La guerra a muerte que el presidente de Guatemala ha emprendido contra la comisión internacional que abandera la lucha contra la corrupción en su país, la CICIG, volvió al Congreso de Estados Unidos durante una audiencia del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes. Ahí, un funcionario del Departamento de Estado descartó que haya influencia del gobierno ruso en la comisión o en las investigaciones que esta lleva a cabo.
En la audiencia, varios congresistas, demócratas y republicanos, reiteraron su apoyo a Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). “A través de nuestra embajada en Guatemala, después de investigar, no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya existido confabulación (entre Rusia y CICIG)”, dijo el embajador Kenneth Merten, subsecretario interino para el hemisferio occidental del Departamento de Estado -la oficina responsable de la política exterior estadounidense en Latinoamérica- y uno de los testigos en la audiencia del miércoles.
“No hay ninguna prueba en nuestra investigación hasta ahora de ningún tipo de conexión entre CICIG y el gobierno ruso”, insistió Merten ante una ráfaga de preguntas del congresista republicano por Nueva Jersey Chris Smith, uno de los principales detractores de la comisión internacional en Washington.
La versión de una supuesta conspiración rusa con CICIG se hizo pública en abril pasado, cuando una columnista del Wall Street Journal escribió sobre una familia rusa, los Bitkov, quienes recalaron en Guatemala en 2009 tras una persecución emprendida por el régimen de Vladimir Putin por disputas comerciales.
En el país centroamericano, los Bitkov se hicieron de documentación falsa que compraron a una red criminal que incluía a varios funcionarios migratorios del país. La justicia de Guatemala, tras una investigación emprendida por CICIG y el Ministerio Público, condenó a 39 personas, ex oficiales y clientes de la red, entre ellos a los Bitkov.
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A partir de ahí, un puñado de congresistas republicanos liderados por Smith y por el senador de Florida Marco Rubio hicieron suyo el caso Bitkov, utilizándolo como argumento para minar la credibilidad de la CICIG en Washington y, en el caso de Rubio, para intentar bloquear el desembolso del financiamiento estadounidense por US$6 millones a la comisión.
De acuerdo con una fuente diplomática consultada por InSight Crime en Ciudad Guatemala en junio pasado, el desembolso que Rubio amenazó con bloquear es vital para el buen funcionamiento de la CICIG en lo que resta de 2018.
Todo esto ocurre en el marco de la disputa entre el presidente Jimmy Morales y la CICIG que no ha parado de crecer desde que la comisión y el Ministerio Público empezaron a investigar al presidente por financiamiento electoral ilícito, y a varios de sus familiares y colaboradores por supuestos actos de corrupción. El MP incluso pidió al Congreso guatemalteco en 2017 que aprobara una solicitud de antejuicio para que Morales respondiera por los delitos en un tribunal. Aliados del presidente en el Legislativo bloquearon la petición.
Antes de terminar su mandato, en mayo de este año, la fiscal Thelma Aldana se despidió con una conferencia de prensa en que anunció una tercera fase en las investigaciones contra el presidente, luego de que un grupo de empresarios aceptó que había hecho donaciones a la campaña de Morales que excedían los límites permitidos por la ley. Dos fuentes del MP dijeron a InSight Crime que las investigaciones han continuado en el mandato de María Consuelo Porras, la nueva fiscal, y que una segunda petición de antejuicio es posible.
Análisis de InSight Crime
Los encontronazos con CICIG y las gestiones para deshacerse de la comisión y de quienes la apoyan han marcado al gobierno de Jimmy Morales, quien ya trató de declarar non-grato a Iván Velásquez, el abogado colombiano que dirige CICIG, y de deshacerse del embajador sueco Anders Kompass, uno de los principales apoyos diplomáticos de la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Desde mediados de 2017, cuando Morales la nombró canciller, la ministra Sandra Jovel ha hecho del tema CICIG centro de su gestión. Su primer acto oficial fue, precisamente, firmar la declaratoria de non-grato contra Velásquez a petición del presidente. La Corte de Constitucionalidad desechó la acción luego de un recurso legal.
A partir de entonces, Jovel ha viajado en varias ocasiones a Washington y Nueva York, sede de Naciones Unidas, a cabildear por la salida de Velásquez y, de acuerdo con una fuente diplomática consultada en Washington y otra en Guatemala, a pedir la modificación del mandato de CICIG, aprobado la década pasada por el Congreso guatemalteco y que le permite realizar investigaciones y acompañar al MP en acusaciones ante los tribunales.
El caso Bitkov y la teoría de la conspiración rusa había caído como anillo al dedo a los intentos de Morales por deshacerse de la comisión que lo investiga. Pero este espaldarazo del Departamento de Estado a CICIG es, por el contrario, un revés para el presidente.
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Horas antes de la audiencia del miércoles en Washington el grupo de medios McClatchy publicó un artículo según el cual la administración de Donald Trump empieza a hacer movimientos internos para plantear el cambio de mandato de CICIG. McClatchy basa su informe en “tres fuentes cercanas a las discusiones”. La tesis de la nota es que el gobierno de Donald Trump quiere favorecer a Morales luego de que el presidente decidió, al igual que su homólogo estadounidense, cambiar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
Una vocera de la Casa Blanca, sin embargo, ha dicho algo distinto. “Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción e impunidad. Vemos que la CICIG es clave en esta lucha, y esta administración del presidente Donald Trump desea una Guatemala próspera y segura”, dijo Helen Aguirre Ferré, asesora especial del mandatario estadounidense, en una llamada con varios medios guatemaltecos, según reportó Prensa Libre.
El mismo 11 de julio, InSight Crime consultó en Washington a dos funcionarios legislativos que suelen ser nexos entre el Congreso y el Ejecutivo en temas relacionados con CICIG, sobre la posibilidad de cambios en el mandato de la comisión. Ambos dijeron que no es algo que se esté discutiendo. Uno de ellos recordó que el mandato de la comisión depende de Naciones Unidas y del Estado guatemalteco, aunque aceptó que Estados Unidos puede influir.
Si una nueva petición de antejuicio contra Morales por supuesto financiamiento ilícito avanza en Guatemala, y si además prosperan recientes señalamientos contra el presidente de supuestas agresiones sexuales contra una decena de mujeres, es previsible que sus intentos por minar las investigaciones en su contra y atacar a la CICIG sigan escalando.
En Washington, mientras tanto, la trama Bitkov parece empezar a desinflarse ahora que el Departamento de Estado le echó tierra. Los US$6 millones que Rubio insiste en bloquear, usando ese caso como excusa, sin embargo, siguen sin ser desembolsados.
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