Las recientes declaraciones del capo preso mexicano "La Barbie", han debilitado el proceso en contra de un general acusado de corrupción, proporcionando un ejemplo más de la incapacidad del gobierno para perseguir eficazmente los funcionarios corruptos.
Según reportó Proceso, Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", acusó a los funcionarios de la unidad de crimen organizado (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), de pedirle que mintiera sobre sus conexiones con el general retirado Tomás Ángeles Dauahare. El general fue arrestado en mayo junto con otros cinco oficiales sospechosos de mantener lazos con narcotraficantes de la Organización de los Beltrán Leyva.
Según La Barbie, ex socios como Sergio Villarreal, alias "El Grande", quien fue detenido poco después de él, les dijo a los funcionarios que el capo tenía vínculos con los generales. Los oficiles de la unidad de crimen pidieron su cooperación, a pesar de la insistencia de La Barbie que no sabía nada del caso.
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO [como era conocida anteriormente]. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía [a los generales]. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía…”
Antes de su detención, se decía que Ángeles era cercano al ahora presidente electo Enrique Peña Nieto y era un candidato para Secretario de la Defensa. Las acusaciones eliminaron cualquier posibilidad de que eso sucediera, y empañaron la reputación del presidente entrante. Dado el momento, muchos vieron la detención Ángeles como una maniobra política en contra de Peña Nieto.
Tales sospechas han perseguido a muchos de los de casos de más alto perfil de delincuencia y corrupción en el gobierno de Calderón. Los arrestos de decenas de agentes estatales y locales en Michoacán en 2009, justo antes de las elecciones legislativas y locales de todo el país, también fue visto como una movida política, una sospecha que se fortaleció cuando todos los detenidos fueron puestos en libertad más adelante debido a falta de pruebas.
La detención de 2012 de Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y descendiente de una famosa familia política del PRI, se vio empañada por acusaciones similares. Al igual que los funcionarios de Michoacán, el caso se vino abajo cuando evidencia en un video reveló que los soldados involucrados en su detención (por cargos involucrando armas) habían manipulado las pruebas.
Las acusaciones de La Barbie desacreditarán el proceso del gobierno. Estos incidentes también erosionan la confianza en la integridad de las autoridades, un problema persistente en México en todos los niveles de gobierno.
Adicionalmente, episodios como el de Hank Rhon o el de Ángeles muestran la incapacidad continua del gobierno para descubrir y sancionar actos de corrupción entre los pesos pesados de la política. México ha dado pasos enormes para atacar dos elementos claves del narcotráfico: los capos y los policías corruptos; pero, esto no se ha traducido en un éxito al momento de enfrentar la corrupción oficial en las clases política y militar. Como resultado de ello, frente a la opción de relacionarse con narcotraficantes los oficiales saben que decir "sí" aporta poco riesgo de detección o detención, mientras que decir "no" implica un alto riesgo de represalias. En este sentido, los incentivos están claramente sesgados hacia la corrupción.
Este caso también ilustra la difícil relación entre la PGR y otras ramas del gobierno. Según la Procuradora General Marisela Morales, quien llegó al cargo a principios de 2011, la PGR ha tenido una continua disputa con el ejército sobre la mala conducta de este último en el caso de Hank Rhon. (Muchos creían que todo el evento fue creado para desprestigiar a Morales). Y a principios de este mes, surgieron informes de una discusión álgida entre Morales y el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, durante una reunión de gabinete, obligando a Calderón a intervenir.
Las acusaciones de que funcionarios de la PGR estaban tratando de armar falso caso en contra de un general condecorado sólo alimentaran los ánimos. Más aún, Peña Nieto anunció que disolverá la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la institución dirigida por García Luna, que había encabezado la lucha de Calderón contra el crimen. A medida que México se encamina a una nueva administración presidencial, las rivalidades entre las agencias parecen cada vez menos un caso de competencia sana y más una barrera para una cooperación eficaz.
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