En este artículo, es puesto bajo escrutinio el papel del Fiscal General de El Salvador, Luis Martínez, en la obstrucción de las investigaciones sobre el Cartel de Texis y su supuesto líder "Chepe Diablo", en momentos en que Martínez está siendo considerado para un segundo mandato como jefe fiscal del país .
El fiscal general Luis Martínez, cuya reelección se discute en la Asamblea Legislativa este jueves 3 de diciembre de 2015, hizo cambios en el equipo de acusadores que tenía asignados los casos contra el Cartel de Texis, y ordenó a sus subalternos que desistieran de pedir a un juez documentos en los que el Ministerio de Hacienda establecía indicios sobre la participación de José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa (alcalde de Metapán) y de las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal S.A. de C.V. en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador ya había llegado a la conclusión de que los tres empresarios y los dos consorcios ligados al Cartel de Texis, un grupo criminal de narcotraficantes afincado en el noroccidente del país, había cometido al menos dos delitos entre 2010 y 2011: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Este artículo fue publicado originalmente por Factum y fue editado y publicado con permiso. Vea el original aquí.
La Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda determinó que esos contribuyentes habían "falseado registros contables, inventado operaciones y... establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no habían declarado", confirma uno de los investigadores gubernamentales que llevó el caso y un abogado que conoce la acusación inicial contra Salazar Umaña y los supuestos miembros de Texis. Una tercera fuente, del Ministerio de Hacienda, confirmó los hallazgos.
En concreto, las pruebas de esos delitos están en documentación que constan en dos fiscalizaciones financieras y contables que Hacienda realizó a Hotesa y Gumarsal entre 2010 y 2011. De acuerdo a un resumen de esos informes, de los que Factum tiene copia, "existen suficientes elementos probatorios que justificaban en su momento la apertura de una investigación, por la inconsistencia de las operaciones y por la falta de sentido o razón económica aparente..."
Hacienda realizó las fiscalizaciones como parte de un proceso por evasión fiscal abierto contra Salazar Umaña, Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa y las dos empresas en el juzgado noveno de paz de San Salvador. Con esos indicios, como ya reportó esta Revista, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República abrió el expediente con referencia 22-UIF-2014.
En julio de 2014, la Unidad Especializada de Crimen Organizado secuestró toda la contabilidad formal de las tres personas naturales y las dos jurídicas implicadas. Los fiscales también iniciaron gestiones ante la Superintendencia del Sistema Financiero, la División de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la PNC, Migración y la Dirección General de Aduanas para que asignaran peritos que ayudaran a los fiscales a establecer, en sede judicial, "la tipología de lavado utilizada por los investigados para legitimar capitales de origen desconocido que se les había identificado". Fuentes de las tres instituciones mencionadas confirmaron la petición de los fiscales.
Lo que tocaba, según investigadores que participaron en el caso por evasión y en las pesquisas iniciales por lavado, era hacer un seguimiento exhaustivo de los dineros y bienes de los investigados "acudiendo a fuentes públicas y privadas de registros, de propiedades raíz, de sociedades, vehículos, tributaria, instituciones financieras, corredoras de bolsa..."
Pero Hacienda no es la Fiscalía General, encargada por Constitución de perseguir el delito y meter presos a los delincuentes. Y, en este caso, Hacienda hizo su trabajo para probar que José Adán Salazar Umaña sí ha lavado dinero y se ha enriquecido cometiendo ilegalidades; la Fiscalía de Luis Martínez, sin embargo, actúo como defensora de "Chepe Diablo", como se conoce al empresario: lo protegió, y para hacerlo pidió a sus fiscales que suspendieran una diligencia judicial en la que todas las pruebas encontradas por Hacienda serían anexadas al proceso.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil del Cartel de Texis
El Cartel de Texis es uno de los dos grupos criminales de El Salvador que trafican droga, lavan dinero y reciben protección política de operadores importantes, según ha establecido la Organización de Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Crimen.
Herbert Saca (izquierda, de camisa amarilla) es un operador político relacionado con el ex presidente Antonio Saca y el partido GANA. Juan Umaña Samayoa (izquierda, de pañoleta al cuello) es el alcalde de Metapán y uno de los señalados por lavado de dinero en informes de Hacienda.
Investigaciones periodísticas han determinado que José Adán Salazar Umaña, de alias Chepe Diablo, y Juan Umaña Samayoa, el alcalde de Metapán, son los líderes de la organización. A Chepe Diablo la administración del presidente estadounidense Barack Obama lo designó como capo internacional del tráfico de drogas.
En una palabra: la Fiscalía dirigida por Luis Martínez obró para que la justicia salvadoreña no pudiera acusar de lavado de dinero al único hombre al que la Casa Blanca ha designado capo internacional del narcotráfico en El Salvador.
La orden de no seguir
Entre abril y mayo de 2015, la UIF solicitó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador que realizara un "acto de prueba con control judicial", una auditoría forense o pericia financiera contable, es decir, un acto jurídico por medio del cual los fiscales agregarían formalmente los hallazgos hechos por Hacienda en el caso de evasión tributaria al caso por lavado de dinero.
