HomeNoticiasAnálisis4 consecuencias de la guerra Morales-CICIG en Guatemala
ANÁLISIS

4 consecuencias de la guerra Morales-CICIG en Guatemala

ÉLITES Y CRIMEN / 21 SEP 2018 POR HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

La decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG y de prohibir la entrada al país de su jefe, el comisionado Iván Velásquez, que es el más reciente capítulo de la guerra entre el mandatario y el organismo anticorrupción, ya está teniendo consecuencias para la seguridad en Guatemala.

Desde el 2007, cuando el congreso nacional dio el aval a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha habido tensión con las élites económicas y políticas del país, que se sentían amenazadas.

Esas tensiones fueron particularmente agudas cuando la entonces jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, junto con la CICIG tocaron a aquellas élites, al presidente Morales y a su entorno.

Tanto fue así que el pasado 31 de agosto Morales anunció que no pediría la renovación del mandato de la CICIG. Pocos días después, el comisinado Iván Velazquez recibió una carta anunciando que no se le permitiría la entrada a Guatemala.

VEA TAMBIÉN: InDepth Élites y crimen organizado

El 19 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó a las autoridades migratorias abstenerse de impedir la reentrada al país de Velásquez. Pero Morales dijo, a través de dos ministros, que no acatará la orden.

Sectores de la sociedad civil están en contra de la decisión de Morales, pero un gran sector del empresariado local y la mayoría del congreso lo apoyan. La posición del gobierno de Estados Unidos, principal financiador de la comisión, es ambigua.

Más allá de lo que ocurra con la CICIG en Guatemala, el enfrentamiento que mantiene con las autoridades ya ha causado consecuencias.

1. Riesgo de rompimiento del orden constitucional

Si el gobierno de Morales se obstina en desobedecer el mandato de la Corte Constitucional en caso de que Velásquez decida regresar a Guatemala, el tribunal está autorizado a destituir a los funcionarios que impidan el ingreso del colombiano.

Si Morales obstaculiza esas destituciones, estaría desobedeciendo una orden directa, y vinculante, del Poder Judicial, y de acuerdo con un alto funcionario judicial consultado por InSight Crime en Ciudad de Guatemala, estaría rompiendo el orden constitucional.

Esto podría dar paso a un eventual Estado de sitio o a la suspensión de garantías constitucionales y a una previsible militarización de la seguridad pública con fines políticos.

Una posible muestra de esto ocurrió el 15 de septiembre, durante la celebración de la independencia, cuando decenas de agentes de policía realizaron inusuales operativos de registro a ciudadanos, particularmente a jóvenes, según reportó Prensa Libre.

2. El debilitamiento de unidades de investigación especializadas

Una de las principales herencias de la CICIG es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada dentro del Ministerio Público (MP) para investigar, junto a la comisión, crímenes de corrupción u otros atribuibles a estructuras criminales complejas.

La FECI ha sido punto de lanza en las grandes investigaciones que han servido para desmantelar añejas redes de corrupción, como la que destapó el caso conocido como “La Línea”, un esquema de saqueo a las arcas estatales a través de las aduanas liderado por el expresidente Otto Pérez Molina.

Pero el enfrentamiento entre Morales y la CICIG ha tenido consecuencias en este tipo de investigaciones. En abril, el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, incondicional a Morales, negó a la comisión y al FECI acceso a policías de confianza.

Sin las capacidades profesionales que los investigadores internacionales adscritos a la CICIG aportan a los casos (que las instituciones locales no tienen) y sin el entrenamiento que proporcionan, las investigaciones no podrán ser tan efectivas, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, a Factum.

Morales, a través de sus aliados en el Congreso, también ha intentado reformar las leyes de antejuicio para lograr que sea el poder legislativo (donde el mandatario tiene aliados), y no la Corte Constitucional quien decida sobre juicios a funcionarios del Estado.

Esto, dijeron funcionarios del MP y del Poder Judicial a InSight Crime, permitiría a Morales quitar a sus enemigos en la CC y empoderar a funcionarios afines que manejen a su antojo los antejuicios, el paso final de las investigaciones del MP y la CICIG que involucran a funcionarios con inmunidad.

3. Vuelta a la narrativa oficial que privilegia el combate a las pandillas

En Guatemala, pandillas como la MS13 y Barrio 18 no son el principal problema de seguridad pública; ni siquiera puede atribuirse a ellas la mayoría de homicidios cometidos en el país, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador, donde los pandilleros son, según las autoridades, responsables de más de 60 por ciento de los homicidios.

