El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sido reelegido por un cuarto período con una victoria arrolladora. Pero en tanto su círculo más cercano continúe tomando las riendas del poder, la legitimidad de las instituciones del Estado puede verse comprometida.
Ortega ha obtenido el 72 por ciento de los votos con más del 99 por ciento de los votos contabilizados, según cifras del Consejo Supremo Electoral publicados por El Nuevo Diario.
El segundo lugar lo ocupó el candidato de centro-derecha Maximino Rodríguez, quien obtuvo el 15 por ciento de los votos.
La victoria de Ortega, presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue considerada por muchos un resultado predecible. Presuntamente, las instituciones dominadas por los sandinistas han tomado varias medidas para debilitar la oposición política en los últimos meses.
En junio de 2016, el Tribunal Supremo sustituyó el presidente del partido de oposición más importante en Nicaragua, el Partido Liberal Independiente (PLI), por un supuesto colaborador sandinista. El principal rival político de Ortega, Eduardo Montealegre, fue expulsado luego de la Asamblea Nacional, y posteriormente anunció su retiro de la política.
En consecuencia, Ortega tuvo poca competencia, pues los otros cinco candidatos obtuvieron menos del 10 por ciento de las votaciones, según El Diario de Hoy. Los opositores al régimen se refirieron a las elecciones como una “farsa”.
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Además, Ortega no permitió que observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea vigilaran el proceso electoral. Ambos organismos habían criticado las elecciones presidenciales de 2011 por irregularidades.
Ortega fue uno de los líderes de los “Sandinistas”, el movimiento guerrillero de izquierda que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Él fue elegido presidente por primera vez a mediados de la década de los ochenta, y luego de nuevo en 2006 y 2011. Su tercera elección consecutiva fue posible gracias a una reforma constitucional.
La economía de Nicaragua ha crecido al doble de la tasa promedio de otros países de América Latina bajo la administración de Ortega, lo que lo hace popular entre los sectores empresariales y de inversión extranjera, según la BBC. Los programas sociales del país y los bajos niveles de violencia en comparación con los de sus vecinos centroamericanos también le ayudaron a obtener su victoria.
La primera dama, Rosario Murillo, fue compañera de campaña de su marido como candidata a la vicepresidencia.
Análisis de InSight Crime
Los indicios de que Ortega está consolidando lo que algunos llaman un sistema “dinástico” con matices de autoritarismo son preocupantes en un país donde hay evidencias de colusión oficial con el crimen organizado. Si bien los vínculos entre las redes criminales y los agentes estatales son menos visibles que en muchos otros países de América Latina, el FSLN se ha visto previamente implicado en negocios turbios con el narcotráfico.
El control de Ortega de la política nicaragüense abre la puerta a mayores niveles de corrupción, dado que debilita la independencia de las instituciones del Estado y concentra una gran cantidad de poder en las manos de unas cuantas élites. El presidente ha sido criticado por su control sobre el Congreso, la policía, el ejército y los tribunales. Sus familiares y aliados al parecer controlan empresas de combustibles, estaciones de televisión y obras públicas, y su esposa ahora será la vicepresidenta.
Esta concentración del poder debilita la regulación y la rendición de cuentas de las entidades públicas y privadas, y permite que individuos y grupos coopten estos sistemas para su beneficio personal. Los antecedentes de esta tendencia incluyen la reforma a la policía en 2014, mediante la cual el presidente se convirtió en “comandante supremo” de la institución, lo cual generó la preocupación de que ello erosionaría la integridad de la misma. Se sabe que algunos elementos corruptos de la policía nicaragüense trabajan con las organizaciones narcotraficantes y con grupos de robo de drogas conocidos como “tumbadores”.
Nicaragua también ha estado reforzando su ejército, aumentado su presupuesto en los últimos cinco años y comprando tanques y aviones rusos para supuestamente fortalecer la respuesta del Estado al narcotráfico y a los desastres naturales. Pero ello también ha llevado a suponer que Ortega está buscando fortalecer la influencia política del ejército.
Venezuela es un ejemplo dramático de cómo la consolidación del poder del Estado puede proporcionar un territorio fértil para el crimen organizado. Aunque en un principio se consideró que logró reducir la pobreza mediante planes de desarrollo social, el fuerte control de las instituciones por parte de la administración socialista estuvo acompañado por niveles extremos de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Los expertos dicen que la corrupción les ha robado a las arcas estatales por lo menos US$70 mil millones.
Por otro lado, Nicaragua continúa superando a sus vecinos en cuanto a los indicadores de seguridad pública. Ha sido considerado uno de los lugares más seguros de la región, pues ha logrado evitar los epidémicos niveles de criminalidad que se presentan en los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), azotados por las pandillas. Se cree que el modelo policial de Nicaragua, preventivo y orientado a la comunidad, así como las organizaciones de “vigilancia vecinal”, hijas de la Revolución Sandinista, han ayudado a mantener los niveles de violencia bajos.
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