En las últimas dos semanas, dos artículos periodísticos han vuelto a abordar la impunidad en la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. Uno revela los vínculos entre un socio del Cartel de Texis y el subdirector de Investigaciones de la PNC, el otro establece que buena parte del alto mando de la Policía obtuvo sus rangos pese a sus cuestionables títulos académicos, los cuales son requisitos escenciales para sus cargos. El director policial y el Ministro de Seguridad apenas y han dado explicaciones, pero no han tomado medidas. El presente artículo revela los antecedentes de dos oficiales que ocupan puestos importantes en los tribunales internos de la Policía.
De uno de ellos, el comisionado Godofredo Miranda Martínez, dijo un fiscal general que fue negligente a la hora de cuidar la escena en que yacía el cadáver de Katya Miranda, su sobrina de nueve años, violada y asesinada.
En ese momento, Miranda estaba siendo investigado por otro fiscal general bajo la sospecha de que tenía vínculos con la banda de narcotraficantes Los Perrones; una acusación a la que la unidad de investigación interna de la PNC le había hecho seguimiento desde 2009.
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En 2008, tras ocho años al frente de División Antinarcotráfico, un director policial lo había relegado a un puesto de menor importancia debido a las acusaciones.
En 2012 otro inspector general de la PNC, un juez cuyo título universitario actualmente está siendo cuestionado, desechó las investigaciones. Ese año, la carrera del oficial Miranda resucitó: hoy es el principal enlace de la PNC con los equipos antinarcotráfico del ejército salvadoreño y con la armada de Estados Unidos. También es presdiente del tribunal de ingresos y ascensos de la Policía, el cuerpo con más poder de decisión sobre el futuro de las carreras de agentes y oficiales.
Del otro oficial, el comisionado Óscar Hernández Aguilar, dice un informe de Hacienda de 2004, que recibía sobornos de contrabandistas y narcotraficantes del oriente de El Salvador desde finales de los años noventa. Un ministro de Seguridad tuvo que destituirlo en silencio de la agencia de inteligencia policial en 2008 por denuncias internas de corrupción. Regresó al Centro de Inteligencia Policial de la mano del general Francisco Ramón Salinas en 2012 y actualmente es miembro del tribunal disciplinario de la PNC.
Los pecados de Miranda
El 13 de diciembre de 2003, la policía de Costa Rica decomisó la primera carga de cocaína, 66 kilos, a Reynerio de Jesús Flores Lazo -líder de la banda Los Perrones, arrestado en 2009 y hoy condenado a 80 años de prisión por narcotráfico- de un camión en Liberia, al norte de Costa Rica. José Natividad Luna Pereira, Chepe Luna, a quien la DEA ya tenía fichado, también había invertido en ese cargamento. El 3 de febrero de 2004, más al sur, en Esparza, Puntarenas, las autoridades costarricenses interceptaron un segundo camión, cargado con 570 kilos de cocaína.
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Ya para entonces había en q Costa Rica una investigación que incluía a costarricenses, nicaraguenses y al salvadoreño. La Policía Judicial de Costa Rica había intervenido los teléfonos de narcotraficantes identificados como “Octavio”, “Waner”, “Venegas” y “Victoriano”. El 11 de marzo de 2004, Waner realizó una primera llamada a “Chaparro”, el alias de Reynerio en Nicaragua, para arreglar el traslado de un cargamento. Cuatro días después, el 15 de marzo, tras cuatro llamadas, Waner y Chaparro habían cerrado el trato.
Ese año, las autoridades costarricenses realizaron otros tres decomisos a camiones de Flores Lazo (188 kilos el 3 de abril, 219 kilos el 10 de septiembre y 1,1 toneladas el 27 de noviembre). A esas alturas, los costarricenses ya se habían comunicado con sus pares salvadoreños y habían compartido inteligencia con la DEA.
Toda esta información formaba parte del paquete que los estadounidenses llevaron al nivel más alto del recién inaugurado gobierno de Antonio Saca en 2004 y que provocó la creación de una mesa interinstitucional anti crimen organizado que intentó capturar a Chepe Luna, y que terminó fracasando en 2005 por filtraciones hechas a los narcos desde el más alto nivel de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
En 2008, en una serie de entrevistas, dos agentes de la Fiscalía salvadoreña, tres del Ministerio de Hacienda, uno de Seguridad y un funcionario de Casa Presidencial confirmaron que la División Antinarcotráfico de la PNC, dirigida por el subcomisionado Godofredo Miranda Martínez, había recibido todos los reportes de Costa Rica en 2004 y no hizo nada por investigar a los miembros del grupo que luego sería conocido como los Perrones, la organización narcotraficante más importante de El Salvador hasta esa fecha.
