Crimen organizado causa incendios forestales en Guatemala: funcionarios

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Una de las peores temporadas de incendios de la última década en Guatemala ha causado la destrucción de enormes franjas de selva tropical protegida y ha llevado al gobierno a proponer nuevas y agresivas políticas para acabar con los grupos del crimen organizado que los causan.

Funcionarios en la zona le dijeron a InSight Crime que aproximadamente 16.000 hectáreas, y quizá muchas más, fueron destruidas en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, durante la temporada de incendios de este año, que en general se extiende de diciembre a mayo. Muchos de los incendios tuvieron lugar en parques nacionales dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, una de las selvas tropicales protegidas más grandes de Centroamérica.

A finales de mayo, el presidente Alejandro Giammattei atribuyó 20 de los 23 incendios activos a las invasiones de tierras y al despeje de la cobertura forestal para la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas ocultas en las profundidades de parques nacionales como Laguna de Tigre y Sierra del Lacandón.

Los incendios suelen comenzar cuando narcotraficantes tratan de despejar grandes franjas de selva tropical, y las llamas se salen de control debido a la maleza seca y a la falta de lluvia. Esos terrenos son despejados para la ganadería, la cual es utilizada como fachada para el lavado de dinero y para pistas de aterrizaje clandestinas a donde llegan cargamentos de cocaína, según las autoridades. Esta práctica se conoce como “narcoganadería”.

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Las avionetas procedentes de Colombia y Venezuela, entre otros países de tránsito de drogas, pueden aterrizar en la reserva prácticamente sin ser detectados debido a la dificultad de patrullar esta selva. Desde allí, los cargamentos son enviados a la frontera sur de México, a veces apenas a unas horas en coche de las pistas.

Un estudio de la Universidad Estatal de Texas, publicado en junio, señala que, entre 2000 y 2015, aproximadamente el 30 por ciento de la cobertura forestal del Parque Nacional Laguna del Tigre fue transformado en tierras agrícolas, en gran parte para la ganadería.

El gobernador de Petén, Luis Burgos, quien asumió el cargo este año, narró que llevó a cabo su primer sobrevuelo de la zona con el fin de observar los daños causados por los incendios en abril. Dijo que vio camiones que ingresaban a Guatemala desde México, así como numerosas pistas de aterrizaje recién construidas. Se refirió a algunas de las pistas de aterrizaje como “cementerio de aviones”, porque los narcotraficantes los destruyen allí después de aterrizar.

“Después de ese vuelo, bajé del helicóptero llorando”, dijo en conversación con InSight Crime.

Burgos dice que ha iniciado conversaciones preliminares con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el fin de desarrollar nuevas estrategias para recuperar la reserva. Un funcionario del CONAP confirmó que la gobernación está apoyando los proyectos de conservación, pero no dio detalles de los planes a futuro.

Burgos también que, una vez que se relajen las medidas de cuarentena por el coronavirus, recurrirá a las fuerzas del orden para desalojar por la fuerza a los invasores de tierras —una estrategia que ya es utilizada en la reserva en algunos casos— y que solicitará ayuda adicional a la comunidad internacional.

Análisis de InSight Crime

Aunque es alentador que las autoridades reconozcan el papel del crimen organizado en los incendios de este año y que planeen tomar medidas contra estas invasiones de tierras vinculadas al narcotráfico, será difícil lograr un verdadero cambio.

Las poderosas redes criminales, y familias como los Lorenzana, han dominado el norte de Guatemala durante décadas, no solo despejando terrenos para sus actividades ilícitas, sino también, se supone, comprando a funcionarios municipales y policiales para poder tener el control, como dijeron expertos locales a InSight Crime. Según el estudio de la Universidad de Texas, los criminales más poderosos casi nunca viven en el área, sino en otros departamentos del país, y nombran vigilantes para que estén al frente de las haciendas narcoganaderas.

A menos que el gobierno vaya tras los líderes y los dineros que sustentan las haciendas, los intentos de erradicar físicamente a los invasores de tierra pueden resultar infructuosos, ya que los vigilantes encargados pueden trasladarse a otras zonas de la reserva, despejar otros terrenos y comenzar de nuevo.

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En 2016 se necesitaron 165 agentes de policía, dos helicópteros y 18 redadas para desmantelar una operación criminal de la familia Mendoza que había conseguido 28 parcelas conectadas en Petén, mediante estrategias como intimidaciones, amenazas y compras a bajo precio —un plan que ni siquiera requería ocultarse en la selva—.

Enviar más agentes para desalojar a los invasores generará inevitablemente nuevos debates sobre derechos humanos, relacionados con los derechos a la tierra en los parques nacionales. Cuando la guerra civil del país llegó a su fin en 1996, los campesinos que habían sido obligados a abandonar sus tierras se establecieron en la zona sin saber que había sido declarada área protegida. Otros afirman que llegaron antes de que se estableciera la reserva, lo que generó complicadas batallas legales con algunas de las poblaciones más vulnerables de Guatemala.

Los funcionarios de la zona tratan de diferenciar la deforestación causada por las comunidades campesinas informales —cuyas parcelas suelen ser más pequeñas y dedicadas a la agricultura— de las enormes parcelas despejadas por los ganaderos. Sin embargo, no todo es precisamente en blanco y negro.

Esas comunidades también han despejado a veces grandes extensiones de tierras en las que están técnicamente en ocupación ilegal. Y aunque los conservacionistas afirman que han aparecido pistas de aterrizaje clandestinas cerca, es muy difícil confirmar sus conexiones con la actividad ilegal.

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