El poder corruptor de los narcotraficantes mexicanos se encuentra enquistado en las corporaciones policiacas del sur de Estados Unidos. Una investigación del colectivo Dromómanos, galardonado con el premio de periodismo Ortega y Gasset, publicado en El Universal, muestra que los sobornos de los capos de la droga han alcanzado a una gran cantidad de sheriffes, patrulleros fronterizos y agentes de aduanas en Texas.
Cuando José Pérez regresó a su casa la tarde del 26 de julio de 2012, seis policías irrumpieron en su domicilio gritando “¿Dónde están los mojados?”.
Los oficiales, miembros de la Unidad Panamá, un grupo creado para combatir al narcotráfico en el condado de Hidalgo, en el sur de Texas, comenzaron a inspeccionar la casa en busca de los supuestos migrantes. Al no encontrar ninguno, empezaron a vociferar desesperados:
“¿Dónde está el dinero?”.
En el registro se llevaron US$4.000, así como las joyas y perfumes de la esposa de Pérez.
Pero no les pareció suficiente.
Los agentes se enojaron de nuevo:
“¿Dónde está la droga?”.
Según el relato de Pérez, después de otra infructuosa búsqueda, lo amenazaron:
“Llama a alguien que venda droga. Si no te vamos a llevar a algún sitio, ya sabes a qué me refiero”.
Esta historia es un extracto de un artículo que apareció originalmente en El Universal y fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí.
Pérez llamó a un contacto.
“Esto es la frontera, aquí todo el mundo conoce a alguien que vende”, dice en el jardín de su casa en Pharr, una pequeña ciudad de 70.000 habitantes, muy cerca de McAllen.
Unos minutos después de la llamada, el vendedor estacionó su coche frente a una tienda. Apenas abrió la cajuela, los policías lo arrestaron: cargaba dos kilos de cocaína y US$50.000. Según la denuncia que Pérez interpuso ante la Corte Federal, la Unidad Panamá sólo declaró que se habían decomisado unas cuantas grapas.
La denuncia civil de Pérez fue desestimada, pero supuso el inicio de la caída de la unidad antinarcotráfico. En diciembre de 2012, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en inglés) arrestó a la mayor parte de sus miembros y en abril de este año fueron condenados nueve agentes por conspiración para el narcotráfico, además de tres traficantes que trabajaban con los policías.
La sentencia dice que la Unidad Panamá se dedicaba a robar droga en las casas de acopio situadas en la frontera, que trabaja al servicio de grupos de traficantes y que custodiaba cargamentos que viajaban en tráileres hacia el norte. En una ocasión, los informantes del FBI siguieron a Jonathan Treviño, el líder de la unidad, mientras daban protección a un tráiler que se suponía llevaba siete kilos de cocaína. Les pagaron US$6.000 por escoltar al camión.
Pero el caso de la Unidad Panamá no es aislado. Una investigación realizada por este diario muestra que una gran cantidad de oficiales de la ley, entre ‘sheriffes’, patrulleros fronterizos y agentes de aduanas que trabajan en el sur de Texas, han sido sobornados por el crimen organizado. Según las autoridades y estadísticas locales, en la frontera de Estados Unidos circula la droga de siete carteles, con especial incidencia del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas.
La mano del Golfo
La Unidad Panamá trabajaba especialmente para Tomás El Gallo González, un hombre que llevaba una doble vida como dueño de una empresa de transportes y como uno de los grandes capos de la zona, con vínculos con el Cartel del Golfo. González también fue detenido y condenado. Habían realizado muchos viajes cargando desde 360 hasta 3.000 kilos de marihuana y varios cientos de kilos de cocaína.
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Un informe del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus sigas en inglés) de Estados Unidos, dado a conocer a mediados de este año, señala que unos 2.000 policías, agentes y funcionarios son investigados por su relación con el crimen organizado. Dicho organismo sigue la pista a aquellos trabajadores públicos que han recibido sobornos para proteger criminales, facilitar cruces de droga, escoltar cargamentos y traficar droga de los carteles mexicanos.
El último informe de la Oficina de Auditoría Gubernamental (GAO) indica que 144 agentes de la Patrulla Fronteriza fueron arrestados entre 2005 y 2012 por corrupción, en muchas ocasiones relacionada con drogas. 48 de ellos trabajaban en Texas.
“El sur de Texas, especialmente el Valle del Río Grande, es la parte más corrupta de la frontera”, dice Guadalupe Correa, profesora la Universidad de Texas en Brownsville.
Policías malosos
Los escándalos de corrupción se han repetido en la mayoría de los 14 condados fronterizos que hay desde Brownsville hasta El Paso. Agentes fronterizos, policías locales así como jueces y políticos han llegado a aceptar dinero del narcotráfico. En Cameron, el exsheriff Conrado Cantú cumple una condena de 24 años por liderar una banda dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. En Starr, el exsheriff Reymundo Rey facilitaba la entrada de droga proveniente de Tamaulipas y tenía nexos con el capo José Carlos Hinojosa y sus socios del Cartel del Golfo.
A principios de octubre, Robert Maldonado, un exagente de la oficina del sheriff en Hidalgo, fue condenado a 12 años de cárcel por lavar US$40 millones para el Cartel del Golfo, según la fiscalía. El último sheriff de la zona en caer fue Guadalupe Treviño, un policía estrella en el condado de Hidalgo que contaba con más del 80 por ciento de aprobación y es padre de Jonathan Treviño, el ex jefe de la Unidad Panamá.
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Guadalupe Treviño, un hombre canoso de bigote recortado, fue condenado a cinco años de prisión después de declararse culpable de lavar US$10.000 para su campaña para reelegirse como sheriff en 2012. Cuando detuvieron a su hijo por las operaciones ilegales de la Unidad Panamá, varios agentes empezaron a revelar cómo el sheriff los obligaba a darle una parte de las ganancias procedentes del tráfico de drogas.
Su ex mano derecha, José Padilla, es uno de los principales testigos en su contra; ahora está protegido por el FBI. Él lo asocia con El Gallo, con quien supuestamente empezó a tener relación desde 2011. Todavía hoy, en la casa del capo, una mansión en medio de una barrio modesto, hay dos carteles de campaña de Treviño. El exsheriff, que en estos momentos apela la sentencia, niega estar involucrado con el narco.
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“Desde que llegó Guadalupe Treviño a las oficinas del sheriff (en 2005), sabíamos por varios informantes que recibía contribuciones ilegales en efectivo y que provenían de narcotraficantes. Estaba recibiendo dinero del cartel”, sostiene Robert Caples, ex candidato republicano a sheriff de Hidalgo y dueño de una agencia de investigación privada. Tras varios años de denuncias, que había dado a conocer al FBI, Caples decidió lanzarse en la última campaña de 2012 contra Treviño para comprobar que recibía financiamiento del narco.
Año y medio después de la incursión de la Unidad Panamá, José Pérez cuenta que tiene que ir al psiquiatra, ha vuelto a fumar a pesar de tener bypass en el corazón y sufre episodios de paranoia.
“Las cosas por su nombre. Eso fue una invasión, un robo y un secuestro”.
* Este artículo fue escrito por José Luis Pardo y Alejandra Inzunza para el periódico mexicano El Universal, como parte de una investigación realizada por el colectivo Dromómanos sobre el crimen organizado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Vea artículo original aquí. Sígalos en Twitter en @Dromomanos y vea más de su trabajo en https://www.dromomanos.com.
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