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ANÁLISIS

Cómo se cruzan el crimen organizado y la corrupción en Latinoamérica

COLOMBIA / 4 DIC 2014 POR JEREMY MCDERMOTT ES

Mientras Transparencia Internacional publica su clasificación anual sobre la corrupción, InSight Crime analiza cómo la corrupción en Latinoamérica se ve afectada por uno de sus más poderosos promotores: el crimen organizado.

Con el fin de facilitar los negocios, los grupos del crimen organizado corrompen a ciertos elementos del Estado -en particular, a las fuerzas de seguridad y al poder judicial. El crimen organizado también ha mostrado interés en infiltrar la arena política en muchos lugares de la región.

La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) ha estado publicando una clasificación anual de los países más corruptos del mundo desde 1995 -aunque el número de países encuestados, y la metodología utilizada para ello, ha cambiado con el tiempo, lo que significa que las más recientes clasificaciones no son comparables con las anteriores. La ONG le da a cada país una puntuación con base en "qué tan corruptos se ven sus sectores públicos", según su página de Internet.

Este número se calcula mediante la agregación de las puntuaciones numéricas calculadas por otras 12 instituciones -una combinación de organizaciones no gubernamentales de investigación como Freedom House, fundaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Bertelsmann con sede en Alemania, empresas privadas como la corporación de análisis de riesgo PRS Group y la Economist Intelligence Unit, e instituciones financieras como el Banco Mundial.

Según el índice más reciente de Transparencia Internacional, Venezuela y Haití fueron percibidos como los países más corruptos de Latinoamérica y el Caribe, seguidos por Paraguay, Nicaragua, Honduras y Guyana. En el otro extremo del espectro, Barbados, Chile, Uruguay y Bahamas fueron percibidos como los menos corruptos. Sin embargo, la clasificación de la corrupción dentro de un país con base en el poder de los grupos del crimen organizado puede resultar en una lista muy diferente. Una cosa es tener a funcionarios que piden sobornos para otorgar permisos, hacer desaparecer las multas por exceso de velocidad y asegurar contratos gubernamentales. Otra cosa es tener a la totalidad de las fuerzas policiales municipales en la nómina de los carteles de la droga, como en México; que el dinero de narcotraficantes o mineros ilegales de oro financien campañas políticas a gran escala, como en Perú; o sobornar e intimidar a toda una Asamblea Constituyente para prohibir la extradición, como Pablo Escobar hizo en Colombia.

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El crimen organizado busca corromper a los funcionarios del Estado para que ellos se hagan los de la vista gorda frente a sus actividades, o bien para facilitárselas. La prioridad siempre es la policía, la misma fuerza que debería estar investigando sus actividades. Las fuerzas policiales antinarcóticos son una prioridad para los criminales en Latinoamérica. Otras prioridades para el narcotráfico son los oficiales que controlan los potenciales puntos de salida o de tránsito para los cargamentos de drogas, como oficiales y policías en puertos y aeropuertos.

Las investigaciones sobre el crimen organizado las manejan la policía o la Fiscalía General, ambas víctimas frecuentes de sobornos o intimidaciones. Si el crimen organizado no puede prevenir que los casos sean investigados y presentados, entones recurren a los jueces. Si todos estos intentos fracasan y los criminales son condenados, entonces intentan manejar sus negocios desde prisión, que en muchos lugares de Latinoamérica son como universidades para los criminales y centros de actividad criminal. Una vez condenados, ha habido ejemplos de criminales que han pagado para recibir indultos presidenciales, como se rumora en Perú.

Muchos grupos del crimen organizado han buscado la máxima protección: figuras políticas de alto rango. Los ejemplos de mayor perfil en este caso se han dado en Colombia. En 1994, se creía que el Cartel de Cali había pagado US$6 millones para asegurar que Ernesto Samper (hoy Secretario General de UNASUR) ganara la presidencia. En 2002, el ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) logró ganar más del 30 por ciento del Congreso, en un intento por asegurar condiciones favorables para un acuerdo de paz.

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A la luz de lo anterior, InSight Crime ha clasificado a los países de Latinoamérica con base en nuestra evaluación sobre el poder y la habilidad del crimen organizado para corromper elementos del Estado. Nuestra clasificación, desde luego, no está basada en la misma rigurosa metodología de Transparencia Internacional, pero proviene de nuestra experiencia de estudiar a los grupos del crimen organizado a lo largo de la región:

México se encuentra en el puesto 103 de 174 países en la lista de Transparencia Internacional. Para InSight Crime, este país tiene las organizaciones criminales más poderosos de la región, seguido de cerca por Colombia, que según TI se encuentra en el puesto 94. Venezuela, clasificado como el país más corrupto de la región por TI, es un centro criminal importante de la región, actuando como país de tránsito para alrededor de 200 toneladas de cocaína colombiana con destino a Estados Unidos y Europa. Su crimen organizado no está cerca de ser tan poderoso como el de México o el de Colombia, pero es quizás único en la región por estar incrustado en el régimen Chavista –una estructura que llamamos el “Cartel de los Soles”, en referencia a las estrellas de oro que los generales venezolanos llevan en sus hombreras. Paraguay, que también se encuentra hacia la parte inferior de la lista de TI, es un importante productor de marihuana, pero no tiene estructuras locales poderosas de crimen organizado transnacional, aunque los brasileños tienen una presencia significativa.

Lo que muestra este limitado ejercicio es que la presencia de poderosas organizaciones criminales no garantiza que un país vaya a recibir una mala calificación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, aunque es innegable que éste sea un factor contribuyente.

*Kyra Gurney, David Gagne y Elyssa Pachico contribuyeron a este artículo. La investigación presentada es, en parte, el resultado de un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC por sus iniciales en inglés). Su contenido no refleja necesariamente la posicion del IDRC. Las ideas, pensamientos y opiniones contenidas en este documento son propias del autor o autores.

 

 

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