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ANÁLISIS

Las Convivir: El legado de la criminalidad ciudadana como modelo de seguridad

AUC / 26 MAY 2015 POR JAMES BARGENT ES

Cuando Colombia aprobó la creación de grupos de seguridad lo hizo con el fin de reforzar la lucha del Estado contra la violencia y la delincuencia. Veinte años más tarde, estos grupos persisten, dirigen oscuras redes criminales en la segunda ciudad más grande de Colombia y siguen cobrando a los habitantes un “impuesto de seguridad”.

El Parque de Bolívar refleja las contradicciones de la vida en el centro de Medellín. Es una plaza verde y cubierta por árboles en el corazón histórico de la ciudad, pero bajo la sombra de su antigua gloria se pueden encontrar drogadictos, alcohólicos, prostitución infantil y bandas de ladrones. Está custodiado por los dioses seculares y sagrados de Colombia: una estatua de “El Libertador” Simón Bolívar y la catedral donde en el pasado solían reunirse los ricos a orar. Pero también están los vigilantes ojos de sus actuales amos y señores criminales: las Convivir.

Esta es una palabra conocida por todos los negociantes y residentes del sector, así como por los vendedores de drogas, los proxenetas y los peristas del centro de Medellín. Con el sentido de cohabitar, llevarse bien con los demás, es un nombre que el gobierno colombiano concedió a los grupos creados por sus propias iniciativas de seguridad, pero que después de veinte años evoca delincuencia, corrupción y violencia.

Aunque en algún momento se proclamaron como parte de la solución a la crisis de seguridad de Colombia, las Convivir de hoy en Medellín son más bien las reguladoras de una oscura economía que mueve incontables millones de dólares en venta de drogas, extorsión, prostitución y tráfico sexual, contrabando, alcohol adulterado, préstamo a intereses de usura y robo, así como “ollas” de vicio, clubes nocturnos, casinos y discotecas que a menudo cruzan las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Tienen vínculos con las poderosas mafias del narcotráfico, aunque muchas de ellas continúan imprimiendo su propio sello brutal de seguridad justiciera, y sus actividades siguen siendo facilitadas por elementos corruptos de las autoridades de Medellín.

“Han criado un monstruo de muchas cabezas”, dijo Guillermo Peña, periodista comunitario y residente del centro de Medellín durante los últimos 20 años. Las Convivir “se convirtieron en un fenómeno de violencia, de inestabilidad y de negocios ilícitos”.

Veinte años después de su creación, las Convivir son una cruel advertencia de Colombia a sus vecinos latinoamericanos. En toda la región, las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre el Estado y el ciudadano, se vuelven cada vez más borrosas, mientras las autoridades buscan soluciones radicales a las crisis de seguridad que se salen de control. Pero como lo sigue demostrando su existencia, tales soluciones pueden desencadenar fuerzas peligrosas e impredecibles.

La evolución de la criminalidad ciudadana en Colombia

A comienzos de los noventa Colombia era un país sitiado por sus propias fallas en materia de seguridad. Los carteles de la droga ejercían un enorme poder, los guerrilleros ocupaban gran parte del país y la contrainsurgencia paramilitar ya había iniciado su actividad.

En 1994, el gobierno propuso una polémica medida para involucrar directamente a los ciudadanos del común en los esfuerzos por frenar la violencia mediante la creación de nuevos grupos de seguridad ciudadana y redes de informantes. En abril de 1995 aprobó una ley con la que bautizó a estos nuevos grupos como Convivir.

unque en algún momento se proclamaron como parte de la solución a la crisis de seguridad de Colombia, las Convivir de hoy en Medellín son más bien las reguladoras de una oscura economía que mueve incontables millones de dólares...

Hacia 1997 había más de 400 grupos de Convivir y, según voceros de las mismas, contaban con 120.000 miembros. Aunque los funcionarios dicen que el gobierno sólo armó alrededor del 10 por ciento de estos grupos, los registros obtenidos por la revista Semana demuestran que los que fueron dotados recibieron todo tipo de armas, desde subametralladoras hasta pistolas mini-Uzi.

