. Sin embargo, no parece haber ninguna correlación entre un proceso judicial lento y la violencia en estatal: el estado más violento es el paraíso turístico de Quintana Roo, y ninguno de los cinco estados se encuentra entre los más violentos de México.
Análisis de InSight Crime
Los problemas de personal son teóricamente fáciles de abordar; con grandes desembolsos de gastos y un compromiso con la contratación de nuevos empleados, México sería de igual modo capaz de superar cualquier déficit de personal. Sin embargo, como InSight Crime ha informado y la historia reciente de México demuestra ampliamente, simplemente arrojar dinero a los problema rara vez tiene un impacto positivo. Muchos gobiernos no tienen la capacidad de absorción para manejar grandes flujos de dinero nuevo, o la capacidad de incorporar a una gran cantidad de personal competente de forma rápida.
Por otra parte, las unidades de reclutamiento anteriores en las agencias estatales y federales muestran que un mero compromiso para contratar nuevos reclutas a menudo no se traduce en una fuerza más eficaz. Si el conjunto de posibles oficiales es demasiado limitado o el interés entre los candidatos valiosos es demasiado bajo, las expansiones en la mano de obra (como la policía federal en la última década) no dan lugar a una fuerza considerablemente más eficaz.
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Es común ver estadísticas sobre las bajas tasas de denuncias por delitos como una demostración de la incompetencia del gobierno y un asunto de inseguridad ciudadana. Pero esas estadísticas también tienen un fuerte impacto en las operaciones de los grupos del crimen organizado en México. La falta de voluntad de denunciar los delitos obviamente reduce la probabilidad de que los criminales, bien sean ladrones de autos de poca monta o sicarios del Cartel de Sinaloa, serán atrapados. También socava la capacidad de las autoridades para reunir información de inteligencia sobre las actividades criminales, y le da a los grupos criminales una mayor libertad para operar de la que hubieran tenido.
Una demostración de esto es que dentro de los estados con niveles más bajos de denuncia de delitos están unos de los los más violentos. Junto a Guerrero estuvieron Nuevo León y Sinaloa, dos estados ubicados al norte del país, con una presencia de larga data de poderosos grupos criminales, los cuales han experimentado una cantidad sustancial de violencia en los últimos años.
El mayor impacto de las estadísticas reveladas en la encuesta -desde las agencias que cuentan con poco personal hasta la enorme proporción de presos que aún no han recibido una condena, y la falta generalizada de confianza entre la gente- es en su apoyo al círculo vicioso que prevalece en México. Ciudadanos abrumados no confían en sus funcionarios, lo que significa que a las agencias gubernamentales se les niega la colaboración vital con la población civil, que a su vez erosiona su desempeño.
La situación deja sólo un gran ganador: los criminales.
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