En medio de los tropiezos que vienen presentado las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, un informe del Transnational Institute encuentra profundas fallas en el acuerdo alcanzado en mayo sobre drogas ilegales, haciendo hincapié en las dificultades que implicaría su implementación y en las pocas probabilidades de que consiga mejorar la situación sobre el terreno.
En un informe titulado "Drugs, Armed Conflict, and Peace" (Drogas, conflicto armado y la Paz - pdf) Ricardo Vargas -investigador asociado del Transnational Institute- examina el acuerdo parcial sobre drogas ilegales alcanzado en mayo durante las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del país.
En un comunicado de prensa conjunto emitido el 16 de mayo, ambas partes expusieron los puntos principales del acuerdo, incluyendo la implementación de programas de sustitución de cultivos ilegales y la ruptura de los vínculos de las FARC con el narcotráfico. El acuerdo pone énfasis en la erradicación de los cultivos ilegales de coca, y estipula que las comunidades que cultivan esta droga podrán participar en la planificación y ejecución de los programas de sustitución de cultivos.
Sin embargo, según Vargas, el acuerdo probablemente tendrá un impacto mínimo en el tráfico de drogas, pues no aborda las causas fundamentales de la economía de la droga ilegal. Vargas sostiene que el cultivo de coca ilegal es un "síntoma de la exclusión social" y, por lo tanto, no puede limitarse a ser resuelto con la erradicación de los cultivos de coca.
Vargas señaló que para que la sustitución de cultivos funcione es necesario abordar las deficiencias de comunicación e infraestructura en las zonas rurales, así como los factores relacionados con la protección del medio ambiente. Argumenta que los agricultores locales necesitan tener una voz en la explotación de los recursos naturales y también en los otros temas que afectan a sus comunidades, en lugar de sólo estar autorizados participar en la toma de decisiones relacionadas con la erradicación de la coca.
Vargas también cuestiona si el compromiso de las FARC de poner fin a su participación en el comercio de narcóticos tendrá un impacto significativo sobre la economía de las drogas ilegales. Dada la gran cantidad de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, sostiene que es probable que otra organización se tome el lugar que actualmente ocupan las FARC en el comercio. Vargas agrega que la ausencia del grupo guerrillero en realidad podría servir como un incentivo adicional para que los agricultores rurales continúen cultivando coca, pues ya no tendrían que pagar un "impuesto" a las FARC.
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Desde la perspectiva de la política de drogas, el informe también resalta los defectos del acuerdo que enmarca el enfoque dado a las drogas ilegales. Si bien los términos del acuerdo indican la creencia de que la prohibición es la respuesta al comercio ilegal de las drogas, Vargas insiste en que la idea de encontrar una "solución definitiva ... es poco realista." En su lugar, escribe, Colombia debería considerar una estrategia más global que implique los compromisos de otros países para estudiar la regulación de las drogas. El informe señala que el acuerdo actual equivale a "viejas recetas en nuevos empaques", ya que hace eco al énfasis en la prohibición que ha impulsado a las políticas de drogas que actualmente existen a lo largo de la región.
Análisis de InSight Crime
El gobierno colombiano y las FARC han estado participado en las conversaciones de paz desde 2012 y hasta el momento han alcanzado acuerdos sobre la reforma agraria, la participación política y las drogas ilegales. La próxima ronda de conversaciones de paz, que se centrará en las víctimas del conflicto, está programada para comenzar el 12 de agosto. Si bien el acuerdo parcial alcanzado en cuanto a drogas ilegales sirve como una señal prometedora de que las conversaciones de paz están progresando, en el caso de que en última instancia se llegue a firmar un acuerdo, es probable que las medidas que se han estipulado sobre el comercio de drogas sean difíciles de implementar.
Como señala Vargas, el cultivo de coca es facilitado por la pobreza generalizada y la falta de desarrollo rural en las zonas remotas de Colombia. Como resultado, los intentos previos para implementar programas de sustitución de cultivos, han fracasado en gran medida debido a las dificultades de transporte y a las fluctuaciones en los precios de los cultivos legales. Mientras que los traficantes de drogas normalmente están dispuestos a obtener la coca directamente de los agricultores, otros cultivos requieren un acceso fiable a los mercados, de los cuales carecen muchas zonas rurales remotas. Según El Tiempo, la resiembra de la coca ocurre en el 42 por ciento de los casos de erradicación voluntaria o forzada.
Mientras tanto, las FARC están profundamente involucradas en el tráfico de drogas, el cual la organización utiliza como un medio para financiar su insurgencia. Aunque la cúpula de las FARC ha afirmado durante mucho tiempo que sólo imponen un impuesto, o "gramaje", a la producción y el tráfico de drogas en sus áreas de operación, la evidencia sugiere que ciertos “frentes” o unidades de la guerrilla participan en todos los niveles del negocio de la droga.
La reciente captura del comandante del Frente 30 de las FARC ilustra el alcance de las actividades de narcotráfico del grupo guerrillero. Martín Leonel Pérez Castro, alias "Richard", presuntamente dirigía las operaciones de drogas del grupo en la Costa Pacífica del país, gestionando los cultivos de coca, el procesamiento de cocaína, y las rutas de tráfico de drogas a Centroamérica. Al parecer, Pérez tenía alianzas con los carteles de México y ya había trabajado con el grupo criminal los Rastrojos.
La afirmación de Vargas de que las FARC serán sustituidas de forma rápida y fácil en el negocio de las drogas, es apoyada por los informes de que el Cartel de Sinaloa de México está comprando a las FARC laboratorios de cocaína y otros activos del narcotráfico. También son numerosos los grupos criminales colombianos que probablemente estarán ansiosos de asumir el control del territorio de las FARC, entre ellos el poderoso grupo criminal los Urabeños.
Otro obstáculo importante para la implementación del acuerdo es la probabilidad de que elementos de las FARC se criminalicen en algún momento, durante o después del proceso de paz. Hay algunos ejemplos destacados de grupos armados ilegales en Colombia que han participado en largos procesos de negociación con el gobierno y en los que sólo ciertas facciones se han desmovilizado.
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Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2003, pero las facciones de la organización se han transformado en grupos narcoparamilitares dedicados al tráfico de drogas y a otras actividades ilegales.
El grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) se sometió a un proceso similar. La mayor parte de la organización se desmovilizó en 1991, pero una de sus facciones se negó a entregar sus armas y se ha convertido en un jugador importante en el negocio de la droga en la región fronteriza al noreste del país, cerca de Venezuela.
Independientemente de lo que se acuerde en La Habana, algunos elementos de las FARC, sin duda, continuarán beneficiándose del comercio de la droga tras el alcance de cualquier acuerdo de paz. Y, a menos que el gobierno colombiano invierta en el desarrollo rural, los pequeños agricultores probablemente seguirán suministrando coca al grupo -o a cualquier otra organización que llegara a ocupar su lugar.
Aunque el gobierno colombiano sigue adelante con el proceso de paz, será esencial considerar si los acuerdos que se están realizando son o no sostenibles, o si simplemente conducirán a un nuevo capítulo de la sangrienta guerra contra el narcotráfico en el país.
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