Estas medidas comenzaron rápidamente a tomar un giro siniestro. El movimiento paramilitar de extrema derecha que se presentó en Colombia comenzó a utilizar a las Convivir como frentes para sus actividades y como una forma de encauzar fondos a través de canales legales para su ejército ilegal.

En Medellín, la mayoría de las primeras Convivir comenzaron ofreciendo servicios de seguridad privada para las empresas. Sin embargo, esto rápidamente derivó en una maraña de extorsión dirigida por criminales armados, equipados y apoyados por el Estado.

“En vez de prestar seguridad, empezaron a chantajear al empresario y al comerciante, porque les decían: si no pagan va a haber represalias”, dijo Peña.

Quienes se vincularon a las Convivir con buenas intenciones pronto se encontraron en problemas.

“Mucha gente de bien empezó a colaborar con esas Convivir, y cuando se dieron cuenta de que ya eran delincuentes tuvieron que quedarse callados y seguirles colaborando por el miedo”, agregó Peña.

Las Convivir instauraron un régimen de seguridad privada y limpieza social, expulsando a los delincuentes e imponiéndose despiadadamente sobre “elementos indeseables”: drogadictos, trabajadoras sexuales e indigentes.

Aunque muchas empresas se vieron obligadas a pagar el impuesto de seguridad de las Convivir, éste no estaba exento de beneficios comerciales. Las Convivir instauraron un régimen de seguridad privada y limpieza social, expulsando a los delincuentes e imponiéndose despiadadamente sobre “elementos indeseables”: drogadictos, trabajadoras sexuales e indigentes.

Sin embargo, para las Convivir no fue suficiente dedicarse a los chantajes. En 1997 comenzaron a participar en otra serie de actividades ilegales, como asesinatos, robos, amenazas, secuestros y asaltos, como lo deja claro una reciente sentencia del tribunal administrativo, que condenó a las autoridades de Medellín por su “ignominioso” papel en la propagación de las Convivir.

Las evidencias de los abusos de las Convivir en todo el país pronto llegaron a ser demasiado escandalosas como para ser ignoradas, y una serie de resoluciones entre 1997 y 1998 buscaron en primer lugar limitar su poder, para luego desmantelar los grupos, los cuales lograron escabullirse en la oscuridad y en la ilegalidad.

En Medellín, las Convivir se convirtieron en un importante nodo del nuevo tipo de hampa que fue surgiendo en aquella época, en cuya complejidad convergían los intereses de contrainsurgencia, narcotráfico, comerciantes y pandillas callejeras. Pero cuando las fuerzas del crimen se reacomodaron drásticamente en Medellín a finales de la primera década del nuevo siglo, las Convivir volvieron a mutar, evolucionando a la par con la mafia de la ciudad, cada vez más fragmentada.

El Estado paralelo del centro de la ciudad

En el Medellín de hoy existe un paisaje criminal inestable basado en alianzas cambiantes entre estructuras criminales de mediano tamaño, conocidas como “oficinas”. La Convivir son una parte fundamental de esta dinámica.

Cada Convivir tiene alianzas con alguna de estas organizaciones criminales. Estas relaciones no sólo les permiten a las oficinas tener participación en algunas de las más lucrativas actividades criminales de la ciudad en territorios de importancia estratégica, sino que también definen cómo opera cada grupo de Convivir.

“Hay cordones umbilicales, hay vasos comunicantes entre las mismas Convivir y varones del narcotráfico y entre otros combos en las diversas comunas de la ciudad de Medellín”, señaló Luis Guillermo Pardo, un analista de seguridad cuya organización Centro Consultoría de Conflicto Urbano (C3) realizó una investigación de dos años sobre el crimen organizado en el centro de Medellín.

La policía de Medellín dice que actualmente hay alrededor de 20 Convivir activas en el centro de la ciudad, pero los analistas creen que hay casi 42 grupos. Los expertos consultados por InSight Crime estiman que dichos grupos tienen entre 750 y 1.200 miembros.

