Menos de 48 horas antes de que una nueva fiscal general asuma el cargo, el Ministerio Público de Guatemala ha añadido una nueva acusación —y quizá la más fuerte— contra el presidente Jimmy Morales por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2015, lo que aumenta las tensiones entre la presidencia y el sistema de justicia y compromete a algunos de los intereses empresariales más poderosos del país.
Los nuevos alegatos fueron expuestos el 15 de mayo, dos días antes de que la fiscal Thelma Aldana abandone el cargo, en una agitada conferencia de prensa por parte de la funcionaria saliente junto con el fiscal adjunto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las acusaciones, que no son cargos formales contra Morales, se basan en declaraciones, correos electrónicos y documentos proporcionados a los fiscales por personal administrativo de Novaservicios, empresa de marketing y comunicaciones.
Según los investigadores, a principios de agosto de 2015 la firma canalizó al menos ocho millones de quetzales (US$1.075.000) de varias grandes empresas hacia la campaña de Jimmy Morales, aparentemente para pagar observadores electorales, o lo que se conoce como "fiscales de mesa". El partido de Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN), solo informó de 103.706 quetzales como inversión en los fiscales de mesa, una de las varias transgresiones que, según los fiscales, han encontrado en la contabilidad de la exitosa campaña del partido.
Los fiscales no especificaron si Morales había cometido un delito en esta parte del proceso, pero durante las preguntas después de la presentación del caso, Aldana afirmó que la Fiscalía tiene "abundantes elementos" para argumentar, por segunda vez en menos de un año, que el Congreso debe retirar la inmunidad del presidente para permitir que la investigación continúe su curso.
Sin embargo, la decisión de hacerle esa solicitud al Congreso no dependerá de Aldana, dado que su período en el cargo termina el 17 de mayo.
El presidente Morales, quien está terminando una visita de Estado a Israel, no hizo comentarios públicos sobre las recientes acusaciones. No obstante, anteriormente ha dicho que ni él ni su campaña cometieron ningún delito.
Esta es la tercera fase del caso. La primera fase —presentada en agosto de 2017, junto con la solicitud de despojar al presidente de su inmunidad— señalaba que, en agosto de 2015, unos cuatro meses antes de terminar la campaña, el FCN dejó de hacer la contabilidad y de reportar las contribuciones hechas a la campaña. Cuando el partido se dio cuenta de que estaba siendo investigado a finales de 2015, intentó reconstruir una situación financiera que, según los fiscales, no resiste los escrutinios.
La segunda fase, que fue anunciada en abril de 2018, se enfocó en las contribuciones hechas al partido por parte de poderosos empresarios para supuestamente pagar a los fiscales de mesa en los centros de votación. Estas contribuciones no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo gubernamental encargado de supervisar los gastos de las campañas.
La tercera fase parece ser una extensión de la segunda, y en ella se amplía la lista de empresarios que afirman que le estaban ayudando al partido a supervisar las polémicas elecciones. Entre los nuevos implicados se encuentran Felipe Bosch, José Fraterno Vila, José Guillermo Castillo Villacorta, José Miguel Torrebiarte y Salvador Paíz. Sus nombres y sus empresas son bien conocidos, pues durante décadas han estado en el centro del poder político y económico del país.
Para llamar la atención sobre este aspecto, Aldana y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, mostraron a la concurrida rueda de prensa en la sala de juntas de la Fiscalía General facsímiles de cheques firmados y otras pruebas proporcionadas por estos empresarios, todos los cuales han sido llamados a declarar el 1 de junio.
Sin embargo, los motivos que los empresarios tenían para apoyar a Morales son menos claros. Si bien ellos afirman que han estado interesados en proteger la democracia, los investigadores entrevistados por InSight Crime bajo condición de anonimato dijeron que los empresarios se quedaron sin ningún aliado.
Cuando hicieron su acuerdo con el FCN, un candidato rechazó sus propuestas y el otro no era lo suficientemente interesante. El resultado, dicen los investigadores, fue una alianza con los operadores del FCN, que quizá, según la investigación, se beneficiaron personalmente de las transacciones no declaradas.
"Cuando las normas en torno al financiamiento de campañas son débiles y permisivas, las consecuencias son la poca o nula transparencia con respecto a la política o el dinero [...] y el enriquecimiento ilícito", se lee en el informe de los fiscales.
Vea la presentación completa de la CICIG en PDF a continuación:
Análisis de InSight Crime
Hay tres cosas importantes a tener en cuenta al analizar estas últimas y explosivas acusaciones.
En primer lugar, estas acusaciones provienen de los empresarios más importantes del país, quienes son testigos claves en un caso contra un presidente en funciones. Estos empresarios parecen estar enviando un mensaje a Morales y a otros políticos que apoyan al presidente, y esto puede influir para que el Congreso —que hasta ahora ha protegido al presidente, al no quitarle su inmunidad— cambie su posición.
En segundo lugar, las acusaciones se han anunciado solo unas horas antes de que Aldana abandone su cargo como fiscal general del país, lo que le hará más difícil a la nueva fiscal general, María Consuelo Porras, ignorar o archivar el caso.
Por último, hasta el momento esta es la evidencia más fuerte de que el presidente y su partido cometieron graves violaciones a la ley de financiación de campañas. Parte de las evidencias presentadas, por ejemplo, parece provenir de lo que, según los fiscales le dijeron a InSight Crime, son documentos y registros originales de las contribuciones que los empresarios les hicieron.
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Los próximos días serán tensos y determinantes para el presidente Morales. Él ha pasado los últimos meses tratando de establecer una fuerte coalición de intereses diversos, todos los cuales tienen algo en común: quieren que se detengan las múltiples investigaciones en torno a sus supuestas transgresiones.
Para ello, han estado trabajando tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A nivel nacional, Morales sustituyó a su ministro de Gobierno, a quien remplazó por un aliado, clausurando la cooperación entre la CICIG y la policía; además, ha desarrollado un grupo de aliados en el Congreso, ha solicitado el retiro del embajador sueco Anders Kompass —partidario vocal y financiero de la CICIG y de sus investigaciones— y ha nombrado a Porras como nueva fiscal general, de quien espera que sea una fuerte partidaria del presidente.
Por otra parte, en Washington, varios senadores de Estados Unidos han declarado que planean suspender fondos por US$6 millones para la CICIG, pues afirman que está obstaculizando la justicia en el caso contra una familia rusa. Un importante empresario y una columnista estadounidense también han asumido la causa de lo que en Guatemala se conoce popularmente como el "Pacto de corruptos". Y el Gobierno se ha aliado con el Gobierno israelí en su intento de hacer de Jerusalén su capital.
En otras palabras, la batalla está en su punto de inflexión.
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