El reciente procesamiento de la expresidenta de Argentina por cargos de corrupción en el marco de una megainvestigación se suma a una larga lista de acusaciones contra las élites del país, pero las características del caso, y sus posibles consecuencias, lo hacen único.
Desde cuando el escándalo estalló, hace casi dos meses, y particularmente desde el pedido de procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina no se deja de hablar de los ya famosos cuadernos.
En ellos, Oscar Centeno, exconductor del secretario de Julio de Vido, ministro de planificación durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, detalla el supuesto movimiento de US$56 millones en efectivo entre funcionarios públicos y empresarios (principalmente del área de la construcción para obras públicas) que supuestamente pagaban sobornos para conseguir contratos y licitaciones del Estado.
Los cuadernos llegaron a manos de un periodista del diario argentino La Nación en enero; quien los entregó a la justicia ocho meses después, antes de publicar su contenido. El juez Claudio Bonadío, quien cree que los sobornos pueden haber llegado hasta unos US$160 millones, rápidamente comenzó a ordenar arrestos, que incluyen a miembros de élites políticas y económicas del país.
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Las denuncias de corrupción, particularmente contra la expresidenta Cristina Fernández y su círculo cercano, no son algo nuevo en Argentina. Tampoco es nuevo que la expresidenta Cristina Fernández niegue responsabilidad en el caso y denuncie “persecución política”.
Pero una serie de características hacen que el “escándalo de los cuadernos” sea diferente a los previos y un posible punto de quiebre en la lucha contra la corrupción en el país suramericano.
Una caja de pandora
La publicación de los cuadernos que denuncian supuestos actos de corrupción ha abierto, como nunca antes, una caja de pandora en la política local, acelerando una serie de eventos.
El juez Claudio Bonadío ya ha pedido la captura de docenas de funcionarios y empresarios que, hasta ahora, parecían intocables. Más de una docena están detenidos y más de 20 han declarado bajo la “ley del arrepentido”, una nueva figura legal que beneficia a quienes provean información y nuevos nombres con posibles reducciones de penas.
Entre ellos se encuentran nombres del círculo más cercano de la expresidenta Cristina Fernández, un exjuez federal y una serie de empresarios de alto perfil.
Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, declaró que alrededor del 20 por ciento del valor de los contratos de obras públicas durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se pagaba a los funcionarios que las aprobaban, según reportó Clarín.
Paolo Rocca, uno de los hombres más ricos de la Argentina y CEO del grupo Techint, reconoció que la compañía pagó sobornos al gobierno argentino en 2008 para que intercediera ante el gobierno de Venezuela cuando este intentaba cerrar una de sus empresas en el país.
La ley del arrepentido
Una de las razones del éxito del caso es el uso, por primera vez en la Argentina, de la “ley del arrepentido”, una figura legal que permite que quienes brinden información o nombres sobre casos relacionados con delitos que incluyen corrupción y tráfico de drogas reciban absoluciones o rebajas de penas.
Un gran número de empresarios locales hicieron fila en los tribunales para brindar información y nombres —entre ellos estaba Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y exdueño del grupo constructor Iecsa, quien admitió haber hecho pagos como “contribuciones de campaña”—.
Cantidades de dinero
Aun cuando no es la causa en la que se presume se ha pagado la mayor cantidad de dinero en sobornos, los números que el juez maneja son colosales, particularmente teniendo en cuenta la crítica situación económica por la que atraviesa la Argentina.
El hecho de que funcionarios públicos y empresarios presuntamente transportaran cantidades en efectivo que llegarían hasta los US$200 millones demuestra el grado de impunidad de la corrupción en el país y es clave a la hora de entender por qué este caso es tan relevante para la política local.
El mayor golpe para CFK
La “causa de los cuadernos” se suma a una larga lista de acusaciones de corrupción que enfrenta la expresidenta, incluyendo cargos de asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Y a pesar que continúa gozando de altos niveles de apoyo popular, es imposible dejar de preguntarse si esta causa, y la cantidad de arrepentidos de alto nivel que están testificando en su contra, representa el mayor golpe contra la senadora hasta el momento.
Las teorías conspirativas, a prueba
Argentina está sumida en una gran polarización política, que salpica todos los aspectos de la vida pública, incluyendo las investigaciones sobre corrupción.
De un lado, quienes apoyan a la gestión del Presidente Mauricio Macri, argumentan que no hay dudas sobre los altos niveles de corrupción que definieron la gestión Kirchner. Hablan, principalmente, del enorme aumento patrimonial de la pareja y sus aliados más cercanos.
Quienes apoyan a la expresidenta están convencidos de que este es un caso de persecución política. Dicen que la gestión de Macri apunta casi exclusivamente a simpatizantes del kirchnerismo a la hora de investigar la corrupción (e ignora denuncias de manejos turbios en manos del gobierno actual) y denuncian que no se han encontrado pruebas concretas.
Pero las explicaciones que la expresidenta ha dado sobre los orígenes de su fortuna personal no han resultado las más convincentes y las pruebas sobre el involucramiento de sus aliados más cercanos en casos de corrupción pone en duda que este caso sea solo una persecución política.
¿Cuál es el futuro del caso?
Algunos han llamado al caso de los cuadernos el “nuevo Lava Jato”, el caso que llevó a prisión al expresidente de Brasil Ignacio “Lula” Da Silva, pero a pesar de la gran publicidad, es improbable que este termine igual, al menos en algunos aspectos.
La apertura de investigaciones sobre corrupción en Argentina no es poco común, pero la gran mayoría nunca termina en condenas firmes. De hecho, el 92 por ciento nunca llegan a juicio, según una auditoría del Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes abiertos entre 1996 y 2006.
La expresidenta, además, tiene inmunidad parlamentaria y, aun cuando se ha debatido la posibilidad de retirarle los fueros, esto es poco probable. Uno de los mejores ejemplos es el caso del expresidente y ahora senador Carlos Menem, contra quien existen un gran número de causas judiciales desde los años 90, pese a lo cual nunca se lo ha logrado llevar tras las rejas.
Sin embargo, el hecho que cada vez más miembros la élite empresarial estén dispuestos a revelar sus secretos más oscuros brinda algo de esperanza de que Argentina, finalmente, esté dispuesta a enfrentar uno de sus problemas más enquistados.
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