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ANÁLISIS

Decreto de posesión de drogas en Colombia no da en el clavo

COLOMBIA / 15 OCT 2018 POR ANNA GRACE ES

El decomiso de más de 7 toneladas de narcóticos a consumidores en nueve días en Colombia, luego de la entrada en vigor de un decreto que, en efecto, prohíbe la tenencia de drogas fue proclamado como un éxito por las autoridades. Pero queda el interrogante de si ir tras los consumidores resultará efectivo para atacar las causas de los problemas de drogas en Colombia.

Un decreto firmado el 1 de octubre por el presidente colombiano Iván Duque autoriza a la policía a confiscar y destruir cualquier cantidad de estupefacientes que encuentren a una persona, lo cual echa por tierra el derecho concedido por la Corte Constitucional, que permitía a los consumidores portar pequeñas dosis de narcóticos para su uso personal.

Según el decreto, a quien se encuentre con menos de 20 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína o 2 gramos de drogas sintéticas se le impondrá una multa de $208.000 pesos colombianos (alrededor de US$70), que equivale a cerca del salario mínimo de una semana en Colombia.

Quienes sean encontrados con una cantidad superior a la dosis mínima podrán ser detenidos y remitidos a las autoridades judiciales. Una audiencia judicial determinaría si la mercancía confiscada corresponde a posesión personal o es para la venta.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Colombia

En los nueve días que siguieron a la firma del decreto, las autoridades confiscaron 7,2 toneladas de narcóticos en toda Colombia, informó El Colombiano. La policía también impuso multas a 8.012 ciudadanos y arrestó a 718 personas.

“Vamos a judicializar a los jíbaros [expendedores] y no permitiremos que se sientan a sus anchas en la calle”, anunció el presidente Duque en una conferencia de prensa la semana pasada, al afirmar que el decreto haría parte integral de su nueva política de drogas.

Sin embargo, el decreto ha sido controversial. El Consejo de Estado ahora decidirá si lo anula, luego de que varios congresistas presentaran una iniciativa para demandar que se suprima el artículo que permite a la policía confiscar cantidades de drogas inferiores a la dosis mínima. Los congresistas afirman que el decreto viola varios puntos de la constitución y pone en riesgo a los consumidores, según informó El Tiempo.

Análisis de InSight Crime

La puesta en vigor de la prohibición sobre el consumo de drogas marca el primer paso del presidente Duque hacia una política de drogas represiva y de línea dura, del tipo que tradicionalmente ha tenido poco éxito en Colombia. El decreto tiene más posibilidades de afectar a los consumidores pequeños que de combatir el aumento del consumo y el microtráfico.

La táctica de Duque —en contravía del consenso internacional cada vez mayor hacia políticas más regulatorias y preventivas orientadas a la protección de los consumidores y a reducir el control de las organizaciones criminales— probablemente no hará más que criminalizar a los consumidores.

Su estrategia plantea varios problemas prácticos.

En primer lugar, Colombia no puede permitirse aumentar su población carcelaria.

Las prisiones en el país operan a casi el 50 por ciento por encima de su capacidad, con más de 36.452 personas en espera de un fallo, según El Espectador. Dichas cifras indican que ni el sistema penitenciario ni el judicial tienen la capacidad ni los recursos para lidiar con el incremento de presos que se producirán con el nuevo decreto del presidente Duque.

VEA TAMBIÉN: InDepth Cobertura sobre Prisiones

En segundo lugar, esa estrategia punitiva no considera las causas del consumo y el tráfico, sin lo cual se hace casi imposible atacar el problema.

“El decreto no va a ayudar a que se reduzca el consumo, esta medida puede tener el efecto contrario frente a los distribuidores”, comentó a Semana el profesor Yesid Reyes Alvarado, de la Universidad Externado de Colombia. “Cada gramo de droga que se decomise a un consumidor le implica a ese consumidor la necesidad de volver a comprar la misma cantidad de droga”.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), el énfasis debe estar en mejorar las condiciones de vida y la integración social de los afectados por el mercado local de drogas ilícitas. El encarcelamiento de los acusados de delitos menores, los consumidores recreativos y los adictos puede aislar más al sujeto y aumentar su susceptibilidad a incurrir en conductas delictivas.

En un momento en que los grupos criminales colombianos estimulan cada vez más los mercados de la droga entre la población local, la búsqueda de soluciones sociales es quizás más importante que nunca.

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