La noticia de que el capturado “jefe político” de Los Gaitanistas había estado buscando un proceso de paz con el gobierno colombiano es la más reciente señal de que la principal red criminal en Colombia está planeando una estrategia de salida negociada. Pero dadas las débiles fachadas políticas con las que pretenden encubrir sus actividades criminales, ¿es posible que el gobierno por lo menos considere la idea?
Tras la captura de Abimael Coneo Martínez el 17 de febrero, fuentes oficiales les dijeron a los medios colombianos que a Coneo, alias “Torta”, se le había asignado la misión de establecer contactos con funcionarios gubernamentales para presentar una propuesta: Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quieren los mismos beneficios que los ofrecidos a la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y afirman que desmovilizarán a 8.000 combatientes.
Las FARC han estado adelantando un proceso de paz con el gobierno desde finales de 2012, y el negocio de los términos de su desmovilización se avecina en las conversaciones. Aunque es improbable que se concedan las recientes solicitudes hechas por los jefes guerrilleros para que los líderes de la organización no pasen un solo día en prisión, éstos sí pueden aspirar a evitar que todo el peso de la ley caiga sobre ellos por sus violaciones a los derechos humanos y sus actividades criminales, dado que el gobierno deberá incentivar su desmovilización.
Durante algún tiempo, ha sido evidente que las AGC, remanente delincuencial de los paramilitares en Colombia, han estado esperando sacar provecho de este acuerdo y en los últimos dos años han estado adelantando una campaña de relaciones públicas esporádicas con la intención de mostrarse como una organización política.
En junio de 2013, las AGC emitieron un comunicado en el que se autodenominaron el “tercer actor” en el conflicto colombiano. Usando su nombre preferido, Autodefensas Gaitanistas de Colombia —llamadas así por el asesinado caudillo colombiano Jorge Eliécer Gaitán— las AGC elogiaron las conversaciones con los grupos guerrilleros, pero insistieron en que “mientras no seamos parte del proceso de negociación, la paz seguirá siendo una aspiración postergada en el imaginario colectivo”.
“[Somos] 7 mil hombres en armas, con presencia en todo el territorio nacional”, escribieron, no sin agregar ominosamente: “No podemos ser ignorados.”
Según Verdad Abierta, grupo que supervisa el conflicto, tres meses después los comandantes de las AGC realizaron una conferencia en la que expusieron su estrategia política y elaboraron los nuevos estatutos de la organización —un documento que Verdad Abierta informó que había conocido—.
En los estatutos, las AGC dicen que son una “organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad”.
Agregan que se rearmaron después de la desmovilización del ejército paramilitar del que surgieron —las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— dado que el gobierno no les cumplió las promesas hechas a los líderes de las AUC y “persiguió y exterminó” a los paramilitares. El documento añade que también volvieron a las armas debido al “clamor” de las comunidades “para que no las dejáramos en manos de grupos generadores de violencia”.
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Según Verdad Abierta, los nuevos estatutos también definen los “objetivos políticos” de las AGC y la manera como van a alcanzarlos. Entre dichos objetivos se encuentra su compromiso con la “oposición política y militar” a los “grupos generadores de violencia”, y su interés de “representar y defender” a aquellos cuyos “derechos han sido desconocidos, amenazados o violados por el Estado y otros grupos armados”.
El documento pide una “salida política y negociada” para las AGC, que debe lograrse mediante una solución negociada y un proyecto político que involucre a todos los actores en el conflicto armado colombiano.
En mayo de 2014, los dirigentes de las AGC dieron el paso siguiente en su campaña de relaciones públicas: transmitir su mensaje mediante la publicación de una revista, Gaitanista, y distribuirla en bastiones como Córdoba, partes de Medellín y su lugar de origen, Urabá. Refiriéndose a su revista como un “antiguo deseo de tener un medio de comunicación que nos permita tener un diálogo permanente con las comunidades y nuestros hombres”, los dirigentes de las AGC utilizan esta plataforma para respaldar de nuevo el proceso de paz con las FARC.
Análisis de InSight Crime
Si son ciertos los informes de que Coneo estaba buscando contactos para adelantar negociaciones —lo cual, según funcionarios, incluía involucrar a Venezuela, que ha actuado como garante de las conversaciones con las FARC—, ello sugiere que las AGC se encuentran intensificando su campaña de relaciones públicas en búsqueda de una real estrategia para su salida.
Aunque las continuas agresiones y operaciones militares de las AGC en diversos territorios del país sugieren que el grupo está lejos de considerar esta estrategia en el futuro, desde el punto de vista de los dirigentes de las AGC, éste es el momento para al menos explorar estas opciones. Por un lado, las conversaciones de las FARC les ofrecen a las AGC la oportunidad de aprovecharse de cualquier acuerdo alcanzado entre el gobierno y la guerrilla; por otro lado, las autoridades parecen estar cada vez más cerca de los líderes de las AGC y del hombre identificado como su principal comandante, Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.
