Un nuevo análisis indica que el Congreso estadounidense está decidido a hacer contrapeso a las propuestas presentadas por Trump de recortes masivos en la ayuda en seguridad para Latinoamérica, un nuevo mensaje contradictorio de Washington que genera incertidumbre en sus aliados de la región.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de Estados Unidos, rama de investigación interna de la legislatura, publicó recientemente un informe en el que se analizan las diferencias entre la propuesta presupuestaria de la administración Trump y las del Senado y la Cámara de Representantes en lo que respecta a la ayuda estadounidense para Latinoamérica y el Caribe.
La propuesta de Trump, dada a conocer en mayo de 2017, reduciría el total de ayuda exterior a Latinoamérica y el Caribe de US$1.700 millones en 2017 a US$1.090 millones para 2018, una reducción de 36 por ciento que dejaría la financiación regional en su nivel más bajo desde 2001.
El informe del CRS resalta que las drásticas reducciones propuestas hacen parte de la política exterior de Trump, conocida como “America First” (primero Estados Unidos), que se propone reducir la ayuda exterior de manera global para recanalizarla a “problemas internos de Estados Unidos, como la migración irregular y el crimen transnacional”.
Sin embargo, el informe señala que en lo que respecta a la ayuda para Latinoamérica, “las prioridades del congreso parecen diferir en varios aspectos con la administración Trump”.
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Por ejemplo, las propuestas de asignaciones de la Cámara y el Senado proponen algunos recortes leves en la ayuda para Colombia, México y Centroamérica que no obstante son muy superiores a los niveles de financiación propuestos por la administración.
En el caso de Colombia, la administración Trump solicitó US$251 millones para apoyar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país. La solicitud representa una reducción de más de 30 por ciento en comparación con la financiación de 2017. La Cámara, por el contrario, entregaría US$336 millones —una rebaja de 14 por ciento— y el Senado entregaría US$391 millones —el mismo monto de 2017—.
En lo que respecta a la seguridad y el estado de derecho en México, la administración Trump volvió a solicitar una baja en la ayuda de más de una tercera parte, de US$139 a US$88 millones. En contraste, la propuesta de la Cámara únicamente recortaría US$2 millones, y la propuesta del Senado entregaría US$144 millones, US$5 millones más que en 2017.
Trump solicitó una reducción de 30 por ciento en el presupuesto para la “Estrategia de Asistencia de Estados Unidos hacia Centroamérica” (Strategy for Engagement in Central America), de US$655 a US$460 millones. Entretanto, la Cámara entregaría US$615 millones, 6 por ciento por debajo que el año anterior, y el Senado otorgaría US$600 millones, una baja de 8 por ciento en comparación con 2017.
Aunque es improbable que la Cámara y el Senado recorten la ayuda hasta el punto en que lo ha pedido la administración Trump, según el informe del CRS, estas propuestas de “rebajar la ayuda estadounidense pueden tener implicaciones importantes para la política estadounidense en Latinoamérica y el Caribe”.
El informe afirma que el drástico recorte de la ayuda propuesto por Trump podría llevar a un “declive de la influencia estadounidense en la región”. Además, el autor indica que los recortes pueden dar pie a que el Departamento de Defensa adopte una mayor participación en la cooperación en seguridad, que, según advertencias de algunos expertos, podría generar resultados negativos.
Análisis de InSight Crime
El contrapeso del congreso a la solicitud hecho por Trump para hacer recortes drásticos en la ayuda a Latinoamérica subraya los retos que ha enfrentado la administración para implementar una estrategia coherente en el trabajo en asuntos de seguridad con aliados regionales.
Los llamados de Trump a recortar la ayuda seguramente buscan apelar a su base política nacional. Pero la estrategia puede correr el riesgo de distanciar aún más a importantes países aliados.
Por ejemplo, la semana pasada, Trump amenazó con dejar de prestar ayuda a México y a las naciones centroamericanas de Honduras, El Salvador y Guatemala “si no pueden impedir que lleguen drogas”.
Como lo había señalado InSight Crime, hacer grandes recortes a la ayuda puede ir en detrimento de las medidas que buscan mejorar las condiciones de seguridad en estos países azotados por el crimen. Incluso, estas amenazas repetidas han despertado inquietud entre aliados claves —más recientemente Honduras— en lo que respecta al futuro de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
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Pero a pesar de la agresiva retórica de Trump, Ben Raderstorf, analista del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, comentó a InSight Crime que “nunca ha habido una posibilidad de hacer recortes importantes al punto que lo ha solicitado la administración Trump”.
“Nada radical” se espera para la ayuda en 2018 a Colombia, México o los países del Triángulo Norte de Centroamérica, porque en el Congreso estadounidense hay amplio respaldo a esos programas existentes, dijo Raderstorf.
“La gran mayoría, si no la totalidad [de los programas de ayuda para estos países], tienen defensores muy fuertes en Capitol Hill en ambas facciones, en especial en lo referente a Centroamérica y Colombia”, comentó.
Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group, organización de defensa con sede en Washington, DC, coincidió en que se mantendrá una relativa estabilidad de la ayuda a pesar de los leves recortes propuestos por el congreso. Sin embargo, Haugaard puntualizó que aunque la primera propuesta presupuestaria de Trump fue rechazada por la legislatura, el presupuesto de 2019 —cuya presentación está prevista para la semana próxima— puede “reflejar las verdaderas prioridades de la administración” que podrían poner a tambalear la ayuda.
“Para la primera ronda era más palabras vacías que una reestructuración drástica de la ayuda. La cuestión es lo que suceda de ahora en adelante”, concluyó Haugaard.
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