La reserva biológica Indio Maíz de Nicaragua, al sur en la frontera con Costa Rica, está bajo asedio. Las operaciones de minería ilegal parecen ir en aumento, los vertimientos de mercurio y cianuro contaminan los ríos, miles de hectáreas de capa forestal desaparecen y los miembros de las comunidades indígenas viven bajo continua amenaza de muerte.
La Fundación del Río, organización conservacionista establecida en el sureste de Nicaragua, ha venido denunciando de manera sistemática la destrucción gradual de Indio Maíz, área forestal protegida que alberga más de 1.000 especies de aves, mamíferos, insectos y anfibios.
La fundación, sin embargo, chocó con el gobierno nicaragüense, que la despojó de su personería jurídica y confiscó sus bienes. El presidente de la organización, Amaru Ruiz, se fue a Costa Rica, denunciando amenazas y ataques del gobierno.
InSight Crime se sentó a conversar con Ruiz sobre el deplorable historial de Nicaragua en la lucha contra los delitos ambientales, los esfuerzos por impedir la minería ilegal y la deforestación y el trabajo que sigue realizando Fundación del Río.
InSight Crime (IC): En los últimos 30 años, los bosques de Nicaragua han sufrido por la deforestación de los colonos y las operaciones de tala ilegal. ¿Cuáles son las principales economías ilegales que afectan actualmente las reservas naturales protegidas del país?
Amaru Ruiz (AR): Las zonas forestales enfrentan diferentes factores de estrés ambiental. Un factor importante es la ganadería extensiva. Este es uno de los principales problemas que llevan a la deforestación y la invasión de comunidades y territorios protegidos en Nicaragua. La minería es otra actividad extractiva que tiene un impacto en las zonas de reserva y en territorios indígenas. El cultivo de palma africana también genera cambios en el uso de la tierra, procesos de deforestación y contaminación, en el sureste y el norte de Nicaragua.
IC: ¿Cómo han evolucionado estas actividades en los últimos años?
AR: Ha habido apoyo institucional del régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para promover la inversión de capital en minería y ganadería. También hay participación de grandes corporaciones en el procesamiento de aceite de palma. Hay poca voluntad política para proteger los bosques de Nicaragua.
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IC: ¿Qué facilidades tiene un grupo de mineros para establecer operaciones ilegales en territorios protegidos? ¿Qué medidas preventivas u obstáculos enfrentan estos grupos?
AR: Hay que hacer una diferencia entre la minería a escala industrial y la pequeña minería artesanal. Muchos mineros en operaciones de menor tamaño vienen de zonas donde esa minería es una práctica tradicional.
Ellos se trasladan junto con sus familias a otras zonas, como la reserva de Indio Maíz, en busca de oro. Usan cianuro y mercurio para separar el oro de la roca. Construyen plantas artesanales y comienzan a extraer los minerales de forma manual, generando otros impactos ambientales adicionales. No existen leyes que impidan esto y ha habido un desinterés total para atender el crecimiento de la minería artesanal. Ha habido negligencia del Estado y muchos de los materiales que extraen por este medio, incluido el oro, son luego comprados por las empresas mineras.
IC: ¿Son ilegales estas actividades de minería artesanal?
AR: Todas las actividades que realizan las pequeñas operaciones de minería artesanal actualmente son ilegales en territorios protegidos, porque no cuentan con autorización ni legislación. También ocurren en zonas protegidas, donde se requiere una licencia para explotar el subsuelo. Debe solicitarse permiso para usar mercurio o cianuro.
IC: ¿Cómo ha sido el trabajo de Fundación del Río para hacer seguimiento a la minería ilegal, la tala y otras actividades que se realizan en áreas protegidas?
AR: Como organización, hemos realizado muchas actividades, que incluyen el acopio de informacion y estudios sobre operaciones extractivas ilegales en zonas protegidas, especialmente en el sureste de Nicaragua.
Por ejemplo, hemos monitoreado el crecimiento del cultivo de palma africana, hemos hecho inventarios de operaciones mineras ilegales. Hemos denunciado públicamente estas actividades y hemos interpuesto denuncias ante las autoridades ambientales a nivel nacional. También hemos colaborado con los gobiernos comunitarios de las comunidades indígenas Rama, que son dueños de más del 70 por ciento de la Reserva Biológica Indio Maíz. Los hemos acompañado en su intento por reforzar sus capacidades de seguridad, con el objetivo de proteger la Reserva.
IC: En noviembre de 2020, Fundación del Río denunció el descubrimiento de alrededor de 2.000 mineros en una explotación ilegal de oro en el municipio de El Castillo, que hace parte de la reserva biológica Indio Maíz. ¿Quién está detrás de esas operaciones y quién los apoya, directa e indirectamente?
AR: La mayoría son familias que trabajan en minería artesanal y vienen de los distritos mineros históricos de La Libertad y la zona del Caribe al norte. Se movilizan a estas zonas primero a explorar. Después de que encuentran algún material que indique que hay oro, obviamente empiezan estas actividades de explotación de oro ilegales en estas zonas, lo que genera contaminación. Entonces son mineros artesanales que realizan actividades de minería ilegal quienes llegan a instalarse en estos territorios.
IC: Colombia ha tenido un trágico número de ataques a líderes indígenas, al igual que Perú y Brasil. ¿En qué medida los líderes enfrentan amenazas de este tipo en Nicaragua?
AR: En Nicaragua existe la misma violencia que se ve en otros países contra las comunidades indígenas y los defensores ambientales. A comienzos de 2020, vimos las muertes de líderes indígenas que defendían sus derechos a la tierra. Fueron asesinados por los colonos que invadieron esas zonas.