Los fiscales ya habían solicitado al Juzgado Octavo de Paz que secuestrara toda la información contable y financiera de los supuestos miembros del Cartel de Texis que en ese momento tenía el Noveno de Paz, donde se había llevado el proceso por evasión tributaria. En ese proceso por evasión, los imputados reconocieron el delito y pagaron multas de hasta un millón al fisco, con lo cual la acusación terminaba y toda la documentación contable y pericial anexada debía ser devuelta.
Para evitar quedarse sin la prueba definitoria de lavado que ya había recogido Hacienda, los fiscales pidieron el nuevo secuestro. Todo parecía listo para que la justicia salvadoreña iniciara el primer gran caso de lavado contra el designado capo internacional del narco.
"Estábamos listos, habíamos estudiado y definido bien toda la prueba y sabíamos cómo probar el lavado", dijo a Factum uno de los peritos, empleado del Ejecutivo, que habían sido llamados a declarar y quien aceptó hablar sin identificarse para no poner en riesgo otras investigaciones.
Todo parecía listo. Pero no. Llegó entonces la orden de arriba.
Dos de los investigadores gubernamentales que participaron en el caso de lavado de dinero confirmaron que en julio pasado el jefe de la UIF, el fiscal Tovías Menjívar, dio la orden interna de cancelar la pericia financiera contable. El argumento: que en el edificio de tribunales de San Salvador no había suficiente "espacio físico" para realizar la diligencia. (En otros casos grandes, según confirmo Factum en los tribunales capitalinos, pericias como esta se han realizado en alguna de las salas de audiencia del centro judicial; así ha ocurrido en casos como Cel-Enel, OBC o contra Los Perrones).
Para el 24 de agosto de 2015, ya Tovías Menjívar había firmado un memo interno ordenando el cierre del caso por lavado de dinero. Finalmente fue la licenciada Alessia Esteffi Herrera Menjívar la asignada por el fiscal general Martínez para pedir al tribunal el archivo definitivo del caso; ya antes de hacerlo, la fiscal había pedido al Juzgado Octavo de lo Penal que devolviera al Cártel de Texis todos los documentos secuestrados. En una palabra, la fiscal auxiliar designada por el fiscal general pidió al juez que devolviera a los imputados las pruebas que, según el Ministerio de Hacienda, los implican en delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La abogada Bertha Deleón, querellante particular en el caso por corrupción contra el expresidente Francisco Flores, ha acusado al fiscal general Martínez de hacer algo similar en ese proceso: ocultar, secuestrar, acallar en sede judicial pruebas con potencial de incriminar a los imputados.
De José Adán Salazar Umaña la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés) dice que es un jefe del narcotráfico en la región. OFAC llegó a esa conclusión tras revisar, entre muchas otras cosas, documentos similares a los que revisaron los fiscales salvadoreños: registros contables, auditorías, movimientos financieros, relaciones comerciales. De Chepe Diablo un agente federal estadounidense destacado en El Salvador dijo que "hay mucho dinero que no puede justificar", lo mismo que establecieron los investigadores de Hacienda en su informe.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Chepe Diablo
Recién llegado al puesto, cuando aún contaba con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, Luis Martínez dijo, en público y en privado, que haría de la persecución penal contra Texis una de sus prioridades.
Para agosto de 2015, sin embargo, el funcionario se contentaba con el proceso por evasión de impuestos, y descartaba, según dijo a un periodista de La Prensa Gráfica, seguir la investigación por lavado. En aquella conversación, Martínez dio a entender que no había pruebas contra los miembros de Texis. Eso, sin embargo, es mentira: Hacienda tenía indicios y pruebas que los fiscales estuvieron a punto de presentar en sede judicial en un caso por lavado de dinero, pero la Fiscalía, de la cual él era el jefe, impidió que eso ocurriera.
Luis Martínez dijo entonces a La Prensa Gráfica: "...Aquí no hay que prestarle oídos a la gente que se dedica a calumniar, difamar... Si tienen pruebas, que las traigan o que se eviten de andar haciendo esos comentarios..."
Peritos de Hacienda en informes realizados a propósito del proceso de evasión fiscal sostuvieron: "existen suficientes elementos probatorios que justificaban en su momento la apertura de una investigación, por la inconsistencia de las operaciones y por la falta de sentido o razón económica aparente...". Y: "(Los contribuyentes –Adán Salazar et. al.– han) falseado registros contables, inventado operaciones y... establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que llevaban y que no habían declarado".
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador
Factum intentó conocer la versión oficial de la Fiscalía, pero al cierre de esta nota no había habido respuesta.
Este 3 de diciembre termina el periodo constitucional de Luis Martínez al frente de la Fiscalía General de la República. Los partidos FMLN y GANA, según declaraciones de varios de sus diputados, lo consideran una excelente opción para seguir al frente de la Fiscalía; ARENA está dividida al respecto.
SUSCRIBIRME