Los temores por la propagación del coronavirus en las prisiones de Argentina han provocado protestas de reclusos y empujado a los directivos a excarcelarlos bajo la figura de prisión domiciliaria, una medida que ha generado controversia y debates generalizados acerca de las condiciones carcelarias en el país.
Una de las protestas más grandes ocurrió el 23 de abril en la prisión federal de Villa Devoto, que alberga la mayor población carcelaria de la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes reclamaban a las autoridades medidas para protegerlos de la propagación del Covid-19. Posteriormente, dos reclusos dieron resultados positivos para el virus, según una nota de La Nación.
“Nos negamos a morir en prisión”, decía un cartel colgado de la ventana de una celda.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Argentina
Las protestas se encendieron un día después de que un interno de otra prisión de Buenos Aires fuera hallado muerto luego de que los guardias reprimieran violentamente una protesta.
En este último caso, los presos treparon por los muros del centro carcelario para exigir mejores condiciones sanitarias después de que se confirmara que un interno estaba infectado de coronavirus. En varios videos se ve cómo disparan balas de goma a los presos, mientras que estos arrojan piedras. Los desórdenes dejaron 40 reclusos y 15 guardias heridos, según una nota de Clarín.
Dos guardias de la prisión fueron detenidos y hay varios más investigados por la muerte del recluso Federico Rey por impactos de bala, según La Nación.
Las autoridades dicen que están tomando medidas para proteger a la población carcelaria de la infección por coronavirus, haciendo pruebas a quienes presentan síntomas y entregando implementos de higiene. En la provincia de Santa Fe, las autoridades reclutaron personal de salud adicional para el trabajo en las prisiones.
El gobierno también ha excarcelado a algunos prisioneros bajo la forma de prisión domiciliaria para reducir la sobrepoblación. Por lo menos 800 presos de Buenos Aires, de grupos en riesgo frente al virus, se han beneficiado de esa medida, según datos oficiales publicados por La Nación. Muchos de los excarcelados purgaban penas por delitos no violentos.
El 30 de abril, personas en toda Argentina salieron a las ventanas en un cacerolazo como protesta por la excarcelación. También una petición en línea contra esa política ha recibido más de 600.000 firmas.
Unas 63.000 personas se encuentran recluidas en prisiones federales en el territorio argentino y en cárceles de la provincia de Buenos Aires, según un estudio de la Universidad Nacional Tres de Febrero. Casi el 20 por ciento de esa población se encuentra privada de la libertad por delitos de drogas.
Análisis de InSight Crime
La pandemia del coronavirus no solo ha dejado en evidencia las malas condiciones carcelarias en Argentina, sino que además ha puesto en aprietos a sus jueces a la hora de ponderar los derechos de presos y víctimas.
Después de que se registraran los primeros casos de coronavirus en Argentina a comienzos de marzo, y con la prohibición absoluta de visitas por la cuarentena obligatoria, reclusos de todo el país iniciaron una serie de protestas. Estas se extienden por centros carcelarios de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Mendoza. Algunas fueron pacíficas, mientras que otras se tornaron violentas, con varios presos heridos y algunos muertos.
Se ha informado que más de 6.000 reclusos han entrado en huelga de hambre en prisiones de Santa Fe para exigir que los tribunales permitan a un mayor número de presos pagar sus penas en sus casas, según La Nación. En Santa Fe se encuentra la ciudad de Rosario, uno de los principales centros de drogas en Argentina.
VEA TAMBIÉN: 3 impactos del coronavirus en la dinámica de las drogas en Argentina
En respuesta a las exigencias de los reclusos y a las preocupaciones de que los brotes en las cárceles pudieran dar lugar a infecciones masivas, la Corte Federal de Apelaciones del país recomendó que se concediera prisión domiciliaria a presos no violentos que estén en mayor riesgo de tener complicaciones de salud, como personas mayores, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas.
Aunque enviar a algunos presos a casa se contempla como la mejor opción en el corto plazo, muchas personas, incluyendo algunos jueces y víctimas de delitos, denunciaron que se está liberando a los presos sin mecanismos de control efectivos para garantizar que sí se queden en casa.
La rama judicial parece dividida en el tema de la prisión domiciliaria, pues algunos jueces alegan que los condenados no deben ser enviados a sus casas por el potencial riesgo para sus víctimas. Varios defensores de las víctimas han apelado la recomendación de la corte federal.
Las víctimas —entre quienes se cuentan mujeres que han sobrevivido a abusos y parientes de víctimas de feminicidio— alegan estar preocupados por su seguridad. En algunos casos, esto ha llevado a los jueces a revertir sus decisiones de enviar a presos a casa.
Algunos jueces ya han rechazado solicitudes de prisión domiciliaria de personas privadas de la libertad por cargos de narcotráfico.
Un juez que habló con Clarín propuso que una alternativa mejor que la prisión domiciliaria sería crear más espacio para los presos en los centros penitenciarios existentes o construir nuevos centros de detención en edificios que no se estén utilizando actualmente, como escuelas, para garantizar que se hagan cumplir las medidas de distanciamiento social.
SUSCRIBIRME