La extorsión, que sigue siendo el sostén de las Convivir y se ha convertido en uno de los costos fijos para los comerciantes en el centro de Medellín, excepto para las grandes empresas..

Las fuentes indican que las Convivir más tradicionales funcionan con autonomía relativa, pero pagan parte de sus ganancias a los jefes de su respectiva oficina. A cambio, las oficinas ofrecen protección y acceso a drogas, armas y contactos criminales. Sin embargo, muchas de las Convivir más recientes no son más que pandillas callejeras sobreestimadas, dirigidas por coordinadores asalariados nombrados por los jefes de las oficinas.

Esta diversidad ha creado una dinámica criminal heterogénea, en la que el tipo de delitos que se cometen en el centro de la ciudad, así como quién puede cometerlos y quién obtiene ganancias de ellos, está determinado por cada Convivir.

En algunas partes del centro de Medellín, las Convivir tienen negocios criminales, como “ollas” de drogas o redes de prostitución, bien sea de manera independiente o a nombre de los jefes de las oficinas. En otras zonas, obtienen parte de las ganancias de las “plazas” o se las alquilan a grupos criminales especializados de menor tamaño.

Sin embargo, en toda la ciudad hay una constante: la extorsión, que sigue siendo el sostén de las Convivir y se ha convertido en uno de los costos fijos para los comerciantes en el centro de Medellín, excepto para las grandes empresas.

Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 90 por ciento de los comerciantes de Medellín pagan cuotas de seguridad. Sin embargo, los expertos dicen que ésta es sólo una parte de la cartera de extorsión de las Convivir, y que en algunas partes de la ciudad incluso los vendedores ambulantes que sobreviven de vender cigarrillos al menudeo deben pagar dichas cuotas.

“Como dicen las Convivir, yo te cuido a ti y tú me pagas”, afirma Edal Yurient Monsalve Bran, líder comunitario del centro de la ciudad. “Y como el ciudadano que tiene su negocio no ve la autoridad legal, entonces se va para la ‘autoridad’ ilegal”.

Lo que las empresas reciben a cambio de esos pagos depende, de nuevo, de la Convivir a la que le pagan.

Actualmente, algunas Convivir parecen poco interesadas en ofrecer seguridad, y en su lugar actúan como reguladoras y organizadoras del crimen callejero, cobrándoles a las bandas de ladrones, en bastiones controlados por los jefes de las oficinas, por el derecho a robar en el centro de la ciudad o incluso por organizar sus propias bandas de asaltadores.

Sin embargo, las cooperativas Convivir más tradicionales se mantienen fieles a sus funciones de seguridad privada, vigilando los negocios, patrullando las manzanas de la ciudad e incluso actuando como guardias.

“Para muchos comerciantes, para bien o para mal, por convivencia o por miedo, la presencia de las Convivir ayuda”, dijo Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que el año pasado publicó un informe sobre las Convivir en Medellín.

Y no sólo vigilan los negocios. Los residentes entrevistados por InSight Crime les temen a las Convivir y sienten que están en su poder. Pero también afirman que la Convivir son la única razón por la que se sienten seguros de caminar por las calles del lugar donde viven.

"Para muchos comerciantes, para bien o para mal, por convivencia o por miedo, la presencia de las Convivir ayuda"

Una residente, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad, señaló que sus primeros contactos con las Convivir se dieron por extorsiones, pero que terminaron dándole una sensación de seguridad.

“Cuando vine a vivir en el centro me dio muy duro”, dice. “Yo le decía a mi esposo: ¿cómo voy a salir a comprar algo si me da miedo?”.

Poco después de mudarse, los miembros de la Convivir de su sector le dijeron que tenía que pagar cuotas de extorsión. Pero cuando se enteraron de que era enfermera, le dijeron que estaba exenta de los pagos y que podría contar con ellos para su seguridad.

