Conozca a los nuevos ‘narcogobernadores’ de Perú

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Tras las elecciones de última vuelta del 7 de diciembre, Perú ha elegido a al menos seis gobernadores que se encuentran bajo investigación o enfrentan cargos por delitos que van desde la malversación de fondos hasta el tráfico de drogas, lo que socava la legitimidad de los gobiernos regionales en muchas partes del país.

A pesar del revuelo creado por las revelaciones que surgieron en el período previo a las elecciones de octubre en Perú, de que cientos de candidatos habían sido declarados culpables de un delito o vinculados al tráfico de drogas, los votantes eligieron a al menos seis gobernadores presuntamente involucrados en actividades criminales. InSight Crime retrata a algunos de los nuevos “narcogobernadores” de Perú, como los llama un analista, así como a algunos otros líderes electos, presuntamente criminales, del país.

Ricardo Flores Dioses, elegido gobernador de Tumbes

El recién elegido gobernador de la provincia de Tumbes de Perú, Ricardo Flores Dioses, enfrenta 70 acusaciones incluyendo malversación de fondos, lavado de dinero, extorsión y encubrimiento. En 2008, Flores fue condenado a cuatro años de prisión por la apropiación indebida de fondos públicos, pero su sentencia fue suspendida. Una gran parte de otros procesos judiciales en su contra han sido archivados.

Antes de ser gobernador, Flores se desempeñó como alcalde de la ciudad de Tumbes durante cuatro periodos. Ha estado vinculado al exgobernador prófugo de Tumbes, Gerardo Viñas, quien está siendo investigado por corrupción.

Gilmer Horna, elegido gobernador del Amazonas

Oficialmente, Gilmer Horna es propietario de una empresa de autobuses y de una popular cadena de restaurantes de pollo. Extraoficialmente, ha sido vinculado al tráfico de heroína y morfina en el norte de Perú.

Horna, quien está siendo investigado por presuntamente lavar más de US$3,5 millones, encarna la situación en la cual una persona pasa de la pobreza a la riqueza. Su padre murió cuando él era un niño y Horna se vio obligado a abandonar la escuela para ayudar a mantener a sus seis hermanos. La historia oficial es que Horna comenzó a lavar los platos en un restaurante de pollo en Lima, y ahora es dueño de su propia cadena.

Sin embargo, hay otras teorías sobre el origen de la riqueza de Horna. Según una investigación realizada por la revista Velaverde, Horna tiene 12 órdenes de captura en su contra por tráfico de drogas, y se las ha ingeniado para sepultarlas en los archivos judiciales. El administrador de su compañía de autobuses, un exsacerdote, fue capturado en 2012 con dos kilos de morfina después de que un agente encubierto, que se hacía pasar por un comprador, acordara la compra de las drogas.

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Según una fuente anónima citada por la revista, el caso de la morfina no ha sido el único incidente en el que la empresa de autobuses de Horna ha estado ligada a la incautación de drogas. Velaverde pudo comprobar que al menos en una ocasión -en 2013- la policía antinarcóticos encontró kilos de base de coca en uno de los autobuses de Horna.

Manuel Gambini Rupay, elegido gobernador de Ucayali

Un excocalero que se convirtió en el hombre que representaba los programas de sustitución de cultivos de USAID en la región Ucayali, Gambini se desempeñó como alcalde por dos períodos antes de ser elegido gobernador de la provincia de Ucayali, al oriente de Perú. Actualmente se encuentra bajo investigación por lavado de dinero, y activistas locales lo han acusado de malversación de fondos y fraude.

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Según documentos oficiales obtenidos por Associated Press, Gambini facilitó el enriquecimiento de socios vinculados al narcotráfico y amasó una pequeña fortuna, varias propiedades y un club de fútbol, mientras ganaba menos de US$2.000 al mes como alcalde. Uno de sus socios, quien sirvió como tesorero en el distrito donde Gambini fue alcalde, ha sido condenado por tráfico de cocaína.

Waldo Ríos, elegido gobernador de Ancash

Aunque su partido obtuvo más del 65 por ciento de los votos en el departamento costero de Ancash, a Waldo Ríos no se le permitirá ocupar el cargo de gobernador. Él todavía no ha terminado de cumplir una condena por presuntamente haber aceptado US$10.000 de manos del jefe de inteligencia del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, para cambiarse al partido político de Fujimori.

Gregorio Santos, reelegido gobernador de Cajamarca

Al igual que Waldo Ríos, Gregorio Santos no podrá ocupar el cargo. El gobernador reelecto ha sido condenado a 14 meses de prisión preventiva mientras es investigado por asociación criminal, soborno y colusión. Santos habría aceptado sobornos de un empresario a cambio de once contratos de obras públicas.

Wilfredo Oscorima, reelegido gobernador de Ayacucho

Wilfredo Oscorima, quien en su más reciente campaña habría conseguido apoyo al entregar billetes de cien soles (equivalentes a alrededor de US$33 dólares), tiene pendiente un juicio por lavado de dinero. Los fondos en cuestión presuntamente provenían de operaciones ilegales de juegos de azar, prostitución y tráfico de drogas. También ha sido acusado de corrupción.

Luis Castañeda, elegido alcalde de Lima

Luis Castañeda, quien fue elegido como alcalde de Lima, ha estado implicado en un escándalo de corrupción. Durante su periodo previo como alcalde, entre 2003 y 2010, tres de sus ayudantes presuntamente canalizaron más de US$7,2 millones a través de una empresa fachada vinculada a un narcotraficante convicto. Castañeda consiguió ser excluidos oficialmente de la investigación gracias a una orden judicial.

¿Nuevas regulaciones electorales?

Como fue señalado por Associated Press, parte del problema se deriva de los laxos requisitos electorales del Perú. Los candidatos no tienen que mencionar sus ingresos o activos entre la información que presentan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales y no son penalizados si no reportan las donaciones recibidas por sus campañas. Los criminales convictos que hayan cumplido su tiempo y se encuentren legalmente “rehabilitados” no tendrán impedimentos para postularse a un cargo público.

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La falta de regulación es especialmente preocupante a la luz del papel de Perú en el comercio de drogas. Además de ser el mayor productor mundial de coca y cocaína, Perú ha sido testigo de la afluencia de algunas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo al Cartel de Sinaloa de México. La cantidad de candidatos acusados de corrupción y de tener vínculos con el tráfico de drogas en las recientes elecciones sugiere que Perú podría estar en camino a convertirse en un narcoestado.

Tres días después de las elecciones del 5 de octubre el presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió al Congreso del país que revisara la legislación electoral. Humala hizo un llamado a los legisladores para evitar que los candidatos que hayan estado involucrados en procesos judiciales puedan participar en elecciones en el futuro. Sin embargo, todavía está por verse si los legisladores de Perú decidirán implementar mecanismos de selección electoral más estrictos. Después de todo, ellos también se benefician de la falta de regulaciones.

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