Una auditoría a la agencia hondureña encargada de adquirir suministros médicos de emergencia para combatir el coronavirus descubrió el despilfarro de millones de dólares, un caso más de malversación en un país cuyo sector de salud pública ya ha sufrido casos de corrupción de enormes proporciones.
El hecho más notable consistió en la compra de siete hospitales móviles por US$47 millones, con un sobrecosto de US$12.3 millones, como afirma la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), una organización no gubernamental de Honduras enfocada en el control de la corrupción.
El hallazgo se produjo como parte de una auditoría que examinó unos US$80 millones en contratos de INVEST-H, la entidad del gobierno de Honduras encargada de asignar contratos a empresas privadas para proporcionar ayuda durante la pandemia por coronavirus.
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La Fiscalía General de Honduras está investigando al exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales, por abuso de autoridad, fraude y malversación, según un informe de El Heraldo.
Axel López, el empresario a quien INVEST-H adjudicó el contrato de hospitales móviles, también está bajo sospecha. López, propietario de una empresa que dice proporcionar suministros médicos, contactó a la firma SDI Global para construir hospitales móviles en Honduras, según dijo el director de SDI Global, Michael Murphy, a CNN en Español. SDI Global, con sede en Turquía, tiene operaciones en Estados Unidos y proporciona servicios de defensa, seguridad y medicina.
López supuestamente falsificó el logotipo de SDI Global y utilizó su información en documentos presentados al gobierno hondureño para obtener el contrato, como señala CNN en Español. SDI Global ha acusado a López de robo de propiedad intelectual, afirma Murphy.
Después de la anulación del acuerdo con SDI Global, López presuntamente utilizó otra de sus empresas, Vertisa, para hacer contratos con otra firma en Turquía que no tenía experiencia previa en la construcción de hospitales, con el fin de fabricar y enviar dos hospitales móviles a Honduras, como informó El Heraldo.
Los dos hospitales provenientes de Turquía llegaron a Honduras el 10 de julio. Según López e INVEST-H, los otros cinco hospitales, subcontratados a través de otras empresas, llegarán en agosto. Por su parte, según La Prensa, López todavía no ha entregado la documentación adecuada.
ASJ también determinó que otros contratos inflados para la adquisición de equipos de bioseguridad, como ventiladores y máscaras, se habían adjudicado a empresas que nunca entregaron los productos prometidos.
Cuatro de las cinco empresas contratadas para suministrar estos equipos no entregaron nunca ningún producto. La única empresa que hizo una entrega parcial, lo hizo con 65 días de retraso, como halló la auditoría.
Una empresa, Grupo GyT, firmó un contrato en abril con INVEST-H para entregar 474.000 máscaras N95. La auditoría determinó que solo este contrato tuvo un valor cinco veces mayor que todos los 75 contratos anteriores que GyT había firmado con el gobierno. El Grupo GyT canceló el contrato pero conservó el anticipo, según un informe de El Heraldo del 21 de mayo. Sin embargo, el Grupo GyT le ha proporcionado a InSight Crime las evidencias de que la empresa devolvió el dinero del contrato a INVEST-H el 25 de mayo.*
INVEST-H afirma que las pérdidas son causa de la pandemia, y sostiene que ASJ estaba castigando a la entidad “por ser la única lo suficientemente valiente como para comprar” en circunstancias de emergencia.
El 2 de julio, las autoridades allanaron la residencia del director de INVEST-H, Bográn Corrales, y tomaron documentos diversos. Cinco días después, Bográn compareció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción Pública. Luego, el 12 de julio, las autoridades allanaron la residencia de su madre para recabar más pruebas.
Bográn Corrales sostiene que es inocente. Hasta ahora, otros dos empleados de INVEST-H han testificado ante los fiscales.
Análisis de InSight Crime
Si bien la corrupción ha impedido una adecuada respuesta ante la pandemia en toda Latinoamérica, los sobrecostos y el despilfarro descubiertos por ASJ se ajustan a la larga historia de corrupción que se ha observado en los organismos de salud del gobierno de Honduras.
A mediados de la década de 2000, se malversaron al menos US$330 millones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mediante una red de empresas falsas, cuyo esquema de corrupción produjo la muerte de los pacientes que recibieron medicamentos contaminados y tratamientos inadecuados. De esa cantidad, dos millones fueron para el director del IHSS, y los dineros malversados llegaron incluso a los fondos de la campaña del presidente Juan Orlando Hernández.
Alrededor de INVEST-H hubo varias sospechas. El gobierno hondureño eligió a este organismo para manejar las compras durante la pandemia y le dio autoridad sobre el Ministerio de Salud. INVEST-H, además, agilizó la dudosa compra de los hospitales móviles menos de 48 horas después de que el ministro de Salud le pidiera unidades de aislamiento, según la auditoría de ASJ.
El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, pidió una investigación para determinar si la compra se realizó por acuerdo previo.
“Es imposible que en un día y medio uno pueda hacer una compra de esta naturaleza”, dijo Hernández durante la presentación de la auditoría de ASJ el 24 de junio.
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En junio, InSight Crime informó sobre cómo la pandemia ha facilitado el fraude de contratos en casi todos los países latinoamericanos. El caso de INVEST-H encaja con las tendencias regionales actuales y la historia de corrupción en el sistema sanitario hondureño.
* Una versión anterior de este artículo señalaba que el Grupo GyT no había devuelto el dinero a INVEST-H. La compañía nos contactó y proporcionó evidencias que prueban lo contrario. Por lo tanto, esta información ha sido rectificada.
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