A mediados de marzo se encendían las alarmas sobre la manera en que los presos venezolanos vulnerables propagarían el coronavirus y las medidas draconianas implementadas para evitar que se extendiera. Dos meses después, diversos hechos de violencia protagonizados por presos y autoridades han dejado por lo menos 57 muertos y cientos de heridos y no se vislumbran cambios en la situación.
La masacre de comienzos de mayo en una prisión del estado de Portuguesa, oeste de Venezuela, fue tan solo el ejemplo más reciente de cómo la pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la violencia, el abandono y la violación de derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano.
El pasado 1 de mayo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra un centenar de presos que presuntamente intentaron amotinarse en el Centro Penitenciario de Los Llanos (conocido como Cepella), ubicado en la ciudad de Guanare, capital del estado de Portuguesa.
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El incidente, que se registró a pleno mediodía, dejó 47 presos muertos y más de 75 heridos, entre ellos el director del penal, Carlos Toro, y una oficial de custodia, ambos con heridas cortopunzantes, no de proyectiles.
Este fue el segundo brote de violencia en una prisión venezolana desde que se impusieron las medidas de coronavirus. El 18 de marzo, 10 prisioneros fueron asesinados durante un intento de fuga de la prisión de San Carlos en el estado noroccidental de Zulia.
Las autoridades adujeron que se trató de un intento de fuga masiva promovido por el pran (como se denomina en Venezuela al líder criminal de la prisión). “[Los presos] fueron amenazados con armas de fuego para que fueran y asaltaran a los puestos de seguridad de la cárcel”, declaró la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, con base en la versión de que el pran, conocido por el alias de “Olivo”, había obligado a los reclusos más débiles y desarmados a promover el supuesto escape.
Sin embargo, los familiares de los presos y algunas ONG aseguran que no se trató de un intento de fuga. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los reclusos protestaban por hambre, pues entre las medidas de confinamiento por el coronavirus se restringieron las visitas y se dificultó el ingreso de alimentos a la prisión.
“De acuerdo con versiones recogidas en el sitio, los internos reclamaron la no recepción de los alimentos que sus familiares llevaron al centro penitenciario, que fueron presuntamente retenidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, hecho que los motivó a acercarse a la cerca que divide el área administrativa de la prevención y autoridades, para reclamar, recibiendo a cambio disparos contra su humanidad”, explica el reporte del OVP.
En los días posteriores al incidente, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos se han pronunciado reprochando la masacre y exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro establecer responsabilidades sobre este hecho, que se suma a una larga lista de eventos irregulares en las prisiones de Venezuela.
“No es la primera vez que vemos terribles violaciones contra la vida de las personas presas en Venezuela... La respuesta letal de las autoridades debe ser investigada y analizada a profundidad, para que estos crímenes internacionales no queden impunes”, denunció Amnistía Internacional.
El 8 de mayo, la Fiscalía General anunció en Twitter que emitió imputaciones contra 12 personas por su participación en la violencia, contando a funcionarios de la prisión y reclusos, pero no proporcionaron detalles sobre las identidades de los involucrados.
Análisis de InSight Crime
Debido a la sobrepoblación y a la falta de alimentos y productos básicos, miles de presos dependen de lo que sus parientes puedan hacerles llegar para alimentarse. Ahora, el confinamiento por el coronavirus, combinado con la corrupción de los funcionarios carcelarios que roban víveres, y la falta de combustible en Venezuela han privado a los reclusos de su recurso básico de supervivencia.
"Ellos se alimentan porque la familia les lleva comida; no existe un programa de alimentación por parte del Estado para ellos", declaró Carlos Nieto Palma, coordinador de la organización no gubernamental por los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad (UVL) en entrevista con Deutsche Welle.
Eso añadió un ingrediente insostenible para un cóctel ya explosivo.
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Pero quedan interrogantes sobre las condiciones específicas en la prisión Cepella, escenario de la nueva masacre.
En primer lugar, las autoridades responsabilizaron del motín a alias "Olivo", jefe de una banda que presuntamente controla la prisión y las actividades criminales en su interior. A él se atribuyó la organización de la protesta y se dijo que obligó a los presos más vulnerables a ir al frente del ataque a las fuerzas de seguridad. No se ha reportado que Olivo o su círculo cercano haya salido herido, ni se anunció que alguno de ellos esté entre los imputados.
En segundo lugar, Cepella es una de las pocas prisiones en Venezuela donde el régimen carcelario del gobierno, un proyecto para arrebatar el control a los grupos criminales, no se ha implementado.
Cepella también tenía una capacidad máxima para 750 presos, pero tenía más de 2.500 cuando estalló la violencia, según un reportaje de BBC, donde se citaban cifras del OVP
Aunque el gobierno no ha revelado qué planes específicos tiene para impedir que se presenten nuevos episodios de violencia en Cepella, en el pasado ha clausurado prisiones de manera definitiva después de episodios de violencia, y se ha trasladado a los presos a otros lugares. El gobierno también ha recurrido a la liberación de cientos de presos bajo el “régimen de confianza tutelado”, una figura que permite al Ministerio para el Servicio Penitenciario otorgar la libertad condicionada. Sin embargo, ninguna de estas medidas parece abordar las causas de la violencia.
Incluso si el gobierno libera a algunos reclusos debido al brote de coronavirus, cerrar una prisión y trasladar a los prisioneros a otro lugar no resuelve los elementos que llevaron a la violencia.
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