En Guatemala, según un estudio de InSight Crime, ningún grupo —pandillas, narcos u otros grupos de crimen organizado— es responsable por sí solo de más de 35 por ciento de los homicidios.

Con la llegada del ministro Degenhart de la mano de Morales, sin embargo, el discurso que privilegia el combate a las pandillas como principal objetivo de las políticas de seguridad tomó auge. La primera propuesta del ministro fue emular una ley salvadoreña que califica a los pandilleros de terroristas.

En Honduras y El Salvador, el foco discursivo en las pandillas ha llevado a restar prioridad a las estrategias anticorrupción, claves a la hora de luchar contra las mafias políticas. El énfasis en modelos de “mano dura”, además, no ha hecho más que empeorar los índices criminales.

4. Empoderamiento de las viejas redes criminales incrustadas en el Estado

Las redes de inteligencia y corrupción política que hoy operan en Guatemala, y que han sido vinculadas por investigaciones del MP a casos de corrupción, tienen origen común con los viejos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

Estos son grupos formados en su mayoría por militares retirados capaces de movilizar recursos de vigilancia, guerra cibernética y, según lo visto en investigaciones de esquemas masivos de corrupción, que operan complejas redes de prestanombres que han servido para ocultar dinero relacionado con financiamiento electoral ilícito y otros crímenes.

La salida de la CICIG del país, y la consecuente caída en la capacidad investigativa, podría abrir el panorama para que estas redes vuelvan a actuar con libertad.

Recientemente, han habido nuevas muestras de las prácticas de este tipo de grupos.

El 16 de septiembre, en la conferencia de prensa en la que magistrados de la CC leían su resolución a favor de la CICIG, una policía encubierta intentó fotografiar a periodistas que cubrían el evento. Al ser descubierta, la mujer se identificó como agente policial y salió huyendo. El viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera —uno de los principales aliados del presidente Morales— dijo que la agente estaba ahí a petición de la corte, algo que el tribunal desmintió. El MP y la Procuraduría de Derechos Humanos han iniciado investigaciones.

Esto puede ser un indicio de que los recursos destinados a combatir el crimen son utilizados para emprender espionaje interno o incluso persecuciones políticas.

compartir icon icon icon

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

What are your thoughts? Click here to send InSight Crime your comments.

We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.

¿Este contenido fue útil?

Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.

DONAR

Contenido relacionado

FRONTERA EU/MÉXICO / 20 DIC 2022

Un incremento de la migración por mar a lo largo de la costa de México sobre el Pacífico evidencia la…

COLECTIVOS / 25 ABR 2023

Los Colectivos dominan gran parte de los servicios públicos como el agua, gas o el transporte en la capital del…

ÉLITES Y CRIMEN / 4 JUL 2023

El máximo tribunal de Guatemala suspendió la oficialización de las elecciones presidenciales debido a un nuevo intento de las redes…

Sobre InSight Crime

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime aporta experiencia en todos los ámbitos

22 SEP 2023

Esta semana, dos investigadoras de InSight Crime, Sara García y María Fernanda Ramírez, moderaron una discusión sobre los desafíos que plantea el plan de “Paz Total” del presidente colombiano Gustavo…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime es citado en la nueva política de drogas de Colombia

15 SEP 2023

El trabajo de InSight Crime sobre el emergente cultivo de coca en Honduras, Guatemala y Venezuela fue citado…

LA ORGANIZACIÓN

InSight Crime habla sobre su investigación en torno a la prisión de mujeres en Honduras

8 SEP 2023

El 4 de septiembre, las investigadoras Victoria Dittmar y María Fernanda Ramírez hablaron en un evento en Twitter Spaces sobre la reciente investigación de InSight Crime…

LA ORGANIZACIÓN

Investigación sobre trata de personas es pubicada en reconocido periódico mexicano

1 SEP 2023

El Universal, el principal medio de comunicación mexicano, destacó nuestra investigación más reciente, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, en la portada de su…

LA ORGANIZACIÓN

Cubrimiento de InSight Crime sobre Ecuador lidera discusión a nivel internacional

25 AGO 2023

Esta semana, Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, fue entrevistado por La Sexta, un canal de televisión español, sobre la situación de extrema violencia e inseguridad que…