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El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió la presidencia como un supuesto “cazador de criminales” con el que Estados Unidos podría colaborar en la lucha contra la corrupción y la violencia, pero ese ideal se ha desmoronado gradualmente, dadas las crecientes denuncias criminales en su contra.

Poco después de que se anunciara la victoria de Hernández en las polémicas elecciones presidenciales de 2013, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, extendió sus “sinceras felicitaciones” al nuevo jefe de Estado.

Este es el segundo artículo de los cuatro que publicaremos sobre el mandato del asediado presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Vea el primer artículo aquí.

“Los nuevos líderes elegidos en Honduras se han comprometido a enfrentar los retos más apremiantes del país, como […] la seguridad, la justicia y los derechos humanos para todos los hondureños”, dijo Kerry en una declaración de diciembre de 2013.

Hernández asumió el cargo poco después de que el Congreso de Honduras aprobara una reforma constitucional que permitía la extradición de sus ciudadanos acusados de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo a Estados Unidos.

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En marzo de 2014, poco después de que Hernández se posesionara como presidente, las autoridades ya habían capturado al primer gran narcotraficante para ser extraditado: Carlos Arnoldo Lobo, alias “El Negro”. Unas seis semanas después, El Negro se convirtió en el primer capo de la droga hondureño extraditado a Estados Unidos.

Según el Ministerio de Seguridad de Honduras, hasta la fecha han sido extraditados más de 20 grandes criminales al aliado de Honduras en el norte, como indica un informe de La Tribuna.

Esa cooperación bilateral, junto con la estrategia de “mano dura” de Hernández, respaldada por Estados Unidos, para controlar la delincuencia, así como la gradual disminución de los homicidios —aunque esto es solo una parte de un complejo panorama de seguridad—, fue lo que en parte le permitió convertirse en el más importante aliado regional de Estados Unidos en América Latina.

En 2015, por ejemplo, Hernández fue invitado de honor al Congreso de Estados Unidos y habló en Washington con varias organizaciones no gubernamentales sobre “la promoción de la paz y la prosperidad” en Honduras. Desde entonces, continuamente ha asistido a encuentros y sostenido reuniones privadas con altos funcionarios estadounidenses. Recientemente, el 13 de agosto, Hernández estuvo en Washington para una serie de reuniones con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Esto ocurrió aproximadamente una semana después de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) y los fiscales de ese país identificaran al actual presidente en los documentos judiciales, que decían que había participado en una conspiración en la que las ganancias de las drogas fueron para apoyar su campaña electoral. Hernández ha negado estas acusaciones, afirmando que él no enfrenta cargos criminales en Estados Unidos.

“Esa es una acusación de un narcotraficante en un juicio diferente”, dijo el 13 de agosto, según un informe de Associated Press. “Estamos frente a la venganza de personas que no tienen nada de credibilidad”.

Análisis de InSight Crime

Durante años, el presidente Hernández logró hacerles creer a sus aliados en Washington que estaba enfrentando algunos de los problemas más apremiantes de Honduras, como la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.

Con el tiempo, sin embargo, las crecientes acusaciones criminales en su contra han derribado esta fachada, lo que ha puesto en entredicho el que Hernández sea realmente un “socio estratégico” en la lucha contra el crimen organizado.

Después de asumir la presidencia en 2014 en medio de acusaciones de fraude electoral, como sobornos y compra de votos, surgieron algunas de las primeras pruebas que hicieron pensar en la presunta conducta criminal del presidente Hernández, cuando el Ministerio Público inició una investigación por un escándalo de corrupción de grandes proporciones al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Las autoridades acusaron al exdirector del IHSS, Mario Zelaya Rojas, de malversar unos US$330 millones de la institución. Hernández admitiría más tarde que las empresas vinculadas al esquema de corrupción —uno de los peores escándalos en la historia del país— ayudaron a financiar su exitosa campaña presidencial de 2013.

Las protestas contra la corrupción no se hicieron esperar. Miles de hondureños marcharon para exigir la dimisión de Hernández y la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Y a principios de 2016 se conformó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aún más, documentos judiciales desclasificados recientemente evidencian que el presidente Hernández, junto con su hermana Hilda y varios miembros de la poderosa familia hondureña Rosenthal, también fueron objeto de una investigación de la DEA en 2013, por “narcotráfico a gran escala y actividades de blanqueo de dinero relacionadas con el ingreso de cocaína a Estados Unidos”.

Pero este fue apenas el comienzo de los problemas de Hernández.

En octubre de 2016, Estados Unidos acusó a varios presuntos narcotraficantes —entre ellos algunos funcionarios del ejército— de tener conexiones con el Cartel del Atlántico, una red que operaba en la zona de la Moskitia, en el noreste de Honduras. Días después se reveló que el hermano del presidente, el excongresista Juan Antonio “Tony” Hernández, viajó a Estados Unidos después de que se revelara que él era considerado una “persona de interés” en la importante investigación sobre narcotráfico.

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La investigación puso al presidente Hernández en aprietos, pero las aguas finalmente se calmaron y él continuó gobernando a Honduras con mano dura hasta las reñidas elecciones de 2017. Para ese entonces había nombrado a sus aliados en muchas instituciones estatales, y logró levantar una prohibición constitucional sobre la reelección, lo que le permitió, no sin controversias, volver a postularse a la presidencia.

A pesar de las graves acusaciones de fraude electoral (Hernández estaba perdiendo en los conteos, pero se ubicó por delante del candidato de la oposición, Salvador Nasralla, cuando el sistema de votación electrónica se repuso después de averiarse misteriosamente), Estados Unidos se demoró un mes para dar su aprobación y reconocer su cuestionada victoria.

Al año siguiente, en noviembre de 2018, las autoridades estadounidenses arrestaron al hermano del presidente, imputado por tráfico de drogas y armas. El testimonio que más tarde Tony Hernández ofreció a los agentes de la DEA sobre su detallado conocimiento del tráfico de estupefacientes y sus conexiones con importantes figuras del narcotráfico hondureño, como los líderes de los grupos criminales “Los Cachiros” y “Los Valles”, levantó dudas sobre qué tanto conocía el mismo presidente sobre tales comportamientos criminales.

Meses más tarde, un informe sobre corrupción publicado en mayo de 2019 por el Departamento de Estado de Estados Unidos generó más dudas sobre el compromiso del presidente Hernández en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

El informe señalaba a 13 altos funcionarios o exfuncionarios hondureños que presuntamente estuvieron involucrados en actos de corrupción (o bien que los facilitaron), algunos de los cuales tenían vínculos directos con el presidente y su administración. Entre ellos se encontraba un presunto narcotraficante, el congresista hondureño Fredy Renán Nájera Montoya, quien hizo parte del Congreso Nacional cuando este era presidido por Hernández antes de convertirse en jefe de Estado en 2014.

En la lista también aparecían Yankel Rosenthal, ministro de Inversiones de Honduras en la administración de Hernández hasta junio de 2015, y su primo Yani, un magnate que se desempeñó como ministro de la Presidencia. Los dos Rosenthal admitieron haber lavado dinero de las drogas de Los Cachiros.

Las organizaciones criminales como Los Cachiros involucraban a los políticos en sus modus operandi para garantizar la protección y el paso seguro de sus cargamentos de drogas. Las más recientes revelaciones contra Hernández son el resultado de años de sospechas de que él también había estado comprometido con intereses criminales.

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