Amotinamientos de presos han sacudido las cárceles de Latinoamérica en medio de los brotes de COVID-19, una evidencia más de que los sistemas penitenciarios de la región están colapsando bajo la presión de la pandemia.
Una encuesta realizada en 18 países arrojó que 11 de ellos registraron revueltas de internos en los últimos meses, según un informe publicado en el mes de junio por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en alianza con la Sociedad Latinoamericana de Criminología. En seis de esos países hubo presos muertos en los disturbios, aseguró el informe.
En toda la región, la población carcelaria demandaba más visitas de sus familiares, quienes a menudo les llevan alimentos, mejores condiciones sanitarias para evitar el contagio y mayor uso de equipos de protección personal para el personal penitenciario.
Los países cubiertos por la encuesta fueron Venezuela, Ecuador, México, Perú, Belice, Paraguay, Panamá, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Chile, Bolivia, Honduras y República Dominicana. El estudio incluyó un total de 27 sistemas carcelarios, pues en México, Argentina y Brasil se desglosaron las penitenciarías para incluir los sistemas estatales y federales.
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Los temores de propagación del coronavirus en los centros de reclusión llevaron a muchos países de la región a implementar programas de excarcelación de reclusos para mitigar el hacinamiento. Casi el 70 por ciento de los sistemas penitenciarios encuestados liberaron algunos presos, la mayoría de ellos propensos a complicaciones por la enfermedad y a infractores no violentos, según recogió el informe.
Pero las excarcelaciones fueron extremadamente limitadas. Cinco sistemas redujeron su población carcelaria en menos de 1 por ciento, y otros nueve la redujeron entre uno y cinco por ciento. Solo tres lograron reducciones mayores: Paraguay liberó entre el 5 y el 10 por ciento de sus presos, y Chile y Nicaragua liberaron hasta un 15 por ciento.
En comparación, el sistema penitenciario de Paraguay tiene actualmente tres veces el número de personas bajo custodia que está en capacidad de retener, mientras que Nicaragua tiene el doble, según lo hallado en el estudio.
El informe también analizó el daño que el coronavirus ha dejado en los empleados carcelarios, al señalar que dos de cada tres sistemas tuvieron personal positivo a las pruebas de COVID-19.
Los investigadores advirtieron sobre el avance de la propagación de COVID-19 en las prisiones de Latinoamérica, afirmando que “la sobrepoblación seguirá en aumento” y que es probable que más reclusos y empleados carcelarios “mueran”.
Análisis de InSight Crime
Los amotinamientos de reclusos persistirán mientras sigan aumentando los informes de brotes de COVID-19 entre esta población de países latinoamericanos, donde el hacinamiento y las condiciones de insalubridad son caldos de cultivo para el virus, y donde los presos tienen pocos recursos para exigir protección.
Una mirada a las noticias de la prensa local sobre resultados positivos en las poblaciones carcelarias muestra que se ha encontrado el virus en prisiones de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Brasil. Es grande la probabilidad de que otros centros carcelarios de toda la región enfrenten brotes similares.
El virus se propagó aun donde los directivos liberaron a algunos presos para mitigar la sobrepoblación —una medida que no tiene posibilidades de aliviar años de hacinamiento carcelario—. En Argentina, algunos reclusos entraron en huelga de hambre y escalaron los muros de la cárcel para exigir que se les permitiera purgar sus penas en casa. La liberación de 800 presos por decreto gubernamental, sin embargo, recibió críticas de activistas por los derechos de las víctimas y desató protestas contra esa política.
Otras medidas han contribuido a exacerbar la tensión. El motín que más muertes dejó se presentó en mayo, en el centro penitenciario de Los Llanos en Venezuela, cuando resultaron muertos 50 reclusos y heridos otros 75 después de que se encendieran las protestas por hambre entre los presos. Las visitas de los familiares se han prohibido por la pandemia, pero la gran mayoría de los presos en Venezuela dependen de sus allegados para obtener alimentos y otros productos básicos.
La falta de atención médica e implementos sanitarios también ha aumentado las tensiones entre los presos. Según el informe, menos de una tercera parte de 23 sistemas penitenciarios informaron que estaban en capacidad de hacer pruebas para el virus en los primeros dos meses después del brote.
En Colombia, la cárcel de Villavicencio, al sur de la capital Bogotá, tuvo más de 700 reclusos positivos por el virus de una población de 1800 a comienzos de mayo. En ese momento, la prisión contaba únicamente con dos prestadores de salud, una enfermera y un auxiliar de enfermería, y ambos también se contagiaron, como informó El Espectador. Colombia fue uno de los primeros países de la región donde se presentaron amotinamientos fatales en los centros de reclusión cuando se inició la propagación del virus en marzo.
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En Perú, los presos indignados por la falta de protección y suministros sanitarios se sublevaron, y quemaron sus colchones. Para ese entonces, a finales de abril, más de 600 se habían contagiado y 13 habían muerto por esa causa, según recogió Reuters.
En las prisiones de Brasil, por largo tiempo bajo el control de poderosas pandillas carcelarias como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), los presos han escapado y varios guardias fueron tomados como rehenes.
El personal penitenciario también se ha enfermado, lo que ha exacerbado la escasez ya masiva de agentes correccionales en las prisiones de la región.
El codirector de InSight Crime Steven Dudley escribió en una editorial para Foreign Affairs que el descuido de necesidades básicas como atención médica, higiene y nutrición en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica ha reforzado la posición de poder de los líderes y pandillas carcelarias durante la pandemia, lo que ha llevado a que los presos los consideren cada vez más como la única fuente de ayuda en medio de la propagación del virus.
Frente a la carencia de protección básica, los presos están abocados a la agudización del temor al contagio frente a los brotes de COVID-19, y ese solo temor es suficiente para desatar un motín.
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