Algunos de los principales académicos, periodistas de investigación y expertos en seguridad de América Latina se reunieron de manera virtual este 3 de diciembre para discutir las nuevas manifestaciones del crimen organizado transnacional que más atención demandaron en la región en 2020, en el marco del seminario anual convocado por InSight Crime y la Universidad del Rosario de Colombia.
El evento comenzó con una discusión sobre cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recurrido a grupos criminales locales y en Colombia con el fin de mantener el control en su país.
“Un feudo criminal es donde los actores criminales actúan con la venia del Estado, a menudo trabajando en conjunto con las fuerzas estatales. Hasta ahora hemos identificado 16 feudos criminales en Venezuela”, dijo Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime.
Estos enclaves criminales se extienden desde Caracas, la capital del país, pasan por el interior y llegan a las principales regiones fronterizas con Brasil y Colombia. En algunos casos, los intentos de represión estatal contra los grupos armados para recuperar estas zonas han tenido el efecto contrario y han exacerbado el control territorial y social que dichos grupos ejercen.
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“Las operaciones de seguridad [en Caracas] desencadenaron una alianza amplia entre los grupos criminales para responder a la guerra declarada por el Estado en 2015”, afirmó Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, al referirse a la polémica Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
A medida que los grupos criminales se afianzan, también están en mayor capacidad de dominar diversas economías ilícitas, señaló el periodista Nelson Bocaranda, de RunRun.es, y explicó que, solo en el último año, hubo un aumento en el tráfico de drogas y armas, la extorsión y el contrabando de migrantes, así como en el tráfico de diversos minerales, como coltán, cobre y oro.
“El aumento de las extorsiones es un factor clave. Esta es una de las economías ilícitas que más ha crecido desde 2018”, dijo Bocaranda, y señaló que casi todas estas economías criminales logran operar gracias a la complicidad o la negligencia del Estado.
En donde es más evidente este tipo de control criminal es en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, según Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar.
En palabras de Cañizares, esta situación ha creado una “anarquía criminal”, en la que la presencia de grupos criminales se ha multiplicado y las pandillas locales han evolucionado de maneras nunca antes vistas.
Para combatir esta situación, argumentaron Bocaranda y Zubillaga, en Venezuela se necesita un proceso de reinstitucionalización. Esto no eliminaría por completo a los actores criminales o sus economías ilícitas, pero podría hacerlos menos públicos y empujarlos a la clandestinidad.
“En ningún país de América Latina se ha presentado un crecimiento del crimen organizado tan desenfrenado como en Venezuela en los últimos 20 años. Si seguimos en esa dirección, en los próximos cinco años habrá grupos venezolanos repartiéndose el poder criminal, junto con grupos colombianos y mexicanos”, advirtió McDermott para concluir su intervención en el primer panel.
En el segundo panel, el seminario abordó una de las economías ilícitas más lucrativas y poco denunciadas de América Latina, la de los delitos ambientales y el ecotráfico.
La moderadora Inge Valencia, de la Universidad Icesi, de Colombia, comenzó por explicar cómo el repunte en los cultivos ilícitos de coca y en la minería ilegal en Colombia en los últimos años está “exacerbando el panorama de los crímenes ambientales”.
Lo que hace que estos crímenes sean únicos en su tipo y difíciles de combatir es que se ubican en una fina línea entre la legalidad y la ilegalidad, atrayendo a una amplia gama de actores debido en gran parte a su bajo riesgo y alta rentabilidad.
“Estas actividades no comenzaron en la criminalidad, sino en la informalidad”, puntualizó James Bargent, investigador sénior de InSight Crime. “Las actividades informales y las principales economías internacionales generaron el espacio perfecto para que el crimen organizado fuera el puente entre estos dos mundos”.