En los últimos años, las AGC han perdido a varios miembros del círculo cercano de Otoniel, y este proceso parece que se está acelerando. En las últimas semanas su compañera sentimental fue arrestada, al igual que Coneo, su asesor político, y ahora es objeto de una intensa persecución, dado que el ministro de Defensa de Colombia anunció el despliegue de una enorme fuerza militar en Urabá para localizarlo.
Sin embargo, aunque son claros los beneficios que una salida negociada les traerían a Otoniel y los demás líderes de las AGC, será difícil convencer al gobierno, a la población y a cualquier persona de que las AGC son un movimiento político con ideología y objetivos sociales.
Después de emerger como un grupo escindido de las AUC que se negó a desmovilizarse, las AGC pronto abandonaron cualquier tipo de inclinaciones políticas, sociales o contrainsurgentes y se convirtieron en un grupo armado criminal, agresivo y expansionista involucrado en narcotráfico, minería ilegal, extorsión y cualquier otra actividad criminal a la que pudiera recurrir.
Aunque siguen siendo relacionados con asesinatos y amenazas a activistas políticos, sindicalistas y periodistas, parece que existe un motivo económico detrás de cada caso, como prevenir la restitución de tierras o proteger a contactos corruptos.
Las AGC aseguran que enfrentan a los “grupos generadores de violencia”, que son probablemente los guerrilleros contra los que lucharon bajo la bandera contrainsurgente de las AUC. Sin embargo, en realidad los enfrentamientos con la guerrilla son escasos, localizados y se llevan a cabo en zonas donde el control de los intereses criminales está en juego. En muchas partes del país, en lugar de hacer frente a la guerrilla se han convertido en sus socios, contando con sus antiguos enemigos para un suministro constante de coca para el tráfico de cocaína.
Incluso su misma autopromoción traiciona su naturaleza apolítica. A pesar de su fina retórica, sus objetivos declarados son pocos y vagos. Mientras que las FARC tienen una larga lista de exigencias políticas y sociales muy específicas, que van desde reformas agrarias hasta participación política, en la corta lista de “objetivos políticos” de las AGC es evidente que en lo único en lo que están realmente interesados es en una salida.
Sin embargo, aunque las afirmaciones de las AGC de que son una organización política y social engañarán sólo a los más ingenuos, ello no significa que el gobierno no considere al menos un acuerdo de desmovilización con ellos. Las AGC son la única organización criminal con un alcance nacional coordinado que queda en Colombia, y la oportunidad de desarticular esa red resulta tentadora.
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Tal acuerdo no carece de precedentes. El año pasado se reveló que un grupo de capos narcotraficantes colombianos había presentado una propuesta al gobierno en 2011, en la que ofrecían entregarse y desmovilizar a sus hombres, así como proporcionar información sobre rutas y territorios de drogas, contactos corruptos y negocios ilegales.
El valioso documento, obtenido por El Espectador, prometía un desmantelamiento completo del narcotráfico y eclipsaba cualquier anterior negociación con los narcotraficantes —como el infame trato con Pablo Escobar, que el capo de la droga descaradamente aprovechó dirigiendo sus operaciones desde la prisión de lujo que construyó para sí mismo—, todo ello sin ningún tipo de fachada política. Sin embargo, según el líder de los rivales de las AGC, Los Rastrojos, el ahora encarcelado Javier Calle Serna, alias “Comba”, el gobierno se estancó en el plan, mientras que continuó persiguiendo a los capos del narcotráfico y atacando sus operaciones.
La mayoría de los capos del narcotráfico incluidos en dicho plan están ahora en prisión, y el hampa colombiano está más fragmentado que nunca. Aunque las AGC conservan su presencia a nivel nacional y un considerable poder armado, su estructura de red descentralizada significa que es improbable que puedan mantener sus promesas de acabar completamente sus operaciones delictivas o su oferta de desmovilizar a 8.000 combatientes.
Aunque seguramente las AGC cuentan con más armas que las 2.600 que según la policía tienen en sus filas, muchas de éstas funcionan como miembros de franquicias compuestas de pandillas aliadas, delincuentes comunes y células de exparamilitares. Si las AGC se entregan, dichos grupos estarían más dispuestos a aprovechar la oportunidad de hacerse cargo de las actividades criminales abandonadas por aquéllos que la oportunidad de renunciar al crimen.
Como lo demuestra la existencia de las AGC, las negociaciones con cualquier grupo armado, sea criminal o ideológico, son difíciles, complejas y pueden conllevar complicaciones imprevistas. Dado que las fuerzas de seguridad parecen estar acercándose a Otoniel y a su círculo cercano, parece mucho más probable que las autoridades colombianas continúen en su persecución en lugar de iniciar otra complicada negociación.
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