La elección de Donald Trump generó conmoción en Latinoamérica y el mundo, y si él cumple con sus promesas económicas, su investidura puede hacer lo mismo en el panorama criminal de México.
La investidura de Trump este viernes 20 de enero marca un cambio significativo en las posturas tradicionales estadounidenses frente a muchos temas, desde la política nuclear y las relaciones con Rusia hasta las finanzas y el comercio. En este último aspecto, Trump ha prometido renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha emprendido una campaña de acoso contra las empresas multinacionales que piensan invertir en México y ha jurado reactivar la manufactura al interior del país, con el fin de revertir el déficit en la balanza de pagos.
La orientación general de las políticas de Trump se empezó a manifestar incluso antes de que tomara posesión del cargo, presionando a algunas empresas multinacionales para que cancelaran sus inversiones en México. Esto hizo que Carrier y Ford, entre otras empresas, fortalecieran sus inversiones de capital en Estados Unidos a expensas de sus operaciones en México. Trump también ha atacado a Toyota y BMW por sus planes de invertir en el país azteca, aunque hasta el momento no ha habido un cambio de planes evidente para redireccionar sus inversiones. Sin embargo, la agenda de Trump, si se aplica en todo su rigor, podría contraer las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.
Debido a éste y otros temas, Trump representa el final de la estrecha relación entre el gobierno estadounidense y su contraparte mexicana por más de 30 años. Esta posibilidad generó un precipitado colapso del peso y ha provocado muestras de alarma en las autoridades mexicanas. El presidente Enrique Peña Nieto se ha negado, en repetidas ocasiones, a pagar el muro que Trump planea construir en la frontera, a pesar de sus alardes durante la campaña, y ha discutido la posibilidad de usar la política de inmigración y seguridad mexicana para influir en la política comercial estadounidense.
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Como ocurre con la mayor parte de la agenda política de Trump, hay una falta de coherencia e integridad con respecto a su vecino del sur —por ejemplo, resulta poco probable que se revierta el déficit del balance de pagos del comercio estadounidense mientras el dólar continúe con su fortaleza actual— pero si Trump logra convertir sus promesas económicas en verdaderos cambios de política, se podrían generar una serie de cambios profundos en el crimen organizado mexicano.
Análisis de InSight Crime
Con más de US$300 mil millones anuales, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan un océano de comercio que les ofrece a los narcotraficantes —cuyo capital de entre US$5 y $10 mil millones representa una pequeña porción del total del comercio legal— una amplia oportunidad para esconderse. Los millones de camiones, barcos y aviones de carga que cruzan la frontera anualmente hacen que la tarea de introducir unos pocos kilos de cocaína o heroína a Estados Unidos resulte fácil. Pero si ese océano se seca, transportar el contrabando va a ser cada vez más difícil.
Incluso aparte de las restricciones al acceso al mercado estadounidense, las políticas de Trump que buscan contraer las exportaciones mexicanas también pueden afectar las dinámicas del crimen local. Una renegociación del TLCAN que reduzca el crecimiento de la dependencia exportadora en el norte también impediría el mercado de drogas recreacionales, una creciente fuente de ingresos para grupos criminales en ciudades como Juárez o Tijuana. Una desaceleración económica también reduciría las oportunidades de llevar a cabo actividades de extorsión y lavado de dinero mediante el comercio legítimo.
Si Trump cumple con su propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y disminuir la inmigración, se podrían afectar aún más las prácticas criminales mexicanas. Los grupos criminales se han beneficiado cada vez más del tráfico de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera. Si la inmigración ilegal tiende a parar, como lo promete Trump, esos ingresos disminuirían. Un muro dificultaría el trabajo de los traficantes de personas, así como el de las mulas, para pasar drogas o dinero a través de la frontera en áreas remotas de Texas, Arizona o Nuevo México.
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Con esto no se pretende sugerir que los mexicanos deban recibir de buena manera las duras políticas de Trump. Todo lo contrario, lo que esto demuestra es que los intereses de México están alineados con los de sus grupos criminales, pues una reducción en la prosperidad afectaría a ambas partes. Adicionalmente, si se cumple el escenario más pesimista, ello probablemente generaría más violencia en México, pues los grupos criminales lucharían por apropiarse de una porción de un pastel que es cada vez más pequeño.
Muchos otros efectos secundarios afectarían al crimen organizado como resultado de los cambios prometidos por Trump. Un largo distanciamiento entre los dos gobiernos podría afectar la cooperación en temas de seguridad, después de años de inteligencia compartida que le ha permitido a México dar con la mayoría de sus hombres más buscados.
Finalmente, el tráfico de drogas se sustenta en la demanda, y no hay ninguna posibilidad realista de que Trump —o cualquier otro gobierno— implemente un plan que ataque la demanda estadounidense. Eso indica que ninguno de los posibles efectos de sus políticas económicas presentadas anteriormente lograría limitar en gran medida el acceso de los norteamericanos a las drogas, sólo perturbaría temporalmente las cadenas de suministro que abastecen los mercados de consumidores en ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Mientras haya un apetito multimillonario por las drogas ilícitas, los grupos criminales buscarán la manera de satisfacerlo.
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