Algunos defensores ambientales han tenido que salir del país. Nos quitaron nuestra personería jurídica. Estoy exiliado en Costa Rica. Han despojado de su personería jurídica a otras organizaciones porque se oponían a este modelo extractivo. La persecución y el homicidio de los ambientalistas es una realidad en Nicaragua.
IC: En febrero de 2020, se denunció que hombres armados atacaron la comunidad indígena Alal en la Reserva de la Biosfera Bosawás, lo que dejó cuatro miembros de la comunidad muertos y sus viviendas incendiadas. ¿Qué sucedió en este caso?
AR: Los invasores compran armas para desalojar de manera violenta a las comunidades indígenas y usurpar sus tierras. Un colono que quiera ocupar este territorio solo puede lograrlo mediante la violencia. Se organizan con otros colonos que tienen el mismo interés. Así es como ocurren estos asesinatos. Algunas comunidades indígenas han decidido defenderse, lo que da lugar a estos conflictos. La comunidad Miskito al norte también ha resistido. Pero la policía y el ejército en muy raras oportunidades han intentado detener a estos grupos armados.
IC: ¿Cree que hay connivencia de las autoridades nicaragüenses hacia el crimen transnacional en Costa Rica?
AR: Los temas ambientales no son de interés para el Estado nicaragüense. No les interesa lo que está emergiendo a lo largo de la zona transfronteriza con Costa Rica.
IC: En referencia a este sitio, su organización señaló hace poco que no había una vía legal posible para oponerse a este tipo de operaciones en Nicaragua, y que esos procesos serían largos y costosos. ¿Qué quiere decir eso?
AR: Aquí en Nicaragua, vivimos en un sistema donde los poderes del Estado se concentran en una sola persona, que en este caso es el presidente. En realidad, dado que son delitos ambientales, la persona que debería denunciar formalmente esos delitos cometidos por esas familias es la Fiscalía General, porque estas áreas protegidas son propiedad de la nación.
Las comunidades indígenas ya habían intentado presentar una denuncia. Formularon una denuncia contra un ganadero grande que operaba en su territorio, dentro de la reserva biológica. Pero el caso fue anulado en el sistema judicial. No tiene caso tratar de montar todo ese proceso, gastar dinero en esos procesos legales si al final el sistema judicial nos va a fallar.
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IC: Aparte de la minería ilegal, ¿qué otros delitos ambientales ha habido recientemente en la Reserva Biológica Indio Maíz?
AR: Todo el aumento de la ganadería, el problema del uso de la tierra por los colonos, la invasión de tierras protegidas por parte de colonos y el uso de pesticidas para pescar, que contamina los ríos. Actividades antropogénicas, tráfico de pescado, en otras palabras, la participación en el tráfico de peces silvestres.
IC: ¿Cómo funciona el tráfico de peces en la reserva?
AR: Entran a la reserva, extraen los recursos y los sacan para la venta en el mercado. Siempre hay intermediarios y siempre hay quien trafique estos peces en el ámbito internacional. Son peces con alto valor comercial en el mercado.
IC: A finales de septiembre 18 líderes negros e indígenas, así como abogados y guardaparques de la comunidad Rama-Kriol fueron detenidos provisionalmente por las fuerzas armadas luego de documentar la degradación ambiental y la usurpación de tierras en la Reserva Indio Maíz. El presidente del territorio, Teodoro Jaime McCrea Williams, fue interceptado por el ejército y luego liberado. ¿Qué tan comunes son este tipo de situaciones? ¿Por qué hacen esto las autoridades?
AR: En primer lugar, es importante mencionar que estas son violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas y los líderes que habitan estos territorios. En segundo lugar, estuvo la detención arbitraria del líder Teodoro. Lo llevaron a la estación de policía y lo dejaron toda la noche en custodia. El ejército nicaragüense es cómplice en esto, porque por un lado impiden que los gobiernos comunitarios realicen su tarea de vigilancia y por el otro no detienen a los verdaderos invasores que entran a estos territorios con la intención de saquear y destruir. Así que hay una dualidad en términos del desempeño del ejército.
IC: ¿Pero este tipo de situación es bastante común para las reservas protegidas en Nicaragua?
AR: Esto nunca antes había ocurrido en la reserva biológica, porque lo que los gobiernos comunitarios hacen es informar a las autoridades cuando entran a estos territorios para proteger la tierra y las autoridades reciben la información. Ellos ya sabían que iban a entrar a estos territorios. Por esta razón, no se explica cómo ocurrió esta situación y cuál fue la orden que dieron para intentar detenerla. O si fue resultado de la intimidación para que no siguieran haciendo el trabajo que realizan estos gobiernos comunitarios.
IC: Es evidente que, en este caso, la comunidad Rama-Kriol ha actuado de manera proactiva para impedir que grupos criminales establezcan sus operaciones en su territorio, realizan patrullaje y vigilancia de manera regular. ¿Cómo han estado combatiendo estas comunidades a los taladores y mineros ilegales?
AR: Ellos realizan actividades de patrullaje y vigilancia, visitan a las familias que se han asentado y les dicen que este es su territorio y que deben irse. Formulan denuncias y tratan de presentar evidencia de casos de invasión en la reserva. Obviamente han presentado acusaciones formales ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Han presentado casos ante el sistema judicial. El Estado nicaragüense debe garantizar su protección y la de sus territorios, pero eso no está ocurriendo.
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