La decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG y de prohibir la entrada al país de su jefe, el comisionado Iván Velásquez, que es el más reciente capítulo de la guerra entre el mandatario y el organismo anticorrupción, ya está teniendo consecuencias para la seguridad en Guatemala.
Desde el 2007, cuando el congreso nacional dio el aval a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha habido tensión con las élites económicas y políticas del país, que se sentían amenazadas.
Esas tensiones fueron particularmente agudas cuando la entonces jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, junto con la CICIG tocaron a aquellas élites, al presidente Morales y a su entorno.
Tanto fue así que el pasado 31 de agosto Morales anunció que no pediría la renovación del mandato de la CICIG. Pocos días después, el comisinado Iván Velazquez recibió una carta anunciando que no se le permitiría la entrada a Guatemala.
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El 19 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó a las autoridades migratorias abstenerse de impedir la reentrada al país de Velásquez. Pero Morales dijo, a través de dos ministros, que no acatará la orden.
Sectores de la sociedad civil están en contra de la decisión de Morales, pero un gran sector del empresariado local y la mayoría del congreso lo apoyan. La posición del gobierno de Estados Unidos, principal financiador de la comisión, es ambigua.
Más allá de lo que ocurra con la CICIG en Guatemala, el enfrentamiento que mantiene con las autoridades ya ha causado consecuencias.
1. Riesgo de rompimiento del orden constitucional
Si el gobierno de Morales se obstina en desobedecer el mandato de la Corte Constitucional en caso de que Velásquez decida regresar a Guatemala, el tribunal está autorizado a destituir a los funcionarios que impidan el ingreso del colombiano.
Si Morales obstaculiza esas destituciones, estaría desobedeciendo una orden directa, y vinculante, del Poder Judicial, y de acuerdo con un alto funcionario judicial consultado por InSight Crime en Ciudad de Guatemala, estaría rompiendo el orden constitucional.
Esto podría dar paso a un eventual Estado de sitio o a la suspensión de garantías constitucionales y a una previsible militarización de la seguridad pública con fines políticos.
Una posible muestra de esto ocurrió el 15 de septiembre, durante la celebración de la independencia, cuando decenas de agentes de policía realizaron inusuales operativos de registro a ciudadanos, particularmente a jóvenes, según reportó Prensa Libre.
2. El debilitamiento de unidades de investigación especializadas
Una de las principales herencias de la CICIG es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada dentro del Ministerio Público (MP) para investigar, junto a la comisión, crímenes de corrupción u otros atribuibles a estructuras criminales complejas.
La FECI ha sido punto de lanza en las grandes investigaciones que han servido para desmantelar añejas redes de corrupción, como la que destapó el caso conocido como “La Línea”, un esquema de saqueo a las arcas estatales a través de las aduanas liderado por el expresidente Otto Pérez Molina.
Pero el enfrentamiento entre Morales y la CICIG ha tenido consecuencias en este tipo de investigaciones. En abril, el Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, incondicional a Morales, negó a la comisión y al FECI acceso a policías de confianza.
Sin las capacidades profesionales que los investigadores internacionales adscritos a la CICIG aportan a los casos (que las instituciones locales no tienen) y sin el entrenamiento que proporcionan, las investigaciones no podrán ser tan efectivas, explicó Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, a Factum.
Morales, a través de sus aliados en el Congreso, también ha intentado reformar las leyes de antejuicio para lograr que sea el poder legislativo (donde el mandatario tiene aliados), y no la Corte Constitucional quien decida sobre juicios a funcionarios del Estado.
Esto, dijeron funcionarios del MP y del Poder Judicial a InSight Crime, permitiría a Morales quitar a sus enemigos en la CC y empoderar a funcionarios afines que manejen a su antojo los antejuicios, el paso final de las investigaciones del MP y la CICIG que involucran a funcionarios con inmunidad.
3. Vuelta a la narrativa oficial que privilegia el combate a las pandillas
En Guatemala, pandillas como la MS13 y Barrio 18 no son el principal problema de seguridad pública; ni siquiera puede atribuirse a ellas la mayoría de homicidios cometidos en el país, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador, donde los pandilleros son, según las autoridades, responsables de más de 60 por ciento de los homicidios.
En Guatemala, según un estudio de InSight Crime, ningún grupo —pandillas, narcos u otros grupos de crimen organizado— es responsable por sí solo de más de 35 por ciento de los homicidios.
Con la llegada del ministro Degenhart de la mano de Morales, sin embargo, el discurso que privilegia el combate a las pandillas como principal objetivo de las políticas de seguridad tomó auge. La primera propuesta del ministro fue emular una ley salvadoreña que califica a los pandilleros de terroristas.
En Honduras y El Salvador, el foco discursivo en las pandillas ha llevado a restar prioridad a las estrategias anticorrupción, claves a la hora de luchar contra las mafias políticas. El énfasis en modelos de “mano dura”, además, no ha hecho más que empeorar los índices criminales.
4. Empoderamiento de las viejas redes criminales incrustadas en el Estado
Las redes de inteligencia y corrupción política que hoy operan en Guatemala, y que han sido vinculadas por investigaciones del MP a casos de corrupción, tienen origen común con los viejos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).
Estos son grupos formados en su mayoría por militares retirados capaces de movilizar recursos de vigilancia, guerra cibernética y, según lo visto en investigaciones de esquemas masivos de corrupción, que operan complejas redes de prestanombres que han servido para ocultar dinero relacionado con financiamiento electoral ilícito y otros crímenes.
La salida de la CICIG del país, y la consecuente caída en la capacidad investigativa, podría abrir el panorama para que estas redes vuelvan a actuar con libertad.
Recientemente, han habido nuevas muestras de las prácticas de este tipo de grupos.
El 16 de septiembre, en la conferencia de prensa en la que magistrados de la CC leían su resolución a favor de la CICIG, una policía encubierta intentó fotografiar a periodistas que cubrían el evento. Al ser descubierta, la mujer se identificó como agente policial y salió huyendo. El viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera —uno de los principales aliados del presidente Morales— dijo que la agente estaba ahí a petición de la corte, algo que el tribunal desmintió. El MP y la Procuraduría de Derechos Humanos han iniciado investigaciones.
Esto puede ser un indicio de que los recursos destinados a combatir el crimen son utilizados para emprender espionaje interno o incluso persecuciones políticas.
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