Años después, en 2008, algo muy parecido ocurrió cuando otra operación élite, esta vez comandada por la Fiscalía General y ejecutada por la DAN bajo el mando de Miranda, intentó capturar a Reynerio Flores Lazo. Agentes de la Fiscalía revelaron entonces que sospechaban, también, de filtraciones desde la Policía. A finales de ese año, el recién nombrado director general de la PNC, el comisionado José Luis Tobar Prieto, removió a Miranda de la DAN y lo exilió a un puesto menor: la jefatura departamental de Chalatenango. En julio de 2009, el fiscal general interino, Ástor Escalante, anunció que investigaba a Miranda por posibles vínculos con organizaciones narcotraficantes del oriente del país. En agosto de ese año, la PNC suspendió a Miranda de su cargo en Chalatenango.
El 21 de agosto, la Inspectoría General de la PNC abrió otra investigación en contra del subcomisionado por tener información sobre un grupo narcotraficante y no proceder a investigar el asunto. Tres días después, el 24 de agosto de 2009, La Prensa Gráfica reportó que la Inspectoría abrió un expediente contra Miranda por presunta negligencia en el cuidado de la escena del homicidio de su sobrina, en 1999.
El primer punto oscuro en la hoja de servicio de Miranda está escrito en un informe que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo en mayo de 2002 a propósito de la violación y asesinato de Katya. La PDDH señaló que Miranda descuidó la escena del crimen, ubicada a pocos metros del rancho familiar donde el policía y su familia veraneaban. La Procuraduría concluyó en su informe que la negligencia de Miranda, entonces segundo al mando de la División de Investigación Criminal (la DIC), condenó la recolección de pruebas que podrían haber sido esenciales para resolver el crimen.
“El actuar negligente de la Fiscalía y la Policía afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación del homicidio y violación de la menor Katya Miranda, dado que la inspección ocular en la escena del delito constituye un pilar fundamental de la investigación, por su carácter irreproducible y que en la misma se recaban las primeras evidencias tendientes a identificar al autor o autores del ilícito”, decía el reporte.
El fiscal general Romeo Barahona, por su parte, dijo entonces que Miranda, “tenía en aquel momento la responsabilidad moral y legal de custodiar la escena del delito y constatar el trabajo del equipo del Laboratorio”.
En noviembre de 2012, el entonces director de la PNC, el general Francisco Ramón Salinas, envió a Miranda a Panamá a un curso sobre crimen organizado transnacional y narcotráfico. Para finales de ese año, según constató una fuente policial en Washington, Miranda era el principal enlace antinarcóticos entre Estados Unidos y El Salvador.
Cachorro
A mediados de 2004, según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda que entonces investigaba movimientos financieros sospechosos en el oriente salvadoreño, la influencia del narcotraficante Chepe Luna iba mucho más allá de agentes locales. El informe declaró: “[El comisionado] Óscar [Hernández] Aguilar, alias Cachorro, permitió el crecimiento del contrabando de esos contrabandistas de oriente que luego se conocieron como Los Perrones. Él tenía trato directamente con las estructuras grandes y los de abajo”.
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Según el informe, Hernández sólo persiguió a los agentes más pequeños, quienes serían detenidos y puestos en libertad después de realizar unos pagos a la policía. Si los casos alguna vez llegaron a la corte y se confiscaron los bienes de contrabando, los contrabandistas pagarían a los jueces locales, tanto para obtener la libertad como la devolución de las mercancías. En ese momento, Hernández era el jefe de la División de Finanzas de la Policía. En 2010, el inspector interno de la PNC abrió un expediente en su contra por favorecer a Chepe Luna.
Óscar Hernández Aguilar es desde principios de 2012 el jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP), y más recientemente es miembro del tribunal disciplinario de la PNC. Por el CIP pasan las investigaciones más importantes sobre narcotráfico, crimen organizado y, en general, sobre las redes criminales más sofisticadas del país. Por el tribunal pasa la decisión sobre el futuro de todos los agentes y oficiales denunciados por faltas y delitos. Hernández es, pues, un hombre importante en la PNC. Y es también uno de los oficiales más cuestionados en El Salvador.
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