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El exguerrillero y excongresista Raúl Mijango se encuentra en la cárcel y podría pagar una pena de 20 años de prisión por el delito de extorsión —uno de los dos crímenes relacionados con el papel que desempeñó en la tregua entre pandillas en El Salvador— pero él no es precisamente un mártir.

Tirado en una silla plástica de color negro, Raúl Mijango se ve agotado. Su piel ha adquirido una pálida tonalidad café, y su barriga, antes prominente, parece haberse desinflado bajo la camiseta blanca de la prisión.

“Ya estoy viejo”, dice después de un día más en la corte, donde enfrenta acusaciones por su papel en una polémica tregua entre pandillas. “Me funciona solo el 30 por ciento de mis riñones. Tengo problemas severos de diabetes, tengo problemas de tiroides, tengo ulceraciones en el estómago, y últimamente, a raíz del problema de la diabetes, he perdido casi el 60 por ciento de la visión”.

Aun así, Mijango permanece inalterable.

“Yo siempre he dicho que quiero a este país, no sé si el país me quiere a mí”.

Lo que es claro es que el Gobierno actual de El Salvador —conformado por sus antiguos camaradas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ahora hacen parte del partido gobernante— no quiere a Mijango.

El mismo día en que hablamos con él en el mes de septiembre, un montón de policías habían testificado en el más reciente caso contra él. En uno de esos casos, que aún no ha sido juzgado, se le acusa de homicidio. En este se le acusa a él y a 18 pandilleros de extorsionar a una compañía de producción y distribución de alimentos, llamada Arrocera San Francisco.

En la acusación, los fiscales sostienen que Mijango participó en las negociaciones para establecer el esquema de extorsión, y que luego se benefició de él. Mijango dice que él sólo estaba tratando de implementar la segunda fase de la tregua: la eliminación gradual de la extorsión.

“Esto es parte de toda una persecución política”, dijo.

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Los desacuerdos de Mijango con el FMLN comenzaron hace dos décadas, cuando él inició una lucha de poder con el que actualmente es el núcleo del partido y conforma la actual administración. Mijango se retiró del partido, o quizá fue expulsado —todo depende de a quién se le pregunte—, luego obtuvo un escaño durante un período en el Congreso y se alineó con sus opositores ideológicos, entre los que se encontraba el general David Munguía Payés.

Tras ser nombrado ministro de Seguridad, Munguía Payés, impulsado por su ambición política, encargó a Mijango y al capellán castrense, monseñor Fabio Colindres, de adelantar la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13) y las dos facciones de Barrio 18.

Mijango y Colindres lograron que las partes llegaran a un acuerdo en marzo de 2012, e inmediatamente se empezó a observar una disminución en los homicidios, que pasaron de cerca de 14 a 6 al día, lo que le habría permitido a Munguía Payés aspirar a un puesto más alto. Pero adelantándose a los deseos de su promotor, Mijango tomó una decisión que puede llevarlo a pasar el resto de sus días en prisión: la de negociar tarifas de extorsión más bajas.

“En algunos casos, muchos empresarios me buscaron y me dijeron: ‘Mire, por lo que usted ha abierto [disminuir la violencia] ¿qué posibilidades hay de que nos ayude?’”, dijo refiriéndose al período después de que la tregua se había implementado. “Y yo les dije: ‘mire, no hay acuerdo sobre esto, pero lo puedo plantear, y si se logra algún entendimiento, qué bueno’”.

La acusación que implica a Arrocera San Francisco presenta una versión ligeramente diferente. En ella se lee que fue Mijango quien llamó a los representantes de la compañía y los invitó a una reunión en su oficina, donde negociaron con los líderes de las tres pandillas. Como resultado, hubo una disminución en los pagos, que pasaron de US$15.000 a US$6.000 por mes, y eran entregados en “arroz precocido, frijoles, aceite de cocina, pampers y otros”.

Los productos eran dejados en diversos puntos de entrega, lo que aseguraba que los empleados de la compañía pasaran de manera segura por los territorios de las pandillas en todo el país, de modo que podían entregarles a sus clientes legítimos y a los líderes de las pandillas productos que estos podían revender al por mayor o al detal en el mercado central de San Salvador, así como en otros puntos de venta.

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Según los fiscales, el crimen de Mijango consistió en facilitar estas acciones ilegales. Incluso promovió el uso de recibos para que las transacciones parecieran legales, en caso de que los transportistas de las pandillas fueran registrados por las autoridades, y ellos dicen que él se quedaba con parte de la mercancía.

Mijango niega haber actuado mal y no se disculpa por sus acciones, pues afirma que hacían parte del intento de poner fin a la violencia y el crimen. Dice que la decisión de las pandillas de reducir las tarifas de extorsión fue una muestra de que estaban dispuestas a buscar una solución diferente, y que el Gobierno se está haciendo el de la oreja mocha al no reconocer que sabía cómo funcionaban las negociaciones con la pandilla.

“El gobierno sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo”, dijo.

“¿Qué hace la Fiscalía? Todos los días negocia con los criminales, les da beneficios penitenciarios, económicos o lo que sea. ¿A cambio de qué?  De que le colaboren para esclarecer hechos delictivos. Y yo les decía: ‘Por qué no pueden llegar a un acuerdo de otra naturaleza, no para esclarecer hechos delictivos sino para evitar que siga habiendo violencia’, eso debería ser legítimo en este país”.

La Fiscalía General trató de enjuiciar anteriormente a Mijango y a otras 17 personas por varios presuntos actos criminales cometidos durante la tregua, pero los sospechosos fueron absueltos en 2017.

También es significativo que el obispo Colindres no esté siendo enjuiciado con Mijango, como tampoco lo está el general Munguía Payés, quien ahora es ministro de Defensa. Con el fin de facilitar la tregua, el Gobierno dio luz verde para el traslado de grandes cantidades de pandilleros presos, así como para pagos, supuestamente hechos bajo cuerda, a los líderes pandilleros por su participación.

“Soy el perro más flaco de este volado”, dijo Mijango.

La falta de transparencia durante las conversaciones con las pandillas levantó sospechas sobre el plan entre la gente. Aunque el Gobierno eventualmente invitó a la Organización de Estados Americanos para que le ayudara a consolidar el apoyo al proceso, el presidente Mauricio Funes nunca acogió plenamente la tregua ni trató de crear un marco legal a través del cual personas como Mijango pudieran tomar decisiones como las que tomó con respecto a Arrocera San Francisco.

Mijango dice que percibió los defectos de la estrategia, pero que asumió los riesgos.

“Yo no partía de que tenía ese respaldo”, dijo. “Partía de que tenía una idea que funcionaba, y que les iba a demostrar en el terreno que sí funcionaba, como ya se lo demostré. Si las otras partes no tuvieron la valentía suficiente para asumir sus responsabilidades, ese era su problema”.

¿Y cómo se siente Mijango ahora?

“Me siento defraudado”.

El veredicto sobre el juicio de Arrocera San Francisco está programado para este 12 de octubre.

*El 12 de octubre, Raúl Mijango was sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión.

Foto: Factum/Salvador Meléndez

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