El arresto, por cargos de narcotráfico, del jefe de policía federal de la estratégicamente ubicada provincia de Santa Fe, en Argentina ha obligado a las autoridades a salir una vez más a negar que la corrupción sea endémica en los cuerpos de seguridad, y asegurar que es una cuestión de "unas cuantas manzanas podridas".
Marcelo Lepwalts, jefe de la Policía Federal de la provincia de Santa Fe, responsable de las investigaciones por narcotráfico, y otros cinco agentes fueron puestos bajo custodia el 9 de mayo, según anunció a la prensa el jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia.
Los agentes enfrentan cargos por tráfico de narcóticos luego de que los investigadores hallaran cerca de 100 bolsitas de cocaína en sus oficinas y dinero en efectivo en sus residencias.
Según la investigación oficial, los agentes de policía habían retenido los alcaloides después de incautarlos a un traficante de drogas local.
“Hemos confirmado la relación entre miembros de la institución y narcotraficantes en varias operaciones irregulares”, puntualizó Roncaglia.
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No es la primera vez que agentes de la Policía Federal son señalados de corrupción.
A comienzos de este año, seis agentes de la institución fueron condenados a sentencias de prisión por el robo y la reventa de mercancías de contrabando confiscadas en la provincia de Salta, al norte de Argentina.
En 2017, se abrió una investigación contra el exjefe de policía de la Policía Federal a cargo de la capital argentina. Fue interrogado por cargos de corrupción, acusado de dirigir una organización ilegal que exigía pagos a negocios locales a cambio de seguridad, según un informe de Perfil.
Un año antes, cinco agentes federales que trabajaban en Buenos Aires fueron detenidos por cargos de corrupción, informó TN. También fueron sindicados de extorsionar a dueños de negocios locales.
Las autoridades alegan que la corrupción en la Policía Federal es inusual.
El jefe de la Policía Federal Argentina Néstor Roncaglia afirmó en una entrevista reciente que “no somos todos iguales, [la corrupción] no es institucional”.
La Policía Federal de Argentina es el organismo de seguridad más importante del país. Con casi 30.000 miembros, tiene presencia en todas las provincias. Su tarea principal es vigilar crímenes federales, incluyendo narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.
Por lo general trabajan en coordinación estrecha con los 23 cuerpos de policía provincial de Argentina y con la policía de la ciudad de Buenos Aires.
Análisis de InSight Crime
Las acusaciones de corrupción contra las fuerzas de seguridad en Argentina no son nuevas. Pero al contrario del caso del cuerpo de policía de Buenos Aires, que muchas veces está sujeta al escrutinio público, las historias que se cuentan de los agentes federales no son tan públicas.
¿Significa eso que son menos corruptos?
Los analistas dicen que no.
Durante muchos años, los expertos han advertido que las organizaciones criminales no pueden operar sin cierto grado de connivencia con los organismos de seguridad, en particular en lo que tiene que ver con el transporte de sus productos en zonas de presencia policial.
“El mayor costo para los narcotraficantes es el transporte, porque tienen que pagar a elementos corruptos de los cuerpos de seguridad. No hay narcotráfico sin fuerzas de seguridad”, apuntó Daniel Otero, periodista investigativo que ha cubierto ampliamente este tema.
“La diferencia entre la policía de Buenos Aires y la Policía Federal de Argentina es que la primera interactúa con narcos de poca monta y la segunda tiene tratos con organizaciones más grandes, más poderosas”, dijo Otero
Otero comenta que la Policía Federal es más “sofisticada” en las maneras como se involucra con las organizaciones criminales, razón por la que, afirma, pocos escándalos públicos afectan a la institución.
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Funcionarios de la administración del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder con una fuerte campaña contra la corrupción que priorizaba la lucha contra el crimen organizado, aseguran estar dando más pasos que nunca para identificar y castigar esos casos.
En abril de 2018, por ejemplo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich anunció mayor protección para los agentes que entregaran información sobre corrupción y connivencia con organizaciones criminales dentro de la institución.
Según el sistema, los delatores recibirán mayor protección cuando denuncien abusos y crímenes.
“Recibimos en promedio 3 a 4 denuncias anónimas al día y cada día más agentes confían en el sistema”, dijo a InFobae un oficial encargado del departamento anticorrupción de las fuerzas de seguridad.
Aunque son muy positivos, los programas oficiales tienden a centrarse en casos individuales de corrupción y mala conducta. Acabar con la corrupción en las fuerzas de seguridad es una tarea titánica. Pero a menos que las estructuras que permiten esta corrupción sean desmanteladas efectivamente, las organizaciones criminales seguirán aprovechando la situación.
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