La cámara de representantes de Estados Unidos aprobó enmiendas de ley encaminadas a endurecer las medidas contra funcionarios centroamericanos corruptos. Esta legislación es el último de una serie de mensajes políticos a funcionarios investigados por corrupción y enriquecimiento ilícito en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
Las enmiendas, aprobadas por unanimidad, están incluidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional anual (NDAA, en inglés), obligan al Secretario de Defensa a que nombre, en una lista especial, a funcionarios de gobiernos centroamericanos involucrados en “gran corrupción” o acusados de haber recibido financiamiento electoral de narcotraficantes u otros grupos criminales.
Norma Torres, congresista demócrata de origen guatemalteco autora de la propuesta legislativa, había adelantado en una entrevista exclusiva con InSight Crime, realizada a finales de abril de 2018, que consideró necesario impulsar el paquete de reformas porque “hay personas que están obstaculizando la agenda anticorrupción”.
Dice Torres: “Veamos quiénes son esas personas (corruptas); veamos por qué lo están haciendo; veamos si están relacionados con narcotráfico o con el tráfico de personas… Estoy tratando de impedir (que se reduzca la ayuda); diciendo que no castiguemos a todos esos países porque hay gente que está trabajando por mejorar las condiciones”.
De acuerdo con la congresista en Washington hay cada vez más voces, republicanas y demócratas, que se pronuncian por que se reduzca o elimine la ayuda a países como Guatemala, El Salvador y Honduras porque no ven “una intención real (de combatir la corrupción), ni el progreso que esperaban”.
Lo aprobado exige al Pentágono y al Director Nacional de Inteligencia que entregue a los comités de exteriores del Senado y la cámara baja la lista de funcionarios corruptos o que tengan nexos con el crimen organizado a más tardar 180 días después de la aprobación del decreto; es decir, antes de que termine 2018.
La lista debe incluir “los nombres de los funcionarios de gobierno en Honduras, Guatemala y El Salvador de quienes se sepa han cometido o facilitado grandes actos de corrupción o el tráfico de narcóticos… que se sepa hayan recibido fondos de campaña (electoral) provenientes del narcotráfico y otros ilícitos en los últimos dos años”, dijo la congresista.
No está claro a qué tipo de sanciones serán sujetos los funcionarios nombrados en esa lista. Torres asegura que decidir eso es “potestad de todo el Congreso, pero como mínimo deberíamos de saber quienes son (los corruptos)”, apunta.
Los cambios, aprobados el jueves 24 de mayo de 2018, son otro mensaje que llega en los últimos meses desde el poder político estadounidense a gobernantes del Triángulo Norte sobre quienes pesan acusaciones o incluso investigaciones formales por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Los mensajes de Washington, sin embargo, han sido confusos desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.
Análisis de InSight Crime
Las crisis políticas generadas en el Triángulo Norte por la gran corrupción atribuida a presidentes y en general a otros funcionarios de gobierno no han hecho más que empeorar en los últimos meses, sobre todo en Guatemala y Honduras.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales ha estado enfrentado al Ministerio Público de su país y a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) desde que en 2017 ambas entidades lo acusaron de recibir financiamiento electoral ilícito durante su campaña electoral en 2015.
Ese enfrentamiento, que ha marcado la política guatemalteca de los últimos años, llevó al presidente a pedir la salida del país de Iván Velásquez, el jefe de CICIG, y más recientemente de Anders Kompass, el embajador de Suecia, país que es uno de los principales financistas de la comisión internacional.
Y ese choque también llegó a Washington en forma de cabildeo político, pero a través del llamado caso Bitkov, una complicada trama que involucra a una familia rusa detenida en Guatemala por pagar por pasaportes falsos, a un magnate que acusa a CICIG y al MP de perseguir a esa familia por órdenes del presidente ruso Vladimir Putin, y a dos senadores republicanos, Marco Rubio y Chris Smith, que han puesto en duda la lucha anticorrupción en Guatemala.
Rubio incluso ha anunciado que pedirá poner un alto temporal al financiamiento de US$6 millones anuales que el Congreso ha aprobado para CICIG.
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Los mensajes hostiles han recibido respuesta de otros congresistas, encabezados por Torres y el senador Patrick Leahy de Vermont, quienes entienden que mecanismos como comisiones internacionales de investigación y la cooperación para el fortalecimiento de las fiscalías de la región han ayudado a poner en pie casos judiciales que antes eran poco usuales en Centroamérica y que, en los últimos años, han permitido investigar a varios expresidentes y políticos poderosos en la región.
Torres dijo en un comunicado que su oficina publicó, tras la aprobación de las nuevas medidas, que entiende esto como una forma de apoyo a las fiscalías de la región.
La serie más confusa de mensajes, no obstante, atañe a Honduras, y tiene que ver con otros mecanismos de control que el Congreso en Washington ya había aprobado, como es el caso de las certificaciones contempladas en el plan de cooperación conocido como Alianza para la Prosperidad, gestado en los años de la presidencia de Barack Obama y que condiciona el desembolso de ayudas a avances en el combate a la corrupción y el crimen organizado.
En 2017, sin embargo, la efectividad de esas certificaciones quedó en duda cuando el Departamento de Estado extendió la que correspondía a Honduras, justo cuando en ese país la reelección del presidente Juan Orlando Hernández era cuestionada por fuertes sospechas de fraude.
Aunque medidas legislativas como las aprobadas han dado un aire a los incipientes esfuerzos institucionales que intentan controlar a quienes hace mal uso de fondos públicos, los mensajes contradictorios que llegan desde Washington hacen dudar sobre la efectividad real de esas medidas.
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