Crimen organizado, ganador del recorte de ayuda de EE. UU a Centroamérica

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El presidente Donald Trump hizo realidad su amenaza de suspender la ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala a finales de marzo pasado. Después de repetir, desde octubre de 2018, que los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica seguían aceptando ayuda económica de Washington sin hacer nada por detener la migración, Trump ordenó a su Departamento de Estado hacer efectivo el recorte.

Las ayudas a El Salvador, Honduras y Guatemala han sido significantes. En total, el Congreso en Washington asignó US$657.4 millones a los tres países en el año fiscal 2017, US$615 millones para 2018 y US$527.6 millones para 2019. La decisión de Trump afectaría a todos estos paquetes de ayuda, buena parte de los cuales aún no han sido desembolsados, de forma diferente.

Un estudio realizado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) indica que en 2016 y 2017 cerca de la mitad de los fondos se asignaron a programas de apoyo a la seguridad pública, los sistemas de justicia, la prevención de violencia, la transparencia y la buena gobernanza, todos rubros relacionados de alguna manera con el combate al crimen en la región. Pero Trump anunció en mayo que se mantendría la ayuda a la policía.

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Una fuente legislativa en Washington que ha seguido de cerca las discusiones sobre estos fondos -que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a revelar deliberaciones internas del Congreso- dijo que la administración Trump ha enviado instrucciones a las embajadas de Estados Unidos en los tres países de no hacer ningún nuevo compromiso de dinero del 2017.

En el caso de ese año fiscal, dice esta fuente, “Washington está revisando incluso contratos que ya han sido firmados para determinar si es más caro romperlos que continuarlos”. El Congreso, sin embargo, aún no ha sido notificado de cambio alguno.

“La decisión sobre los fondos de 2018 es no comprometer ningún dinero, por lo que muchos creen que eso ya se perdió”, añadió esta fuente.

Una segunda fuente legislativa consultada confirmó que legisladores de ambos partidos que se oponen a la medida están trabajando en un nuevo lenguaje que “haría más difícil” a la administración no gastar el dinero asignado para 2019 y el que está proyectado asignar en 2020.

Aquí, InSight Crime presenta cinco formas en las que los recortes pueden empeorar el crimen en una de las regiones más violentas del mundo:

1.Debilitar esfuerzos contra la corrupción y el crimen organizado

El dinero estadounidense ha servido, entre otras cosas, para fortalecer unidades especializadas de investigación criminal en los tres países. En los casos de Honduras y El Salvador, los programas destinados a mejorar la transparencia en los sectores judiciales estuvieron entre los mejor financiados en 2017, según WOLA (alrededor de US$ 22 millones en cada nación). En El Salvador, el dinero estadounidense adjudicado entre 2015 y 2017 ayudó a mejorar las capacidades técnicas de un grupo especial antiimpunidad en la Fiscalía General y en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Allí nacieron las investigaciones criminales que sirvieron para procesar a dos expresidentes por corrupción y malversación de fondos.

2. Emprobrecer programas de prevención de la violencia juvenil

Un buen porcentaje de los recursos asignados en 2017 fueron también a programas de prevención de la violencia: alrededor de US$47 millones en el caso de El Salvador y unos US$33 millones para Honduras. En el primer país, el apoyo financiero ha sido vital para echar a andar el componente preventivo del plan gubernamental “El Salvador Seguro” en comunidades dominadas por las pandillas MS13 y Barrio 18, causantes de buena parte de los homicidios en el país.

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3.Debilitar aún más la lucha contra mafias políticas y criminales

Esto es más evidente en el caso de Guatemala, donde la ayuda financiera que Estados Unidos ha brindado para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha tendido ha disminuir desde 2017. El trabajo de la CICIG, en conjunto con el Ministerio Público local hasta 2018, ha sido esencial para que el sistema de justicia guatemalteco procese a mafias políticas y de crimen organizado enquistadas en el gobierno. En El Salvador, Estados Unidos ha aportado cerca de US$ 10 millones para el funcionamiento del centro de intervenciones telefónicas que controla la Fiscalía General, y el cual ha sido esencial para llevar adelante investigaciones sobre crímenes complejos que implican a empresarios, funcionarios públicos y organizaciones de narcotráfico.

4.Empoderar a los grupos de crimen organizado

La administración Trump ha trastabillado entre tímidos apoyos a esfuerzos anticorrupción y el combate al crimen organizado y espaldarazos a regímenes políticos cuestionados precisamente por eso, como el de Jimmy Morales en Guatemala o el de Juan Orlando Hernández en Honduras. El caso hondureño es ejemplar: Washington fue el que dio el salvavidas político que permitió a Hernández navegar fuertes cuestionamientos por la legalidad de su reelección, pero también Estados Unidos ha sido el principal impulsor de causas judiciales contra los círculos íntimos de Hernández y del expresidente Porfirio Lobo ligados con el narcotráfico. No es claro cómo Washington manejará la tensión política que se cierne sobre Hernández, hasta ahora uno de sus principales aliados en la región.

5.Harán más débil el combate a la narcoactividad

También el caso de Honduras lo ilustra. Cerca del 15 por ciento de la ayuda otorgada en 2017 por Estados Unidos a la región se destinó a actividades antinarcotráfico; Honduras es el país que más dinero de esta canasta recibió. Investigaciones de InSight Crime en zonas hondureñas de intensa narcoactividad, como Olancho y Gracias a Dios, fronterizas con Nicaragua, revelan que una fuerza de tarea del ejército hondureño, asesorado y equipado en parte por la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) disminuyó el trasiego en zonas montañosas y costeras del noreste del país. En los últimos meses, sin embargo, la actividad en pistas clandestinas y el movimiento de droga en lanchas locales ha vuelto a incrementar, tanto en esas zonas como en el sur del país, aledaño con El Salvador.

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