Definición de Estado mafioso: el caso de Guatemala

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El 2 de marzo, InSight Crime realizó una sesión en “Facebook Live” en la que discutió los actuales hechos relacionados con el crimen organizado en Latinoamérica. Nuestro tema central fue la creación de un Estado mafioso en Guatemala, y el reciente pliego de cargos contra altos exfuncionarios guatemaltecos por delitos relacionados con drogas. A continuación se presenta una transcripción de nuestra conversación sobre este particular.

El siguiente diagrama fue elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012, y muestra una organización de lavado de activos de Guatemala.

La persona en la parte superior de esta pirámide es una ciudadana guatemalteca llamada Marllory Chacón Rossell. Por mucho tiempo, se presentó como empresaria, pero en realidad era una extraordinaria componedora para el hampa, que ponía en contacto a narcotraficantes, lavadores de dinero y políticos que necesitaran a unos u otros por diversos motivos.

Uno de sus principales contactos era otra person que aparece en el cuadro: Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alias “El Oso”. Borrayo también era un componedor, además de narco y lavador de dinero. Durante mucho tiempo, introdujo cocaína de Colombia, para venderla a US$12.000 el kilo a la organización criminal mexicana Los Zetas, quienes por ese tiempo actuaban en Guatemala.

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La esposa de Borrayo, Mirza Silvana Hernández de Borrayo, aparece a su lado en el cuadro. Era testaferro de las empresas de Borrayo, entre las que se contaban una lotería, una buena forma de mover efectivo por vías ilícitas.

Según muchos funcionarios de Estados Unidos y Guatemala, Marllory y Mirza sostuvieron una relación de larga data con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y lavaban dinero para la entonces vicepresidenta, que estaba implicada en múltiples esquemas de corrupción y posiblemente de narcotráfico. Mirza, según me dijeron los agentes, asistió a la celebración del quincuagésimo cumpleaños de Baldetti, y fue también la intermediaria con la que su esposo hizo llegar presuntamente una maleta llena de dinero al Partido Patriota para su campaña presidencial en 2011, que ganaron Baldetti y Otto Pérez Molina.

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Expresidente Otto Pérez Molina (izq.) y exvicepresidenta Roxana Baldetti

Después de su victoria, Baldetti y Pérez Molina establecieron lo que no puede llamarse más que Estado mafioso, en el cual pusieron diversas partes del gobierno al servicio de esquemas criminales y de corrupción. La meta —como ha quedado en claro a partir de numerosas investigaciones en Guatemala, con ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y más recientemente del gobierno Estadounidense— era ganar tanto dinero como fuera posible mientras estuvieran en el poder. Los beneficiados fueron personas que participaban directamente en estos esquemas criminales y de corrupción, incluyendo a los aportantes a la campaña y sus agentes en el gobierno, como el entonces ministro de Gobierno Mauricio López Bonilla.

VEA TAMBIÉN: El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla

Pero también hubo beneficiarios indirectos: agentes judiciales, políticos, abogados y muchos más. En 2014, por ejemplo, la facción Baldetti-Pérez Molina sobornó a este Estado mafioso para asegurarse de que la entonces fiscal general Claudia Paz y Paz no continuara en su cargo, y puso en su lugar a quien creyó su aliada. También amañaron las elecciones a las altas cortes, controlaron a quien se convirtiría en contralor, y pusieron a su gente en la administración de impuestos y las oficinas de aduanas.

Pero sobreestimaron su poder y su influencia, y personas a quienes creían aliadas comenzaron a ver que las cosas estaban cambiando, en especial en lo concerniente a la presión internacional de la CICIG y de Estados Unidos para que se enmendaran errores judiciales. La nueva fiscal general Thelma Aldana, trabajando en conjunto con la CICIG, comenzó a preparar casos de corrupción que alcanzaron lo más alto del gobierno. Jueces independientes asumieron cargos en las altas cortes, donde podían ventilarse casos delicados, y Marllory Chacón; sí, la misma Marllory Chacón, tomó la decisión crítica de entregarse a las autoridades estadounidenses.

