Dos años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, los bosques en Colombia están bajo asedio, y experimentan agudos niveles de deforestación, promovida por diferentes actores criminales que buscan ampliar sus fuentes de ingresos ilícitos.
Las alarmantes tasas de deforestación, con más de 200.000 hectáreas perdidas en 2017 —un incremento de 23 por ciento desde 2016— han llamado la atención de las autoridades que anunciaron recientemente la creación de un nuevo equipo especializado de fiscales nacionales que investigarán delitos como el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía, delitos todos que han dado pie al incremento de la deforestación.
Estos delitos son perpetrados básicamente por organizaciones criminales diversas, como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Los Puntilleros y otros grupos de menor calado, según la Fiscalía General de Colombia.
InSight Crime analizó las tres actividades criminales principales, la dinámica criminal y los actores que las soportan, quienes, según el gobierno, son los responsables de esta explosión de la deforestación.
Acaparamiento de tierras
Antes del acuerdo de paz de 2016, la guerrilla de las FARC había impuesto límites a la deforestación en muchas de las regiones bajo su control. Los insurgentes buscaban controlar la expansión de la agricultura y la ganadería para ocultar mejor sus campamentos y plantaciones de droga de la Fuerza Aérea colombiana.
Pero desde la salida de las FARC de su territorio, el acaparamiento de tierras se ha extendido en regiones antes casi intocables debido al conflicto. De hecho, esta actividad representa entre 60 y 65 por ciento de toda la deforestación en Colombia, según el Ministerio del Medio Ambiente.
Por lo general, esta práctica se inicia cuando terratenientes ricos invierten en adquisición de tierras a gran escala, legal e ilegalmente. Estos propietarios luego pagan a miembros de la comunidad local para que talen grandes áreas de árboles maderables, áreas que destinarán posteriormente a la ganadería, según comentó César Meléndez, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), en conversación con InSight Crime.
Pero el territorio que anteriormente controlaban las FARC también está cayendo bajo el control de grupos de disidentes de las FARC que operan actualmente en unos 19 departamentos de todo el país.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Ex-FARC Mafia
De hecho, en algunas zonas, el aumento de la deforestación puede relacionarse con alianzas de grupos criminales con disidentes de las FARC. Estos promueven la deforestación e incitan a las familias a trasladarse a regiones anteriormente no accesibles y presionar a las autoridades regionales para que les concedan títulos sobre la tierra, señaló el exministro del Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo en una entrevista reciente con El Tiempo.
En otros casos, grupos criminales, como las disidencias de las FARC, se benefician de la deforestación con la extorsión a los terratenientes. Por ejemplo, se dice que en municipios específicos del departamento de Guaviare, al sureste del país, las Disidencias del Frente Primero cobran a los miembros de la comunidad una cuota o vacuna de cerca de US$320 por hectárea talada, más unos US$10 por cabeza de ganado.
VEA TAMBIÉN: Perfil de la Disidencia del Frente Primero
La Disidencia del Frente Primero también ha sido la responsable de la prohibición que pesa sobre los funcionarios forestales regionales en Guaviare de realizar inspecciones, e incluso ha habido denuncias de ataques a algunos de ellos, afirmó Meléndez.
Cultivos ilícitos
Las mafias también promueven cada vez más la deforestación con la tala y despeje de bosques para abrir espacio para los cultivos ilícitos de coca, una dinámica reflejada por el continuo incremento de la producción de cocaína en el país. De hecho, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que entre el 20 y el 22 por ciento de la deforestación es causada por cultivos de plantas ilícitas.
Departamentos como Nariño, Putumayo y Antioquia han visto repuntes importantes de los cultivos ilícitos y muestran tendencias similares en deforestación.
Más recientemente, el departamento de Norte de Santander, al noreste del país, más específicamente en el municipio de Tibú, al norte, ha sido duramente golpeado por la deforestación, en parte por el cultivo de coca, según tres Alertas Tempranas de 2018, enviadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
En 2017 —que es el año más reciente con datos sobre cultivos de coca en Colombia— Norte de Santander registró 28.244 hectáreas de coca, la tercera cifra más alta del país, y un aumento de 12 por ciento en relación con 2016.
Otras actividades lícitas e ilícitas, como la agricultura legal, la tala ilegal para comercialización, la extracción informal de madera, la minería ilegal y la ganadería también tienen incidencia en la deforestación en la región.
La tendencia del aumento de la deforestación para abrir espacio para la coca bien puede seguir creciendo, con la continua búsqueda de expansión de los grupos criminales colombianos a mercados lucrativos, como Asia y Europa. Más aún, la mayor presencia de carteles mexicanos que intentan garantizar el suministro de cocaína en importantes zonas cocaleras en Colombia, también puede motivar el aumento de los cultivos.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Producción de cocaína
Minería ilegal
La minería ilegal sigue siendo una fuente importante de ganancias ilegales y un método eficiente de lavado de dinero para los grupos criminales que operan en el país. y según el gobierno colombiano, es el tercer factor en importancia de la deforestación, pues representa ocho por ciento del total deforestado.
En general, los grupos criminales promueven la ampliación de la deforestación mediante la minería ilegal de dos formas. La primera es sencillamente talar grandes áreas de bosque para construir nuevas zonas mineras. Muchas de esas minas de han convertido en fuente principal de ingresos ilícitos para el crimen organizado, y están o bien controladas directamente por los grupos criminales o bien extorsionadas por ellos.
El departamento del Chocó sirve como ejemplo de este fenómeno. En los municipios de Unión Panamericana, Istmina, Condotó, Opogodó y Nóvita, a lo largo del río San Juan, se dice que 90 por ciento de la explotación de oro y platino a gran escala, realizada en parte por brasileños, es ilegal, según Yoileth Mosquera, director encargado de Desarrollo Sostenible en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ), quien habló con InSight Crime.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Minería ilegal
La segunda forma como los actores criminales que participan en la minería ilegal promueven la deforestación es mediante el uso de madera como recurso importante para la construcción y el correcto funcionamiento de las minas, específicamente las minas de carbón. Los bosques situados en regiones mineras ricas en carbón, como la subregión del Catatumbo, al noreste del país, han sido diezmados por este tipo de minería, junto con otras razones, como el uso de la madera para la construcción de vías y la expansión de otros proyectos de infraestructura.
La tendencia de aumento de la deforestación causada específicamente por la minería ilegal también puede persistir por algún tiempo, mientras los grupos del crimen organizado en Colombia continúan la diversificación de sus portafolios criminales.
SUSCRIBIRME