Cómo la corrupción impulsa el tráfico de tierras en Latinoamérica

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Algunos casos recientes relacionados con apropiación ilegal de tierras y su venta en Perú y Brasil ponen de manifiesto lo lucrativo que puede ser el tráfico de tierras en Latinoamérica y la frecuencia con que la corrupción oficial lo facilita.

En un caso que recibió bastante atención de los medios, las autoridades colombianas capturaron recientemente a Rodolfo Orellana, un empresario y abogado peruano fugitivo que lideraba una red criminal que se dedicó al robo de tierras peruanas por más de una década, durante la que ganó cerca de US$100 millones y adquirió al menos US$1.000 millones en propiedades en Perú.

Según Perú 21, los testaferros de esta red utilizaban documentos falsos para validar reivindicaciones de tierras privadas y públicas. Dichos testaferros figuraban luego en el registro de propiedad de Perú como dueños de estas propiedades. En algunos casos, esta red criminal transfería la propiedad de dichos terrenos a terceros, con el fin de oscurecer más los registros.

El grupo utilizaba una red de abogados, árbitros y notarios corruptos para crear la maraña de papeleo. La organización de Orellana también creó una serie de empresas de consultoría, arrendadoras y empresas de bienes raíces, entre otras compañías, con el fin de ocultar sus huellas. Una de las empresas de bienes raíces, por ejemplo, fue utilizada para adquirir las propiedades robadas, mientras que las empresas de medios de comunicación que él poseía intimidaban a los funcionarios públicos que confrontaban sus actividades.

En otro caso reciente, en el que se vieron implicados personajes poderosos y con buenas relaciones políticas, los hermanos del ministro de agricultura de Brasil se encuentran bajo investigación por la supuesta ejecución de una red que se apropió ilegalmente de más de US$300 millones en tierras públicas en el estado de Mato Grosso, pertenecientes al programa de reforma agraria del gobierno. Este programa reparte tierras adquiridas por el Estado entre campesinos pobres.

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Al parecer, los hermanos utilizaron su influencia política, junto con amenazas y violencia, para obligar a los agricultores a entregar sus lotes por precios bajos. Luego titulaban las tierras a nombre de miembros de la familia y sirvientes suyos. Empleados de la agencia de reforma agraria de Brasil les ayudaban a darles a estas propiedades robadas una fachada de legalidad, informó Folha.

Análisis de InSight Crime

Estos son solo dos casos recientes que ilustran un problema generalizado en Latinoamérica: la usurpación de tierras a través de medios fraudulentos —y a veces violentos— y su reventa o alquiler con fines lucrativos, también conocido como tráfico de tierras. Como se puede apreciar en estos casos recientes, el comercio ilegal de títulos de propiedad no es posible sin conexiones con funcionarios del gobierno que les pueden proporcionar a los traficantes de tierras la necesaria apariencia de legitimidad.

Bajo este pretexto de legalidad, tales redes perpetúan un asunto de vieja data en Latinoamérica: el del conflicto por las tierras. En Colombia, por ejemplo, un período de 20 años de conflicto conocido como La Violencia estuvo vinculado a cuestiones de reforma agraria, mientras que los grupos paramilitares que surgieron en los años ochenta, supuestamente para luchar contra los rebeldes izquierdistas, robaron enormes extensiones de tierra y desplazaron a miles de personas. Las reformas agrarias inequitativas también han conducido a menudo a enfrentamientos violentos y revueltas en México, Guatemala y Brasil, entre otros países de la región.

Las redes criminales que usan abogados, títulos de propiedad y notarios para lograr sus objetivos constituyen un fenómeno distinto al de los usurpadores que se apoderan de tierras valiosas simplemente invadiéndolas físicamente, a menudo de manera violenta (aunque ambos fenómenos a veces se superponen). La apropiación de tierras mediante el uso de la violencia ha llevado a desplazamientos y crímenes ambientales generalizados en toda Latinoamérica, con frecuencia involucrando territorios indígenas. En Nicaragua, el grupo indígena Mayangna, que posee territorios en la Reserva Natural Bosawás, protestó porque algunos invasores de tierra destruyeron 150.000 hectáreas de bosque entre 2009 y 2013.

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Otras veces, las organizaciones narcotraficantes desplazan violentamente a las comunidades de sus tierras, bien sea para perseguir sus propios intereses o los de otras élites. Después de que los paramilitares colombianos se desmovilizaron oficialmente en 2006, su descendencia criminal, los Urabeños, según algunos informes, han continuado expulsando de sus tierras a los residentes de áreas disputadas durante mucho tiempo, en nombre de grandes empresas, como las compañías bananeras. Entre 2011 y 2012, en la región de la Sierra Madre en el estado de Sinaloa en México, hombres armados de diferentes grupos criminales se enfrentaron con el Cartel de Sinaloa, y desplazaron a cientos de personas después de quemar sus casas.

Algunos países han tomado medidas orientadas a combatir el tráfico de tierras y sus crímenes asociados. Bolivia aprobó una ley a finales del año pasado, en la cual se establece una pena de prisión de hasta ocho años para quienes vendan o intercambien tierras de manera ilegal. Perú también estableció una sentencia máxima de diez años de prisión por usurpación de tierras agravada, después de modificar su código penal en 2012; estas reformas también buscaban hacerles más fácil a los jueces ordenar la recuperación de tierras que se cree han sido robadas.

El gobierno nicaragüense, que comenzó a emitir títulos de tierra comunal en 2007, finalmente comenzó a retirar por la fuerza a invasores de tierras a través de una comisión interinstitucional creada para abordar los problemas en Bosawás a mediados de 2013, después de numerosas quejas de la comunidad indígena.

Sin embargo, atrapar a las personas que han invadido tierras violentamente es una cosa, y detectar las redes de corrupción que ayudan a realizar las ventas fraudulentas de tierras es otra cosa. Aunque es prometedor que los gobiernos de Latinoamérca parecen estar reconociendo el daño que pueden causar los traficantes de tierras, tendrán que actuar contra las redes amplias de intereses de las élites que facilitan la documentación falsa, si de verdad pretenden avanzar en la lucha contra este comercio.

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