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Marllory Chacón

Corría el año 2012, y Chacón buscaba, según le dijo a su abogado, aclarar sus asuntos con Estados Unidos. Pero el Departamento del Tesoro era apenas la punta del iceberg de los problemas de Chacón. La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) también indagaba en sus actividades, y así fue como la DEA y Chacón llegaron a un acuerdo: ella ayudaría a procesar judicialmente a los narcotraficantes de la región si Estados Unidos le rebajaba su sentencia.

Cerrado el acuerdo, la DEA instaló cámaras y micrófonos en su casa en Guatemala y le indicó que solo “siguiera haciendo lo que siempre hace”. Y a lo largo de los meses siguientes, Chacón se convirtió en lo que uno agente de la DEA calificó como una de las informantes más efectivas en la historia reciente; ayudó a acorralar a sospechosos desde México hasta Colombia y casi todos los puntos entre uno y otro. Entre ellos se cuentan, las acusaciones que formuló Estados Unidos la semana pasada en contra de la exvicepresidenta Baldetti y el exministro de Gobierno López Bonilla, dos de los funcionarios de la cúpula mayor implicados en el Estado mafioso de Guatemala.

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Exministro de Gobierno Mauricio López Bonilla

Por su parte, López Bonilla había asignado a Chacón un cuerpo de seguridad de 15 a 20 personas, aun cuando, como él mismo lo admitió, no conocía que era informante de la DEA. También se reunió con Chacón en su casa, donde, a plena vista de las cámaras instaladas por la DEA, aceptó varias pilas de dinero para proteger a otro traficante guatemalteco. Es posible que esto lo haya hundido de manera permanente, aun cuando se libre de los cargos por corrupción que enfrenta en Guatemala.

Chacón también desempeñó un rol protagónico en la caída de Baldetti. A comienzos de 2014, sedujo a su aliado, Borrayo, para que viajara a París para lo que pensaba que sería un encuentro romántico. En lugar de eso las autoridades francesas cayeron sobre él, lo arrestaron y lo enviaron a Estados Unidos a enfrentar cargos. Mirza lo siguió poco después a Estados Unidos, y se cree que sus declaraciones constituyen la base de la acusación contra la exvicepresidenta Baldetti.

InSight Crime’s 3rd Weekly Facebook Podcast

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Posted by InSight Crime on Thursday, March 2, 2017

Nuestra conversación en Facebook Live sobre la creación de un Estado mafioso en Guatemala, entre otros temas.

Análisis de InSight Crime

En primer lugar, debemos mencionar que en esta historia, ni Baldetti ni López Bonilla ni Otto Pérez Molina ha sido en realidad condenados. Pero, según todos los indicios, parece que representan lo que hemos dado en llamar un Estado mafioso. No uso este término a la ligera. De hecho, rara vez lo uso, porque el abuso puede restarle impacto. Diría que un Estado mafioso es aquel en el que Estado se ha convertido en conducto de los intereses del crimen organizado y la corrupción, que es una estructura jerárquica, que ocurre de manera sistemática y que se presenta por un periodo de tiempo prolongado.

En el caso de la presidencia de Otto Pérez Molina, el Estado era obviamente un conducto. La administración buscó tener control de todos los nodos del poder, y la capacidad de obstruir la justicia, con el fin de enriquecerse.

VEA TAMBIÉN: La justicia y la creación del Estado mafioso en Guatemala

Esta era una estructura jerárquica, manejada desde la presidencia con tributos de los operadores que ganaban dinero en sus propios esquemas. A López Bonilla, por ejemplo, se lo investiga por contratar todo en el Ministerio del Interior —desde papel higiénico, hasta cámaras de seguridad y vehículos— con terceros que tenían alguna conexión con él, con el fin de que pudiera obtener algunas de las ganancias de esos contratos; luego, según el caso del Ministerio Público y la CICIG, él pasaba algunas de las ganancias a la cúpula. Eso es obviamente sistemático, además de jerárquico. Finalmente, ocurrió durante muchos años, por lo tanto fue prolongado.

No todo esquema de corrupción o esquema organizado que involucre a actores estatales constituye un Estado mafioso, pero hasta donde puede verse (y según los casos que se están desarrollando en los sistemas judiciales de Guatemala y ahora de Estados Unidos), la administración de Otto Pérez Molina sí fue un Estado mafioso. 

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