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Javier Revelo Rebolledo, docente de la Universidad del Rosario, comenzó su intervención destacando la compleja realidad del fenómeno de la deforestación y de otros delitos ambientales. “La criminalidad es un motor de la deforestación; eso es imposible negarlo. Sin embargo, no podemos suponer que la deforestación en la Amazonía sea el resultado de la actividad criminal por sí sola”, afirmó el profesor.
De hecho, la presencia de cultivos de coca no es necesariamente un “motor directo” para la deforestación, aclaró María Alejandra Vélez, profesora de la Universidad de los Andes. Más bien, explicó la profesora, una gran cantidad de factores, desde el desarrollo económico hasta la política estatal de drogas, pueden afectar el alcance y la escala de los delitos ambientales.
Por tanto, la resolución de estos problemas debe considerar varios factores. “Debemos diferenciar entre políticas de seguridad para enfrentar a los actores criminales y políticas de desarrollo rural para proteger a las comunidades vulnerables que luchan contra la deforestación, las cuales también se ven amenazadas por los actores criminales”, afirmó Vélez.
Sin embargo, la situación no se limita a la seguridad y el desarrollo rural, sino que implica también entender mejor las condiciones socioeconómicas y políticas, e intentar aumentar la legitimidad y presencia del Estado en las áreas afectadas por crímenes ambientales, como las regiones del Amazonas y del Pacífico de Colombia, como señala Mauricio Cabrera, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) en Colombia.
El tercer y último panel del día dirigió la atención a un rasgo del que los actores criminales hicieron gala especialmente durante este tumultuoso año: su adaptabilidad, una habilidad que resultó crucial en medio de los cierres fronterizos provocados por la pandemia de coronavirus y de las interrupciones en las cadenas de suministros internacionales.
Si bien esos obstáculos impidieron que algunos grupos criminales transportaran drogas y bienes de contrabando, la pandemia también abrió nuevas oportunidades para diversificar los portafolios criminales y para la búsqueda de nuevas rutas de tráfico, lo que permitió la expansión de los grupos más innovadores.
Un tema que generó interés durante el panel fue el de la gobernanza criminal. Grupos como las pandillas de Brasil y los colectivos de Venezuela, entre otros, han podido reforzar su presencia con la entrega de paquetes de alimentos y la imposición de sus propias normas para la cuarentena. “Los grupos criminales han ampliado su influencia política y social”, expresó el codirector de InSight Crime, Steven Dudley, “especialmente en lugares donde no hay presencia estatal, o donde esa presencia es débil”.
Todos los participantes en el panel estuvieron de acuerdo en que, en este punto de la pandemia, es muy pronto para conocer todas las formas en que el COVID-19 ha impactado el panorama criminal de América Latina. Llevar a cabo trabajo de campo ha resultado difícil este año debido a las cuarentenas, y las estadísticas disponibles sobre incautaciones de drogas y tasas de homicidios no siempre ofrecen respuestas claras.
“El impacto [de la pandemia] no es tan claro o pronunciado como quisiéramos”, señaló Angélica Durán, de la Universidad de Massachusetts-Lowell, al referirse a los datos sobre crimen de 2020.
Algunas economías criminales que antes no estaban en el radar, como el mercado negro de medicinas e insumos hospitalarios, pueden ser una vía a corto plazo para beneficiarse de la emergencia sanitaria mundial, afirmaron los panelistas. Sin embargo, no está claro si otras tendencias criminales, como la ciberdelincuencia, que los grupos pueden llevar a cabo desde casa, llegaron para quedarse mucho después de que supere la pandemia.
La panelista Carolina Sampó, de la Universidad Nacional de La Plata, expresó su preocupación por el hecho de que las dificultades socioeconómicas de la región, exacerbadas por la pandemia, configuren la actividad criminal en los años venideros, ya sea en la forma de gobernanza criminal o mediante el aumento del reclutamiento de personas desesperadas por llegar a fin de mes.
“Lo que estamos viendo es que los grupos del crimen organizado han encontrado la forma de seguir operando de la manera más normal posible”, concluyó Sampó.
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