“[Ahora] puedo salir en la hora que sea y nunca me ha pasado nada”, asegura.

Los residentes agregan que muchos habitantes del centro de la ciudad, en caso de ser víctimas de robos o delitos menores, acuden primero a las Convivir en vez de la policía. También dicen que las Convivir, y no la policía, son las únicas autoridades capaces de restaurar el orden durante disturbios públicos y brotes de violencia.

Esta paradoja, de que sólo los criminales pueden proporcionar una sensación de seguridad, es la que ha convertido a las Convivir en un oscuro estado criminal en el centro de Medellín. Y el buen funcionamiento de este oscuro estado beneficia por igual a los intereses legales y a los ilegales.

“Esos organismos llamados Convivir sirven para todo: para controlar, para no permitir el ingreso de quien desestabilice la vida del centro, para regular el crimen y la violencia”, dijo Quijano.

“¿A quién no le interesa tener un solo organismo, aunque sea ilegal, controlando la vida del centro, así sea un grupo criminal?, agregó.

¿Convivencia continua?

Las autoridades de Medellín insisten públicamente en que las Convivir de hoy no se parecen a los grupos que ellas mismas fomentaron en el pasado.

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, niega que las Convivir tengan alguna función social, y alega que se diferencian muy poco de las pandillas callejeras comunes.

“[Las Convivir] pasan totalmente a ser delincuenciales”, dijo.

Sin embargo, hay quienes creen que el legado de la relación entre el Estado y las Convivir no se puede descartar tan fácilmente. Un funcionario del Ministerio Público, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, dijo que las Convivir se han convertido en un instrumento conveniente para evitar que el centro de Medellín y sus economías ilegales caigan en el caos de la criminalidad.

“El instrumento funciona en Medellín como en ningún otro lado —dijo—. Es una concepción ilegal pero con una estructura que provenía de la legalidad”.

Que los beneficios mutuos del modelo de seguridad criminal de las Convivir sean un accidente de la historia, el resultado de un entendimiento tácito, o incluso un acuerdo clandestino entre las Convivir y el gobierno, es un tema de álgido debate.

Sin embargo, contar con las Convivir para mantener a raya menos fuerzas criminales imprevisibles tiene su precio: la administración local prácticamente ha cedido cierta parte del control a los grupos criminales, dijo el funcionario del Ministerio Público. “Esto hace que toda la población sea víctima”, añadió.

Que los beneficios mutuos del modelo de seguridad criminal de las Convivir sean un accidente de la historia, el resultado de un entendimiento tácito, o incluso un acuerdo clandestino entre las Convivir y el gobierno, es un tema de álgido debate.

Ardila insiste en que los vínculos entre el Estado y las Convivir sólo se limitan actualmente a la corrupción de los policías rasos y que los más altos rangos de las fuerzas de seguridad ya no están involucrados con estos grupos.

Pero Quijano, quien recientemente denunció que había recibido amenazas de muerte de las Convivir, ha afirmado públicamente que tiene información de que altos funcionarios de la policía se han reunido con los líderes de las Convivir y han llegado a acuerdos con ellos. Sin embargo, no hay nada más que pruebas circunstanciales para corroborar esto.

De cualquier manera, no hay duda de que las Convivir deben mucho a su pasado legal. Veinte años después de su creación, su permanencia es una cruda advertencia a los otros países que en toda la región han estado haciendo sorprendentes pactos malignos similares: México con sus autodefensas parcialmente legalizadas, Brasil con sus milicias policiales, Guatemala con unidades de policía comunitarias y El Salvador con escuadrones de la muerte antipandillas.

El mensaje de Medellín para estos países es que cualquier tipo de ganancia en seguridad a corto plazo tiene un alto precio a largo plazo.

“El modelo de seguridad de Medellín no debería ser imitado por nadie —dijo Quijano—. Entregar una porción del control de la seguridad a criminales, esto no tiene nada de beneficio público, esto no tiene nada de democrático, esto no hace un Estado Social de Derecho”.

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