Enero experimentó una acentuación en la progresiva remilitarización de la seguridad ciudadana bajo el gobierno de Maduro, con oficiales militares puestos a la cabeza de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Estos cambios equivalen a un retroceso en las reformas de seguridad ciudadana que han buscado separar desde 2008 al ejército y a la policía.
Sin embargo, en las últimas semanas se han realizado una serie de anuncios de seguridad que sugieren que la reforma de la seguridad ciudadana no ha llegado a su fin.
A finales de enero, el gobierno anunció una iniciativa llamada "Patrullaje Inteligente”. Ésta divide en cuadrantes los municipios considerados como zonas calientes, con el fin de permitir que los agentes de policía y de la Guardia del Pueblo (una rama de la Guardia Nacional) respondan con mayor rapidez y eficiencia a las denuncias de delitos y a las situaciones de emergencia. Se han asignado unidades policiales especiales a estos cuadrantes y cada uno tiene un número de teléfono al que los residentes en esa área pueden llamar para pedir asistencia de la policía. El plan ha sido implementado en seis municipios de Caracas, desplegando 3.700 agentes en 158 cuadrantes (para ver los mapas de estos cuadrantes, haga clic aquí).
Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz sostiene que el plan es innovador por su enfoque en la vigilancia localizada en el lugar, y que dará lugar a una respuesta más rápida de la policía, a información más precisa sobre el momento y el lugar en donde los crímenes tienen lugar, y a mejores estrategias para hacer frente a este delito.
Personas con información privilegiada sugieren que, si bien es positivo que el gobierno haya adoptado el término "patrullaje" -durante mucho tiempo un punto de contención en la reforma policial de Venezuela- esta iniciativa no refleja una comprensión de la misma. Más bien, simplemente añade números de teléfono celular al enfoque tradicional de establecer puestos de control fijos -algunos lo han llamado el plan "alcalbala inteligente". Además, la iniciativa sólo puede funcionar si la gente realmente llama a la policía. El hecho de que muchos venezolanos piensen que denunciar crímenes es o inútil o peligroso, podría ser un impedimento importante.
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El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también ha avanzado con los Comités Ciudadanos de Control Policial (CCCP). Estos grupos surgieron de la reforma de 2008 y tienen como objetivo supervisar las funciones, operaciones, la administración y los recursos de la policía. El primer grupo de comités, organizado hace 2 años, celebró en noviembre pasado las elecciones para los nuevos comités que servirán durante los próximos tres años.
El 31 de enero, 25 nuevos comités fueron inaugurados por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. No está claro todavía el grado en el que estos grupos han sido capaces de realizar sus funciones de supervisión externa. Los primeros años de los comités han sido difíciles debido al limitado acceso a la información, la agitación política de 2013, y la resistencia por parte de los supervisores de la policía. Sin embargo, las elecciones, así como la presencia en la inauguración de Rodríguez Torres, sugieren que la participación ciudadana en la seguridad no será totalmente abandonada.
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Por último, el gobierno ha seguido debatiendo la prohibición al porte de armas por parte de los ciudadanos. Esta medida se incluyó originalmente en la propuesta de desarme escrita por la Comisión Presidencial para el Desarme. Sin embargo, fue retirada de la propuesta final, debido a la presión de grupos dentro de la Asamblea Nacional, reduciendo sustancialmente el impacto de la ley.
A finales de enero, tanto Rodríguez Torres como Maduro afirmaron que apoyaban renovar el debate sobre la prohibición total al porte de armas por parte de civiles. Dado que muchos de los que inicialmente estuvieron en contra de esta prohibición en la Asamblea Nacional eran oficiales militares, el respaldo de Rodríguez Torres -un general de la Guardia Nacional- podría ser influyente.
*Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.
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