Datos criminales poco confiables ponen en duda conclusiones del gobierno de México

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Un nuevo informe indica que uno de los principales sistemas de recopilación de datos sobre criminalidad en México está plagado de errores, lo cual ha puesto en duda la confiabilidad de las conclusiones relacionadas con la caída reciente de homicidios en el país.

 Según un informe de Animal Político, en un periodo de 18 meses en 2013 y 2014, más del 70 por ciento de los 32 estados de México alteraron los datos locales sobre homicidios después de enviarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (el SNSP).

En algunos casos, los cambios de los datos después de su envío inicial fueron enormes. Veracruz dejó de presentar 299 homicidios cometidos dentro del estado en 2013, de un total de 863 que se informó finalmente. También sumó en forma retroactiva 360 casos de extorsión, de un total de apenas 461.

En 2014 Michoacán borró de sus registros casi 3.000 crímenes después de enviarlos al SNSP. Esto incluyó casi 400 casos de asesinato y homicidio culposo, y de los resultados de los casos de extorsión y secuestro. La explicación dada por el estado fue que los delitos se habían “reclasificado”, pero no ofreció detalles adicionales. Ejemplos similares abundan.

Los cambios se hicieron sin mucho ruido —hay una página dentro del sitio en Internet del SNSP que enumera las modificaciones para cada estado— y no se explican los motivos del cambio.

El SNSP, que se basa en los gobiernos de los estados para registrar la incidencia de una amplia gama de delitos, es una de las únicas fuentes de información actualizada y exhaustiva sobre los índices de criminalidad en México, y sus datos son ampliamente usados como barómetro de la seguridad en el país. El hecho de que se malinterpretaran los datos de manera tan drástica y recurrente indica que cualquier conclusión basada en el SNSP debe tomarse con reserva.

Desafortunadamente, tales errores e incertidumbre con los datos del gobierno mexicano son bastante comunes, incluso más allá del periodo analizado en el informe de Animal Político. Diego Valle-Jones, experto en estadística, quien en su blog publica análisis sobre la guerra contra el narcotráfico, ha puesto de relieve varios errores inexplicables en los informes gubernamentales sobre delitos, ocurridos en los últimos años, tanto en los registros de salud en el estado sureño de Chiapas como en los más de 1.000 homicidios faltantes en los registros de Chihuahua.

Análisis de InSight Crime

Si bien los errores no parecen ser más que errores burocráticos, estos reflejan una falta grave para las autoridades mexicanas. El hecho de que pudieran cometerse errores tan sorprendentes en la recopilación de estadísticas básicas sobre la actividad criminal, y que se hayan hecho las alteraciones sin una explicación completa del origen de los errores, cuestiona el alcance de los logros en seguridad durante los casi tres años de presidencia de Enrique Peña Nieto.

De 2012 a 2014, el conteo de asesinatos llevado por el SNSP cayó de 21.736 a 15.653 en todo el país. Este descenso de casi 30 por ciento se ha vuelto la piedra angular en las afirmaciones de Peña Nieto de haber pasado la página en el caos de la era de Felipe Calderón, pero si los errores de información iniciales ocultan equivocaciones mucho mayores que no se han corregido, la mejoría puede ser en realidad mucho más leve.

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La incapacidad de tabular de manera confiable los homicidios, donde por lo general la evidencia del crimen es amplia e indiscutible, plantea aún mayores dudas sobre las estadísticas en casos de delitos en los que es inherente la incertidumbre, como la extorsión y el secuestro. Tales crímenes, cuando logran su cometido, no dejan rastro de su existencia para las autoridades, y tanto la víctima como el perpetrador tienen una motivación poderosa para no denunciar. Esa barrera natural de declaración confiable de la extorsión y el secuestro, sumada a los errores mencionados arriba, señala que las cifras del SNSP sobre ambos delitos son poco más que inútiles.

Los errores estadísticos son un símbolo de un problema mayor que aqueja a México, en cuanto revelan la falta de competencia plena del servicio civil en múltiples instancias del gobierno. Una cohorte confiable de empleados gubernamentales en cada nivel, desde los directores de los organismos hasta los funcionarios rasos responsables de la implementación de cualquier política determinada, son vitales para el éxito de cualquier estrategia del gobierno, incluyendo los asuntos de seguridad. La contabilización de delitos no es en absoluto el elemento más complicado entre los problemas de seguridad de México, y es improbable que un Estado en el que no pueda confiarse para llegar a un cálculo fidedigno esté en capacidad de acometer las tareas mucho más complicadas que afectan la seguridad, como la creación de mecanismos que se autoperpetúen para extirpar la corrupción de raíz y resolver la anarquía imperante en el sistema penitenciario.

En consecuencia, las estrategias que apuntan a crear un México idealizado, sin resolver los problemas de idoneidad básicos en todos los niveles del gobierno, tienen pocas chances de lograr su objetivo.

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