Crimen organizado causa aumento de homicidios en municipios más violentos de México

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La estrategia de seguridad de México para sus 50 municipios más violentos no ha logrado dar frutos después de seis meses, pues las dinámicas criminales siguen generando altas tasas de homicidios, a pesar de los esfuerzos del gobierno.

Seis meses después de la puesta en marcha de una estrategia de seguridad especial para los 50 municipios más violentos de México, el número de homicidios registrados entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 aumentó en 37 de los municipios, en comparación con el número de asesinatos durante el mismo período del año anterior, informó Animal Político el 27 de marzo.

A finales de agosto de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el 42 por ciento de los homicidios de México hasta ese año se concentraron en sólo el 2 por ciento de los municipios. Esta concentración de la violencia llevó a que se lanzara una estrategia de seguridad para los 50 municipios más afectados, con el objetivo de fortalecer las instituciones y programas de prevención social.

El presidente dijo además que gobernadores y funcionarios locales deben responsabilizarse más de la seguridad pública, asegurando el apoyo continuo a las fuerzas federales y anunciando planes para una mayor coordinación entre las fuerzas federales y locales.

Pero seis meses después del anuncio de la estrategia, las cifras reveladas por Animal Político muestran que los homicidios solamente disminuyeron en 12 de los 50 municipios objeto de las medidas y las tasas permanecieron en el mismo nivel en uno de ellos. Por otra parte, de los diez municipios con el mayor incremento, en ocho la tasa pasó a ser de más del doble, incluyendo tres municipios donde la cifra se triplicó, o incluso fue mayor.

El municipio con el mayor incremento en su tasa de homicidios fue Tecomán, en el estado de Colima. Debido al aumento de casi el 300 por ciento en los asesinatos en el municipio, el gobierno federal envió 500 policías militares en febrero de 2017 para asegurar el área. El secretario de seguridad de Colima, Francisco Javier Castaño Suárez, dijo que dicho aumento en la violencia era el resultado de una guerra entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó AF Medios.

El año pasado, el estado de Colima sufrió un aumento en los niveles de violencia, y las cifras de homicidios registradas en abril de 2016 en todo el estado mostraron un incremento del 940 por ciento en comparación con abril de 2015. Como InSight Crime lo explicó, este brote de violencia estuvo relacionado con enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG.

Asimismo, los enfrentamientos entre los grupos criminales parecen ser la fuente de la violencia en los dos municipios del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez y Chihuahua. Sin embargo, en estos casos los actores generadores de la violencia son las pandillas locales, y no tanto las organizaciones transnacionales.

Según El Universal, un funcionario judicial local argumentó que los enfrentamientos territoriales similares entre bandas locales dedicadas al microtráfico pueden ser en gran parte las que están generando la violencia en la ciudad puerto de Mazatlán, Sinaloa, que registró un aumento del 159 por ciento en los homicidios. Pero un informe periodístico de La Jornada sostiene que la violencia en esta área de estratégica importancia pudo haber surgido más bien de un conflicto entre la Organización Beltrán Leyva (aliada con el CJNG) y el Cartel de Sinaloa.

Algunos informes de octubre de 2016, aún sin confirmar, también se refirieron a una ofensiva del CJNG contra el Cartel de Sinaloa en Baja California Sur, señalando que dicha ofensiva es la responsable de la violencia que ha sacudido a la capital del estado, La Paz, donde se presentó un aumento del 77 por ciento en la tasa de homicidios.

Muchos de los municipios más violentos se encuentran en los estados que han sido por mucho tiempo los principales bastiones del crimen organizado, como Tamaulipas, donde más del 90 por ciento de los homicidios están presuntamente vinculados al crimen organizado.

Uno de los dos municipios más violentos de Tamaulipas, Reynosa, no sólo se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos, sino además en la Cuenca de Burgos, el depósito de gas más grande de México, lo que significa que la ciudad ofrece amplias oportunidades criminales para el narcotráfico y el robo de combustible. Reynosa sigue siendo el epicentro de enfrentamientos entre grupos rivales y miembros de los organismos de seguridad que van tras los líderes criminales.

Además de los enfrentamientos entre los carteles en Tamaulipas, en otro municipio con altos niveles de violencia, Ciudad Victoria, se dio una transición política a mediados de 2016 que también pudo haber contribuido al aumento de la violencia, debido a posibles reajustes entre grupos criminales y funcionarios corruptos.

Asimismo, el crimen organizado se ha establecido profundamente en los estados de Guerrero y Michoacán, que aparecen junto con Tamaulipas entre los cinco estados más peligrosos para los militares desplegados en la zona. Varios municipios de estos dos estados han registrado un aumento en los homicidios, a pesar de la implementación de la estrategia del gobierno en estas 50 ciudades.

Tanto Michoacán como Guerrero también han debido enfrentar la presencia permanente de los grupos de autodefensa y de carteles de la droga rivales que se han enfrentado por el control de las ricas tierras agrícolas de estos estados, que son utilizadas para el cultivo de amapola y marihuana. El fiscal general del estado de Guerrero admitió recientemente que las autoridades eran impotentes frente al crimen organizado del estado, que se ha convertido en el epicentro del cultivo de amapola en México.

Análisis de InSight Crime

La estrategia de seguridad dirigida a territorios específicos parece haber tenido éxito en ciertos municipios, como Acapulco, Guerrero; Monterrey, Nuevo León, o Puebla en el estado del mismo nombre. Las respectivas disminuciones de aproximadamente 15, 33 y 35 por ciento en las tasas de homicidios en estos municipios son importantes, dado que estas tres áreas han estado en el centro de las disputas entre grupos criminales rivales que se enfrentan por el control de las economías ilícitas.

Pero estas leves mejoras en la seguridad se ven opacadas por los altos incrementos en los homicidios en numerosos municipios. Y esta dinámica nos recuerda que las instituciones de seguridad de México continúan la lucha por detener la violencia en áreas de los estados que tradicionalmente han sido focos del crimen organizado.

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En octubre de 2016, un informe sostenía que más de la mitad de los homicidios de México estaban vinculados al crimen organizado. Algunos estados, como Baja California Sur, Tamaulipas o Michoacán, no sólo presentan altísimos porcentajes de asesinatos relacionados con el crimen organizado, sino que además tienen algunos de los municipios con el mayor incremento en las tasas de homicidio. Además, y como se señaló anteriormente, los informes recientes han descrito varios cambios en la dinámica criminal en los municipios más violentos antes mencionados. Esto permitiría señalar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, los cambios en el mundo criminal son en gran parte responsables de los aumentos en la violencia concentrada en estas regiones.

De hecho, la estrategia enfocada en las 50 ciudades pudo haber estado viciada desde el principio. Ya en septiembre de 2016, el plan especial fue criticado por ser extremadamente vago en cuanto a los programas de prevención y porque era similar a políticas anteriores cuya eficacia —o la ausencia de ésta— no había sido rigurosamente evaluada, según los expertos referidos por Animal Político.

Por ejemplo, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que muchos de los municipios ya han recibido bastante financiamiento federal para fortalecer las instituciones de seguridad, pero que no se ha hecho ninguna evaluación acerca de qué tan eficientemente se han invertido esos dineros. Por otro lado, el experto en seguridad Alejandro Hope señaló que dicha política no hace referencia al fortalecimiento de la Procuraduría General de la República ni de las fiscalías distritales, que desempeñan un papel clave en la reducción de la inseguridad en el largo plazo.

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